“Cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió que el presidente Nayib Bukele necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa para ejecutar su orden ejecutiva, de obligar a los salvadoreños a quedarse en casa, el presidente Bukele afirmó que esta no tenía la autoridad para decidir sobre el estado de emergencia”.
Este es un fragmento textual (traducido del inglés al español) de un documento que el Departamento de Estado de Estados Unidos dirige a ambas cámaras del Congreso del país, en el que se aprueban los fondos y se concreta la política exterior estadounidense. En este, expresa numerosas preocupaciones por la gestión del presidente Nayib Bukele, reseñó elsalvador.com.
El Diario de Hoy tuvo acceso a este reporte que certifica que El Salvador es sujeto de recibir cooperación de EEUU por cumplir ciertos criterios. Sin embargo, hace duros señalamientos al gobierno de Nayib Bukele por debilitar la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad.
Según este documento, desafiar públicamente una resolución judicial de la Sala de lo Constitucional, como se cita arriba, fue visto “como un esfuerzo por debilitar, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas”.
El gobierno de EEUU se suma a advertir que Bukele pone en peligro, con sus acciones y su retórica, la institucionalidad. Esto ha sido ya dicho por organizaciones locales, reconocidos medios internacionales como The Economist, el New York Times, el Washington Post o el Wall Street Journal; y prestigiosas instituciones globales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas.
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Esta es, sin embargo, la primera vez que Washington se pronuncia de manera contundente sobre el desdén por las reglas democráticas por parte del presidente Nayib Bukele.
Un trato cordial
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su embajador en El Salvador, Ronald Johnson, han mostrado un tono amigable con la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha visto a Washington como un poderoso aliado, a pesar de los signos de debilitamiento del estado de derecho y de los llamados a rectificar que han hecho numerosos legisladores estadounidenses, en su mayoría de la oposición.
Sin embargo, este documento del Departamento de Estado muestra que la administración Trump sí identifica posibles afrentas a la institucionalidad, así como una actitud de poca transparencia y desdén por la crítica.
Si bien el documento dice que la administración Bukele sí cumple requisitos para recibir cooperación de este país, no deja de resaltar aspectos preocupantes que Washington había mantenido en silencio sobre Bukele.
“Esfuerzos por silenciar a los medios”
Otro de los duros comentarios que el Departamento de Estado hace de la administración Bukele al Congreso es que “continúan los esfuerzos del gobierno para silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas si no apoyan la narrativa oficial” y que los “periodistas críticos del gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales aumentan por el trato que les da Bukele en las redes sociales”.
El gobierno estadounidense también critica el retiro de la pauta gubernamental a los medios que cuestionan a Bukele, y caracteriza esto como una “política para incidir en el contenido y dañar el saludable intercambio abierto de ideas que la libertad de prensa permite”.
Esto, sentencia, “no promueve la independencia de la prensa salvadoreña”.
En la misma línea de silencio a las críticas, la institución rectora de la política exterior de EEUU destaca que el presidente bloqueó de sus redes sociales “a una prestigiosa organización no gubernamental” por sus comentarios críticos hacia su abordaje de pandemia de COVID-19.
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En efecto, el 11 de abril Nayib Bukele bloqueó de Twitter, su principal medio de comunicación, a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco es uno de los principales críticos de la incipiente deriva autoritaria del mandatario salvadoreño.
Esto no fue ignorado por el gobierno de Estados Unidos, que considera que esto “refuerza la crítica de miembros de la sociedad civil de que el gobierno no promueve un transparente intercambio de visiones sobre sus políticas en torno al COVID-19”.
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