Varios grupos legales en Massachusetts actualmente solicitan al Departamento de Policía de Boston la suspensión de una controvertida prueba de drogas para el cabello que, según ellos, ha arrojado falsos positivos a los oficiales negros y le ha costado a la ciudad millones de dólares en honorarios legales.
Las solicitudes de estos grupos aseguran que el Departamento de Policía gastó más de $2.1 millones en honorarios legales, asociados al litigio de la prueba de cabello hasta marzo del presente año.
Una prueba en la que la ciudad corta una muestra de cabello a los oficiales para luego enviarla a una compañía en Acton y verificar si el solicitante, ha consumido o consume algún tipo de estupefaciente. El mes pasado, citando las deficiencias en la prueba, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la ciudad y se puso del lado de un solicitante de empleo que había sido rechazado tras salir positivo en la prueba de drogas para el cabello.
Para hacer frente a la denuncia de Lawyers for Civil Rights, la Massachusetts Association Minority Law Enforcement Officers, la Boston Society of Vulcans, la Massachusetts Employment Lawyers Association, ACLU of Massachusetts y el Massachusetts Law Reform Institute, la ciudad está demandando a la compañía que realiza la prueba y así intentar recuperar el dinero que ha desembolsado para defenderse en los tribunales. Sin embargo, la policía de Boston sigue utilizando la misma prueba para el ingreso de los nuevos oficiales, lo que termina por confundir a estas organizaciones acerca de cuál es la posición que tomara el cuerpo policial ante tal denuncia.
Estas fallas en las pruebas han sido reconocidas por la propia ciudad y establecidas en numerosos tribunales:
El SJC, en la sentencia del mes pasado, consideró que la prueba “es propensa a producir falsos positivos”. Boston Police Department v. Civil Service Commission, SJC-12653, slip op. at 10 (Oct. 30, 2019). Aunque la prueba puede identificar la presencia de una droga en una muestra de cabello, “no puede determinar la forma en que la droga se incorporó al folículo piloso”.
Como también señaló el SJC, esta “incertidumbre que rodea a la contaminación ambiental es aún más confusa” por la evidencia de que las tasas de incorporación varían según el color del cabello y la etnia. Id. a las 12 n.14 (citando estudios de tasas de contaminación diferencial sobre “cabello de diferente color (por ejemplo, claro, oscuro) y origen étnico (por ejemplo, caucásico, afroamericano)”).
De hecho, como la Corte de Apelaciones del Primer Circuito sostuvo en 2014, la prueba recae más en los oficiales negros: “El diferencial entre los resultados positivos de las pruebas de los empleados blancos y negros fue estadísticamente significativo”. Jones v. City of Boston, 752 F.3d 38, 47 (1st Cir. 2014).
Y en una acción de indemnización sin éxito contra Psychemedics el año pasado, la ciudad describió las pruebas de cabello realizadas como “conducta negligente e ilícita…..”. Psychemedics Corp. v. City of Boston, Suffolk Sup. Ct 17-2494-BLS1, Reconvención de la Ciudad de Boston 49 (extractos adjuntos). La ciudad culpó a Psychemedics por su régimen de pruebas, señalando correctamente que “no hay estándares universales de la industria que controlen el rendimiento de las pruebas de cabello” y que “no hay puntos de referencia uniformes para interpretar los resultados de las pruebas de cabello”. Id.
Con información de Masslive y Boston Globe
