Dos casos vinculantes, uno en la Florida y otro en Washington DC, en los cuales víctimas de las FARC buscan cobrar la compensación que les otorgaron por separado los tribunales federales apuntan a cobrar sus sentencias con los activos congelados por el gobierno de EE. UU. a Samark López Bello, quien busca a toda costa revertir la orden judicial en su contra. El demandado asegura que no tiene ningún vínculo con el grupo guerrillero, ni existen evidencias que lo confirmen los argumentos de los demandantes.
Las víctimas de las FARC en 1996, a favor de quienes un tribunal de EE. UU. falló otorgándoles USD 69 millones, demandaron a Samark López y su empresa Yakima Trading Corporation, para cobrar la compensación, dice un memorando de una jueza de un tribunal federal de Washington DC.
En 1996, Frank Thomas Pescatore, Jr., fue secuestrado y asesinado en Colombia por las FARC. En 2008, la familia de este demandó al grupo terrorista y a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad”, bajo la Ley Antiterrorista de EE. UU. En 2011, un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.
Para materializar la sentencia de dinero, los Pescatore interpusieron en 2018 un recurso contra los activos de López Bello, calificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), como Traficante de Narcóticos Especialmente Designado (SDNT).
El caso se procesa en la Corte del Distrito de Columbia. Pero hay una demanda similar que cursa en la Florida (Caso Stancel), donde hubo un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano.
El caso Stancel corresponde a cuatro contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en Colombia en febrero de 2003, y liberados cinco años después. Un fallo de 2010 de un juez federal de Florida los reconoció formalmente como víctimas del grupo rebelde bajo la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo (TRIA). La decisión les otorga el derecho a ser compensados mediante la incautación de cualquier propiedad confiscada a las FARC. En el caso Stancel las víctimas aspiran a una compensación de más de $ 318 millones.
En 2018 apuntaron hacia Samark López tras haber sido designado por la OFAC. En septiembre de 2019, los demandantes del caso Stansell, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”. De hecho, el juez de la Florida autorizó la venta de varios activos de López incluyendo dos yates. Estas acciones allanaron el camino al caso Pescatore.
A raíz del fallo en Florida, los abogados de López Bello apelaron la decisión del tribunal de primer circuito argumentando que “no hay evidencia suficiente para demostrar que fue (es) un agente o un instrumento de las FARC”.
En julio de 2019, López detuvo el proceso en Washington DC, hasta que se produjera la decisión del juez de Florida. El caso Pescatore se reactivó cuando el tribunal de Miami falló contra López, quien integra la lista de los delincuentes más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
El 4 de noviembre de 2019, la jueza Rosemary M. Collyer, del Distrito de Columbia, levantó la suspensión del caso solicitada por el demandando y advirtió que por el interés de la justicia no se admitiría que López litigue el mismo asunto por el cual la corte de la Florida falló en su contra, ante la corte de Washington DC.
López apeló la decisión del juez de primer circuito de la Florida argumentando defectos de procedimiento. Los documentos federales revelan que López pretende paralizar la demanda en Columbia hasta que se decida la apelación. No obstante, la jueza Collyer sostuvo — en una orden dada a conocer esta semana — que no es suficiente que López haya apelado y agregó que “los tribunales de distrito tienen amplia discreción para suspender o proseguir los procedimientos en una acción pendiente de una resolución”.
López argumentó que el tribunal de Florida “carecía de jurisdicción y decidió incorrectamente”, pero la magistrada de la corte de Washington DC lo rebatió y recomendó adoptar la Orden Stansell v. FARC para el caso Percatore.
Por su parte, los Pescatore sostienen que el tribunal está obligado — por el caso Stansell — a ejecutar los activos de López. Este caso se fundamenta en la ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo (TRIA) que permite satisfacer las sentencias de dinero contra los “activos bloqueados” de los “agentes o instrumentos vinculados a las FARC”. Los activos se bloquean cuando la OFAC califica a sus propietarios como SDNT, y un tribunal tiene que determinarlo para luego ordenar ir por los activos del demandado.
En la orden de la jueza Collyer se destaca que al inicio del proceso Pescatore, no se había nombrado a López Bello y a Yakima. Fue sólo en 2017,cuando se produjo la designación de López de la OFAC, que se inició la vinculación que fue interpuesta en el tribunal de Washington DC en 2018.
El 20 de mayo de 2019, Collyer permitió a López intervenir en el caso y presentar mociones para suspender la ejecución de la sentencia. En esa ocasión, López dijo que los demandantes nunca le notificaron de la acción antes de presentar su moción para hacerla cumplir y que ni él ni Yakima fueron nombrados como acusados originales en la demanda subyacente, no fueron notificados de esa acción original y nunca pudieron rebatir las acusaciones. Sostuvo que la OFAC no estableció ninguna relación entre él y las FARC, grupo al que no mencionan ni una sola vez.
El 20 de noviembre de 2018, los abogados de los Pescatore solicitaron a los bancos UBS Financial Services; Morgan Stanley Smith Barney, LLC; Safra National Bank of New York, Wells Fargo Bank N.A. y American Express National Bank información de los recursos de Samark López y Yakima.
Las respuestas a los cuestionarios están selladas a petición de los bancos. Sólo se hizo pública una carta de Morgan Stanley donde refirió dos cuentas, una de Yakima con USD 10.134.618, y una de Samark López Bello con USD 1.248.599,74, saldos hasta el 20 de diciembre de 2018.
Los abogados de López informaron que apelarán la decisión de la Jueza Collyer y que lucharán por los derechos de su cliente ante todas las instancias de la justicia estadounidense.
