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El gobierno de Donald Trump aumentó las responsabilidades económicas a las que se enfrentan los “patrocinadores”, que son los ciudadanos o residentes en Estados Unidos que se comprometan a apoyar financieramente a un extranjero que solicita ayuda pública a dicho país.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado viernes el documento en el que se amplían las obligaciones para los familiares que patrocinen a inmigrantes.

Donald Trump lanzó en mayo un memorando en el que ordenaba a sus funcionarios a aplicar completamente las restricciones establecidas por la ley actual sobre el uso de programas de asistencia social con base a los ingresos por parte de no ciudadanos.

La ley, de más de 23 años de antigüedad, obliga a los familiares de inmigrantes que pidan ayudas públicas a rembolsar al gobierno el costo que haya supuesto dicha prestación.

Trump pidió a las agencias que regulan beneficios de asistencia que elaboren y emitan recomendaciones y orientaciones “para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador”.

Para “cumplir con su compromiso de conformidad a la ley”, el familiar tendrá que firmar una Declaración Jurada de Apoyo (Affidavit of Support) en la que se responsabiliza a respaldar económicamente al inmigrante al que ayuda.

“Al enviar esta declaración jurada o un contrato entre el patrocinador y el familiar, usted acepta usar sus recursos para apoyar a los inmigrantes nombrados en los formularios y para reembolsar el costo de cualquier servicio público con recursos del gobierno mientras su obligación esté vigente”, aclara el formulario que debe firmar.

La obligación, especifica el documento, “se extiende durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano“.

Según publicó el medio El Diario, la USCIS aseguró a los inmigrantes que pueden no ser elegibles para algunos beneficios públicos como Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para familias necesitadas. “Si no reembolsa a la agencia que otorgó la asistencia, -advierte la nueva regla- la agencia puede obtener una orden judicial de reembolso”.

Por ElSalvador.com

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