De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.
En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.
En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.
Este lunes, el tribunal dictaminó con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.
La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de «litera segura» en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.
Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.
CITGO decepcionado
El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.
«Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos», dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.
Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.
Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.
«A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO», señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses.
Según informantes internos, «Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia».
Reportes internos
Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza.
Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que «durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación». Asimismo, supuestamente «se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos».
