Cuando el pasado 24 de noviembre de 2016 se firmó en Colombia un acuerdo de paz entre el Gobierno encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), mucho se decía. Como en todo proceso de negociación, -el cual fue avalado por el Reino de Noruega-, ambas partes, se sintieron ganadoras y luego de un plebiscito, amparadas por una sociedad que creció durante 50 años, con la herida y los daños de la guerrilla.
En el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se estableció que más de 13 mil combatientes irregulares regresarían a la vida civil y con ello se esperaba tranquilidad en las zonas de conflicto, además de permitir que las FARC, se convirtiera en partido político y tuviese representación en el Congreso.
La fundación Paz y Reconciliación, (Pares), registra que luego de dos años de firmarse este acuerdo, hay regiones en las cuales los homicidios se han incrementado y el acecho de los cultivos ilícitos, ha desatado guerra entre criminales ¿Dónde ha estado el gobierno colombiano? Segúnel Ph.D en Ciencias Política de la Universidad de Oxford, Juan Carlos Ruiz, hay regiones abandonadas por las FARC donde aún no ha llegado el gobierno.
Ruiz, quien también es experto en seguridad pública, considera que en estas regiones desasistidas por el gobierno del presidente Iván Duque, no se ha logrado combatir la economía ilegal, un reto que tienen las autoridades neogranadinas.
De acuerdo a datos del oficiales, de los mil 122 municipios que tiene el país, las FARC tuvo presencia en 242 durante la última década de existencia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), operaba en 99. Paz y Reconciliación (Pares) tomó 281 municipios de muestra para analizar un posible resultado luego de dos años de la firma del acuerdo de paz y consideró que el gobierno colombiano no ha sido capaz de copar los territorios abandonados por la guerrilla.
El exrepresentante de la Cámara por Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, consideró, tras una entrevista exclusiva para El Tiempo Latino, que el balance que se pudiera tener de este acuerdo firmado en noviembre de 2016 es agridulce, por los retos que existen en el futuro y las circunstancias difíciles de superar.
“Hay beneficios como la desmovilización de 12 mil personas, pero también hay un legado complicado de gestionar desde el punto de vista institucional”, dice Uribe Rueda, al alegar que uno de los ejemplos pasa por la Jurisdicción especial para la paz, mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a los integrantes de las FARC.
Para el exrepresentante bogotano, son muchos los retos que tiene este acuerdo y a su juicio, es necesario pensar en que es más difícil el acuerdo hacia el futuro que lo que se ha concretado hasta ahora. “Firmar el acuerdo era más fácil que implementarlo porque hay que superar retos históricos con ausencia de ejecución y falta de presencia estatal en Colombia”.
Expansión de guerrilla
Venezuela, país que comparte unos dos mil 219 kilómetros de frontera con Colombia, parece estar minado de grupos paramilitares. “El territorio venezolano es la cuna de los guerrilleros”, dice Franklyn Duarte, un diputado de la Asamblea Nacional que representa al estado Táchira, fronterizo con el país neogranadino. Un temor de quienes buscan el fin de la guerrilla de los paramilitares, es que se extiendan por la región luego de este acuerdo de paz.
El legislador Duarte también considera que la desmovilización de los guerrilleros en Colombia, los trasladó hasta Venezuela, donde se instaura una dictadura por parte de Nicolás Maduro y se denuncia el apoyo de su régimen a líderes de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich, este último buscado por el Gobierno de Iván Duque, al ser acusado de cometer delitos de narcotráfico después de haber firmado la paz. Colombia ofrece tres mil millones de pesos por él, mientras que Estados Unidos busca extradición.
“En Venezuela están resguardados, escoltados y viven tranquilos… mejor que la población que clama libertad”, sostiene Duarte.
El presidente encargado del país y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también salió al paso y sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro pierde soberanía al entregar el territorio a irregulares que asesinan a los venezolanos. Desde el pasado sábado 27 hasta el 31 de julio, asesinaron a al menos tres personas en Táchira y estos mismos grupos paramilitares impusieron toque de queda en la entidad.
Acuerdo en la mira
En los 281 municipios evaluados por Pares, hay estudio de asesinatos. En 2016, cuando se firmó el acuerdo, había tres mil 147 homicidios, en 2017 aumentó a tres mil 382 y aunque en 2018 hubo una disminución, aún es significativa y obliga al Gobierno colombiano a atender estas zonas, donde en ese año, tres mil 68 personas fueron asesinadas por extrañas circunstancias.
El acuerdo está firmado. Al momento las partes se sintieron ganadoras, pero pasan los años y la impunidad más la desatención parecen reinar en una sociedad colombiana que solo busca el fin de la guerrilla… el cese al fuego.
