Era la quinta audiencia del juicio. Los diligentes abogados de Ali Sadr Hasheminejad estaban organizados para empezar la jornada. Los fiscales federales dispusieron a dos testigos para el día que representaban a los dos bancos víctimas del esquema de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, cargos por los cuales es procesado el millonario empresario, cuyo padre es el dueño de un gran emporio de empresas de construcción e infraestructura, Stratus International Group Holding, que -según la fiscalía y los testigos- ha recibido contratos millonarios para la reconstrucción de la infraestructura de Irán, desde que concluyó a la guerra con Irak.
Ali Sadr Hasheminejad y su familia trabajaron para el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a través de la empresa Iranian International Housing Co., ejecutando un contrato para supuestamente construir 12 mil viviendas financiadas por PDVSA a través de Ducolsa.
El proyecto formó parte de los acuerdos firmados por la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa de los Sadr, IIHC, para lo cual previeron un presupuesto de US.475,734,000,00.
Por años todo el proceso se desarrolló ‘sin inconvenientes’ con la justicia, hasta que en 2013 y 2014, un error en unas órdenes de pago que PDVSA envió a sus bancos en Nueva York, JP Morgan Chase y Citibank, en las cuales colocaron el nombre de la empresa como beneficiaria [Iranian International Housing Company (IIHC)] .
La palabra «iranian» prendió las alarmas y las transacciones fueron bloqueadas y reportadas por los bancos a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC), a la unidad que se encarga de investigar las violaciones de las sanciones estadounidenses. ‘Las palabras «Irán» o «iranian» son tóxicas’, dijo la defensa y por ello, Ali Sadr registró empresas en otros países, compró la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (junto con su padre y hermanas), y abrió cuentas en un banco suizo. Todas éstas acciones le permitirían obviar las alertas de las autoridades y escapar de las sanciones que por 40 años EE.UU. ha impuesto contra Irán, buscando que haya un cambio de conducta en el régimen encabezado por el líder Supremo, el ayatolá, Alí Jamenei.
Imagen cortesía Maibort Petit.
Entre las cientos de comunicaciones que los fiscales mostraron al jurado a lo largo de la jornada —con el objetivo de demostrar, más allá de la duda razonable que Ali Sadr es culpable de los seis cargos que se le imputan— nos llamó la atención que en varios de los correos enviados en julio de 2010, se menciona —en varias oportunidades— al millonario argentino Diego Marynberg —señalado de ser uno de los hombres que ayuda al régimen de Maduro a mover capitales por el mundo— y las empresas Mercantil Valores Uruguay, Pinnacle Investment SA de Venezuela y Finanzas S.A. de Suiza.
Debido a los problemas que tenían con la empresa que aparecía originalmente en el contrato con los regímenes de Irán y Venezuela era Iranian International Housing Company (IIHC) —y la palabra Iranian es objeto de alarmas a las autoridades financieras— Ali Sadr y su padre Mohammad Sadr Hasheminejad decidieron registrar dos firmas para sacudirse ese problema: Straturk International JS en Istambul, Turquía y Clarity Trade en Suiza. ¡Asunto arreglado!
Asimismo, los Sadr abrieron una cuenta en el banco helvético Hyposwiss Private Bank AG. para lo cual, padre e hijo usaron los pasaportes que compraron en la isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves y una dirección de residencia en Dubai. Con esos ‘elementos’ desaparecían los problemas con las autoridades estadounidenses, y ponían fin a los miedos que había generado en el acusado y a su familia la posibilidad que fueran a ser enjuiciados por mover el dinero a través del sistema financiero norteamericano, rompiendo las reglas establecidas desde 1979 y reforzadas por varias órdenes ejecutivas hasta la actualidad.
Fiscales pueden concluir con la presentación de testigos
Este lunes, 9 de marzo, se espera que la Fiscalía de los Estados Unidos concluya con la lista de testigos para probar el caso contra Ali Sadr Hasheminejad.
El domingo 8 de marzo, la fiscalía sometió a consideración de la corte varias mociones que buscan excluir a dos testigos expertos que la defensa de Hasheminejad propuso para ser presentados al jurado el martes. La fiscalía sostiene que uno de los candidatos a testificar es Trita Parsi, ex presidente y fundador del National Iranian American Council, una organización sin fines de lucro «dedicada a fortalecer la voz de los estadounidenses iraníes y promover una mayor comprensión entre el pueblo estadounidense e iraní».
Los fiscales sostiene que Parsi no cumple con los requerimientos de la ley para ser testigo y por tanto carece de legitimidad para discutir el concepto de «eliminación del riesgo».
Los documentos de la fiscalía señalan que Parsi «nunca ha trabajado para un banco o en cumplimiento bancario, ni había publicado ningún artículo ni llevado a cabo ningún estudio científico sobre cómo eliminar riesgos».
La defensa de Sadr Hasheminejad asegura que la supuesta experiencia de Parsi en «eliminar riesgos» viene de la experiencia que éste ha acumulado durante los años en los que ha participado en discusiones personales con iraníes-estadounidenses.
Los fiscales aseguran que Parsi sólo puede referirse a un asunto técnico que requiere conocimiento basándose en sus anécdotas, lo cual obviamente le resta veracidad, y es contrario a lo que establecen las leyes para calificar a alguien de experto.
Otro de los testigos de la defensa que fue rechazado por la fiscalía es el abogado del bufete Crowell Moring, Robert Burns, ya que de acuerdo al gobierno Burn nunca ha trabajado en bancos, o en departamentos de cumplimiento bancario, y no cumple con los requisitos para calificar como experto en «reducción de riesgos» de acuerdo a las normas de la corte.
Evidencias que generan problemas
En la audiencia de este lunes 9 de marzo se discutirán los problemas que han surgido con una evidencia presentada por la fiscalía, y que no formaba parte del material 3500 que los acusadores deben entregar a la defensa antes de juicio. Se trata de la pieza marcada como GX 411 que corresponde a una comunicación sobre una divulgación voluntaria que el Banco-1 realizó a OFAC después de liquidar un pago de una entidad afiliada con PDVSA en Venezuela a favor de Stratus International Contracting, que fue una de los entidades usadas por Ali Sadr para recibir los pagos en nombre del IIHC. El correo tiene fecha del 16 de junio de 2011 y en banco señala que había procesado el Pago el 4 de abril de 2011, pero que lo marcó como posible lavado de dinero después de las acciones ocurridas, el 20 de abril de 2011.
El banco había alertado que luego se una investigación se supo que “Stratus se fundó en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un Proyecto de Desarrollo de Viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 «Nuevo Ojeda» en Venezuela».
Asimismo, se reveló en la comunicación de la fiscalía que el 12 de mayo de 2011, el Banco-1 recibió una respuesta a su consulta al banco remitente, indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus se encuentra en Turquía, está registrada en Turquía, se encuentra en construcción, entre otros lugares, Venezuela, y el pago fue por la «construcción de un proyecto de 7000 unidades de apartamentos» en Venezuela. Bank-1 concluyó que «Aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indica ninguna participación directa de Irán o con Irán, debido a la información contradictoria entre el sitio web y la respuesta enviada por el banco en Caracas, considera apropiado compartir esta información con OFAC ya que Stratus puede ser una compañía iraní.
La discusión sobre este tema, que es clave en el caso se dará durante la audiencia de hoy.
