En el tercer día del juicio contra Ali Sadr Hasheminejad se continúo con el interrogatorio de quien fuera uno de los principales ejecutivos de Stratus International Holding Group, Farshid Kazerani, un ciudadano iraní que reside en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Kazerani fue obligado a testificar contra Sadr por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recibió una orden de la Corte del Distrito Sur de Nueva York luego de los trámites hechos por los fiscales federales. Durante su testimonio— hecho en farsi— el hombre explicó cómo llegó a trabajar en la empresa del padre de Ali Sadr, Mohammad Sadr Hasheminejad por 21 años y aclaró que nunca tuvo problemas con sus antiguos empleadores y que por ley estaba obligado a contar frente al jurado su experiencia laboral con el acusado y con el conglomerado de sus empresas.
Kazerani dijo que conoció el proyecto de viviendas del gobierno de Venezuela en 2009. Inicialmente, era para construir una ciudad con 7 mil residenciales a través de la empresa del emporio Sadr, Iranian International Housing Company (IIHC) que tenía un acuerdo con el gobierno de la República Islámica de Irán y con la administración de Hugo Chávez Frías. Al plan original se e agregaron 5 mil unidades adicionales que sumaban un total 12 mil residencias. El testigo dijo que él trabajaba desde Teherán para Stratus International Holding Group que es el emporio que abarca todas las empresas de la familia Sadr Hasheminejad.
Un enorme volumen de evidencias
Durante la jornada se mostraron varios correos electrónicos que dejaban claro que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad ejercía funciones en el llamado Proyecto Venezuela. Uno de los correos —relativo a una reunión que hubo el 2 de mayo de 2009— daba detalles del sistema de financiamiento que se requería para ejecutar el ambicioso proyecto que contaba con el apoyo del principal banco del gobierno de Irán. El tema fue discutido por el consejo directivo que inicialmente era de 7 miembros y luego pasó a tener 9, incluyendo a Ali Sadr.
Se lee en las comunicaciones que la presentación del proyecto incluyó una ceremonia con el presidente venezolano Hugo Chávez y el iraní, Mahmoud Ahmadinejad en Caracas en el cual se daría a conocer el terreno.
La fiscalía insistió en preguntar sí el acusado, Ali Sadr, y su padre, Mohammad Sadr Hasheminejad habían sido perseguidos por el gobierno de Ahmadinejad, a lo cual el testigo dijo «no» repetidamente. El hombre aclaró que las empresas de esa familia hicieron muchos proyectos gubernamentales de infraestructura, y que el grupo Stratus pasó a ser cliente del gobierno iraní.
Comentó que el proyecto de construcción de Nueva ciudad Ojeda en la Costa Oriental del Lago fue patrocinado y presentado por el mismo presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien —personalmente— diligenciaba con su homólogo Hugo Chávez, los problemas en el proceso de ejecución del mismo o el tema logística.
Fashid Kazerani se refirió que en un período de desarrollo del proyecto, recibió una comunicación que le informaba que el gobierno de Venezuela no tenía suficientes fondos para pagar las facturas pendientes de IIHC por el trabajo que había realizado hasta la fecha, debido entre otras cosas al cambio de autoridades en Venezuela ocurrido en 2013. Entonces el grupo empresarial evaluó la decisión de suspender el proyecto porque pensaban que los problemas no se podían resolver, y que el proyecto se iba a retrasar. Fue entonces cuando ocurrió una reunión en Teherán donde se revisó el contrato y se hizo un addendum.
Dijo el testigo que algunos de los pagos debían hacerse en bolívares, que es una moneda débil cuyo valor se deteriora a diario. «Venezuela había previsto pagar en dólares en la primera instancia de la firma del contrato, pero las circunstancias cambiaron». Sostuvo que para la época los abogados de Stratus International Contracting Company —empresa del mismo grupo desarrollador— estaban preocupados constantemente por el tema de la violación de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Irán. Ante este obstáculo se planteó cambiar el nombre a la empresa para borrar la palabra «Irán» del proyecto, de los documentos, del contrato.
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