El jurado del juicio contra el banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad continuará con las deliberaciones este lunes, 16 de marzo, a pesar de que el sistema de cortes trabajará de manera restringida debido a la emergencia declarada en la ciudad de Nueva York ante el brote de coronavirus.
La jueza Alison Nathan instó a los jurados para que el proceso contra Sadr siguiera, advirtiendo que habrá cambios en la medida en que se produzcan nuevas decisiones del gobierno local por el estado de alarma decretado por las autoridades por el virus COVID-19.
Nathan dijo que en la corte se reducirá la entrada del público y que no habrá inicio de nuevos juicios hasta próximo aviso.
Ali Sard está acusado de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, relacionado con un proyecto de infraestructura del gobierno de Hugo Chávez entre 2006 y 2014.
De acuerdo con lo planteado por la fiscalía, el conglomerado Stratus Grupo, controlado por el padre de Sadr, Mohammad Sadr Hasheminejad, el acusado y su familia, incluye a la empresa Iranian International Housing Corp., que fue contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en el estado Zulia, en el marco de los acuerdos que firmaron el presidente venezolano Hugo Chávez y el de Irán, Mahmoud Ahmadinejad en 2006.
Foto cortesía Maibort Petit.
Sadr y otros conspiradores elaboraron un esquema que incluyó la creación de empresas fachadas para lavar el dinero proveniente de los pagos en dólares estadounidense que hizo PDVSA, los cuales fueron dirigidos a cuentas bancarias suizas, para lo cual se usó las compañías Clarity Trade & Finances con sede en Suiza y Stratus International Contract JS, de Turquía. El delito cometido —según los fiscales— es haber utilizando como bancos intermediarios a J.P. Morgan Chase y Citibank ubicados en Manhattan, Nueva York.
Sadr —quien estuvo envuelto en un escándalo de lavado de dinero con su banco Pilatus Bank, una entidad financiera de origen maltés que inició sus operaciones en enero de 2014 y al cual se le quitó la licencia en 2018— testificó que pensaba que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no aplicaban a las empresas privadas de iraníes que hacen negocios fuera de Irán, pero los fiscales rechazan ese argumento cuando sostienen que el dueño de la empresa que firmó el contrato con PDVSA es iraní y vive en Teherán, está relacionado con el gobierno de ese país y los beneficio, que fueron unos 115$ millones de dólares fueron para el conglomerado de Mohammad Sadr Hasheminejad quien también es acusado en este caso.
Las acusaciones señalan que los pagos provenientes del contrato con Venezuela de $ 476 millones para construir inicialmente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela, violaron las sanciones. Sadr dijo»Mi estado mental era que este proyecto tenía 8,000 millas lejos de Irán, no tenía nada que ver con Irán».
Según Sadr, él creía que las sanciones estadounidenses se aplicaban al gobierno de Irán, a los grupos militares afiliado con el estado iraní y las personas designadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros como en la lista de nacionales designados y personas bloqueadas.
Sadr dijo que ni él ni ningún miembro de su familia o las empresas con las que estuvo involucrado alguna vez fueron designados por la OFAC como los llamados SDN. Pero los fiscales lo desmintieron al informarle al jurado que el banco de su padre, y en el cual, Sard trabajaba, EN Bank fue sancionado en 2012 por la OFAC, al igual que la empresa de petróleo de su padre.
El acusado describió cómo en 2010 se dio cuenta de la Sanciones integrales de Irán, responsabilidad y Ley de desinversión, promulgada por el presidente Barack Obama, que, entre otras cosas, permitió sancionar a las empresas que hacen negocios en el sector energético de Irán. La ley cita la necesidad de presionar al gobierno iraní, y el IRGC, en Irán para que paren el presunto desarrollo nuclear y apoyo al terrorismo internacional.
Los fiscales dicen que los Sadrs escondieron a sus conexiones cuando se configuran empresas en Suiza y Turquía, utilizando unas nacionalidades que compraron en la isla caribeña de San Cristóbal y Nevis, por $ 250 mil y para las cuales usaron una dirección en Dubai. Las mismas técnicas fueron usadas para configurar cuentas bancarias suizas en Hyposwiss Private bank AG.
Sadr asegura que su país de origen aparece en su pasaporte de San Cristóbal y Nevis y que le había dado la información al personal de Hyposwiss Private bank AG cuando informó los detalles del proyecto de viviendas en Venezuela.
Los miembros del jurado han visto correos electrónicos y otros documentos en que Sadr y otros discuten sobre cambiar el nombre a la empresa contratada por PDVSA, Iranian International Housing Co. IIHC para omitir cualquier referencia a Irán. Los fiscales aseguran que fue parte del esfuerzo de Sadr y su familia para ocultar la participación de Irán o parías iraníes en el acuerdo con Venezuela.
Sadr explicó que el banco suizo le informó que iba haber un problema potencial con el nombre Iranian International Housing Housing Corp., que sonaba como una empresa respaldada por el estado iraní.
«Me dieron muchos ejemplos de por qué estaban un poco asustados de que este nombre que se asemeja al gobierno iraní y le aseguré la IIHC nada tiene que ver con el gobierno pues una empresa que mi papá lo posee», dijo Sadr.
«Es solo una línea roja para los bancos, no quieren tratar con el gobierno iraní, no quieren estar asociado con el gobierno iraní», sostuvo el acusado.
Sadr argumentó que un empleado de Hyposwiss sugirió que usar el nombre abreviado IIHC podría ser un buen idea.
Sadr sostuvo que el personal del banco estaba preocupado de que en ausencia de un cambio de nombre, Hyposwiss sería recibir cientos de documentos en conexión con el proyecto de Venezuela con la palabra Irán todo sobre ellos, y no querían asociarse con el gobierno de Irán, incluso por error.
Entre otras cosas declaradas por Sadr, dijo que se había casado dos veces, que tiene dos hijos, (uno de 4 y otro de 1 año y medio), ratificó que su madre vive en Washington DC, y dos hermanas Pegah es arquitecto y Negarin que es diseñadora de modas y viven en California.
Asimismo, Sadr confesó que su padre vivía en Teherán en un apartamento de 1000 pies y que su padre supuestamente había sido torturado, que estuvo preso por oponerse al régimen iraní, y que había ayudado a reconstruir el país luego de la guerra con Irak en los años 80.
Sostuvo que la reconstrucción de Irán necesitó de los mejores talentos de ingenieros y técnicos. Comentó que fue marcado cuando su madre lo llevó a ver a su padre a la cárcel, donde fue torturado.
Comentó que ha cuando tenía 16 años lo arrestaron por participar en una marcha estudiantil contra el régimen y lo torturaron física y emocionalmente.
Cuando Sadr hablaba intentaba quebrar la voz para mostrar dolor.
Sobre su situación migratoria en 2000, dijo entró con visa de turista y luego la cambio por una F1 para estudiar. Posteriormente, pidió asilo basado en las protestas en 1999. Aseguró que tuvo problema con su abogado de inmigración y que se se le revocó el asilo en 2010. Alegó que tenía una grave situación económica y que como plan B, (porque no quería irse a Irán) se hizo ciudadano en San Cristóbal y Nieves «porque era rápido».
Luego se casó con una ciudadana estadounidense, aplicó a la Green Card, y al poco tiempo se divorció.
Comentó que en el pasaporte de San Cristóbal y Nieves dice que nació en Teherán, Irán no acepta que se renuncie a la ciudadanía. Se mudó a Dubai, y aplicó a la residencia de Turquía.
Admitió que regresó a Irán para visitar a su padre porque fue diagnosticado de cáncer en noviembre de 2010. y aunque no podía estar seguro 100 % de viajar a Irán pero lo hizo por amor a su progenitor.
Regresó a Irán con la advertencia de no meterse más con el gobierno, empezó a trabajar con el proyecto Venezuela a través de la empresa IIHC que nunca perteneció al gobierno.
Aclaró que su padre no apoyó a la IRGC ni al régimen de Irán.
Sadr viajó 12 y 15 veces a Venezuela.
