El diálogo entre Daniel Ortega, primer mandatario de Nicaragua, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia toma forma pese a la desconfianza de la oposición al régimen. Esta semana quedó fijada una “hoja de ruta de la negociación” con 16 puntos acordados entre ambas partes, en un inicio de las conversaciones marcado por el hermetismo y la falta de representatividad de sectores de la sociedad, como lo denunció Fernando Sánchez fundador y presidente de la ONG Liderazgo Juvenil Nicaragüense (LJN).
Luego de cinco sesiones, se aprobó la hoja de ruta con la premisa del consenso para lograr acuerdos y buscar soluciones a la crisis sociopolítica en el país centroamericano, que detonó en abril de 2018 con las protestas antigubernamentales. Ambas partes fijaron como sede del diálogo las instalaciones del Incae, con una fecha de finalización tentativa para el 28 de marzo; además de tomas logísticas y reglas de participación interna.
Aunque en un inicio el régimen se negó a la posible participación de la iglesia, se acordó después que habrá testigos y dos acompañantes internacionales. Los miembros de la mesa de diálogo invitaron en calidad de testigos y acompañantes a Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense; y al ministro evangélico Ulises Rivera, coordinador de los Pastores Interdenominacionales Unidos por Nicaragua.
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POLÍTICA. El líder universitario y miembro de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia Max Jerez (i), el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw (c), y el canciller de Nicaragua Denis Moncada (d).
Leopoldo Brenes y Ulises Rivera podrán nombrar a dos asesores cada uno para acompañarlos al diálogo. Además, como acompañantes internacionales fueron nombrados Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico del Vaticano en Nicaragua; y monseñor Andrea Piccioni, secretario de la Nunciatura Apostólica.
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, calificó las negociaciones como un proceso “complicado” y pidió paciencia a la sociedad civil, de acuerdo con una reseña de Efe.
La Alianza Cívica insistirá en la liberación de los presos políticos; la recuperación de las garantías constitucionales y los derechos civiles; justicia para las víctimas de la represión, y reformas legales para unas eventuales elecciones, a fin de garantizar que sean libres, justas y transparentes.
Perspectivas
Fernando Sánchez, presidente del LJN, expresó preocupación por el nuevo diálogo ya que, a su juicio, Ortega fue quien definió las condiciones y excluyó a sectores importantes de la sociedad, entre ellos el de las madres de los presos políticos, las víctimas de la represión y los estudiantes.
“Los que están en las mesas no representan el sentir de todos los estudiantes. Están cerrados a permitir actores internacionales como la OEA, la CIDH, el Meseni o la Unión Europea”, dijo Sánchez en exclusiva para El Tiempo Latino.
El presidente del LJN, un líder estudiantil refugiado en Estados Unidos, teme que en las negociaciones se produzca algún pacto que priorice intereses económicos en vez de la justicia. Aseguró que Daniel Ortega “ha tenido pactos debajo de la mesa con la empresa privada o partidos políticos opositores, llamados “zancudos” porque se venden por intereses económicos”.
El líder juvenil aboga por que la Alianza Cívica rinda cuentas a la población sobre las negociaciones. De momento, la hoja de ruta plantea que solo se informarán los puntos consensuados entre ambas partes en el diálogo. También recordó que previo al inicio del diálogo se solicitó la liberación de todos los presos políticos como una precondición.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición conformada por más de 40 organizaciones sociales y políticas, notificó el miércoles 6 de marzo que desde el 27 de febrero 112 presos políticos habían recibido medida de casa por cárcel; sin embargo, permanecen recluidos otros 650 ciudadanos por motivos políticos.
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PROTESTA. Estudiantes de la Universidad Centroamericana protestaron el viernes 1 de marzo dentro de la sede educativa en Managua, en contra de Ortega, a pesar de estar prohibidas las manifestaciones.
Sánchez explicó que los ciudadanos excarcelados no están en completa libertad, como se había exigido. Denunció que quienes permanecen en prisión son víctimas de tortura emocional, psicológica y física: a algunos presos políticos les han arrancado las uñas, golpeado, obligado a comer heces, comida en mal estado; y hasta violado con armas.
Añadió: “Yo tuve la oportunidad de estar en la primera diálogo nacional frente a Ortega, como líder estudiantil, y una vez que él logró desmontar y asesinar a la personas en los tranques y en las universidades; una vez que no sintió presión no quiso seguir negociando. Él lo que ocupó fue tiempo para oxigenarse y armar la estructura represiva”.
Carolina Sediles, miembro de la recién creada Nicaraguan American Human Rights Alliance (Nahra), dijo que la apuesta de quienes adversan a Ortega siempre ha sido el diálogo, la lucha cívica y pacífica, pero aún desconfían del gobierno por el hermetismo con el que se ha tratado la negociación.
“Aunque no creemos en el gobierno, creemos en personas que están apostando por hacer las cosas de una manera pacífica (…) Hay actores en los que tenemos confianza en cuanto a la Alianza Cívica”, comentó a El Tiempo Latino.
Una esperanza
Alma Rebeca González es madre de Jonathan López González, un estudiante de tercer año de ciencias económicas que fue detenido y condenado a cinco años y tres meses de cárcel. Se le acusó de presuntamente “entorpecer servicios públicos”, “secuestro”, “amenazas” y “portación ilegal de armas”. El joven de 20 años fue asesor en el primer proceso de diálogo y es considerado un preso político.
La madre de Jonathan denunció, en un contacto con este medio, que a su hijo no se le permitió defenderse de las acusaciones. Le negaron el debido proceso al caso. Narró que el 23 de septiembre de 2018 fue detenido sin orden judicial, “secuestrado por paramilitares encapuchados”.
“Yo lo he visto golpeado, pero de su boca no me dice. Yo pienso que es para que no esté preocupada o triste, pero si lo he visto golpeado”, reportó Alma González. Contó que en una visita realizada en febrero supo que a Jonathan y otros 131 detenidos fueron atacados con bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras y gas pimienta.
“Todos ellos estaban golpeados el día de la visita, incluso quemados”, denunció. Al contar la situación no puede evitar llorar.
Alma expresó darle un voto de confianza a la Alianza Cívica. “No confío totalmente (en Ortega), pero sí tengo una esperanza en el diálogo porque nadie hace nada. Por lo menos ya salieron 100 muchachos. Es cierto que están en sus casas presos, pero están con sus familias”, concluyó.
