La solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, acusado de varios delitos de corrupción por el supuesto desvío de $351 millones durante su gestión, ya está en la Embajada de El Salvador en Nicaragua, a la espera de que la sede diplomática le de trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país.
Los magistrados reunidos en Corte Plena por unanimidad, votaron el 21 de marzo a favor de pedir al gobierno de Nicaragua la extradición del Funes, sobre quien pesan cuatro ordenes de captura.
La solicitud abarca a Ada Mitchell Guzmán, compañera de vida de Funes; así como a sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
El magistrado Oscar Alberto López Jerez afirmó que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador remitió la solicitud de extradición de Funes a Cancillería (el martes anterior), a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
López Jerez estima que la Embajada de El Salvador en Managua le dará trámite la próxima semana ante Cancillería de aquel país, para luego hacer llegar el documento a la Corte Suprema de Justicia nicaragüense.
El tiempo que tardará la Corte de Nicaragua en resolver es incierto pues dependerá de su ritmo de trabajo. “Allá la Corte indicará qué opina, como ve la solicitud y emitirá su resolución. Ellos harían lo mismo que nosotros hicimos”, explicó el magistrado.
Agregó que la Corte salvadoreña le dio celeridad al trámite porque había que sacarlo pronto. “Ya si ellos se atrasan es problema de ellos, lo que ellos emitan o resuelvan será su decisión y su soberanía. Verán si tenemos la razón, si hay obstáculos o no”, manifestó López Jerez, en llamada telefónica.
A juicio del magistrado salvadoreño no existe obstáculo para que entreguen al expresidente a las autoridades salvadoreñas, basado en los convenios internacionales de extradición y la legislación nacional. “Ellos pueden agarrarse de cualquier cosas para decir que no lo mandamos, y nosotros no los podemos obligar ni constreñir a que acaten nuestra solicitud porque no es orden”, advirtió López Jerez.
Pero con las garantías que ofrece el proceso judicial salvadoreño, el magistrado sostuvo, que no encuentra ninguna justificación para que sus homólogos allá en Nicaragua se nieguen a conceder la petición de extraditarlo, de expulsarlo de ese país.
El mandatario, prófugo y asilado en Nicaragua junto a su familia desde septiembre de 2016, es acusado por las autoridades salvadoreñas de los delitos de peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones ilícitas tras haber supuestamente desviado $351 millones de las arcas del Estado durante su gestión (2009 – 2014).
En junio de 2017, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó la primera orden de detención provisional en contra del primer presidente del partido FMLN.
A finales de septiembre del año pasado, el Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, remitió a la Corte la solicitud de extradición. La solicitud llegó a manos de la Corte Suprema en octubre pasado y esta inició la discusión en diciembre.
Funes ha acumulado cinco procesos penales y una condena civil -junto a su hijo Diego Roberto- por enriquecimiento ilícito y además les ordenó devolver al Estado $419,000, como fruto de investigaciones fiscales que terminaron en la Operación Saqueo Público y la Operación Corruptela, en la que se le relaciona además con sobornos al exfiscal general, Luis Martínez.
Por ElSalvador.com
