Este jueves fue radicada en la Presidencia de la República una misiva de tres páginas en la que el Partido de la U insta al presiente Iván Duque a que sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La U, a pesar de ser un partido de gobierno, plantó posición y aumentó la presión política para que no se objete la ley.
La carta, firmada por el presidente del partido Aurelio Iragorri, plantea algunas consideraciones para que el presidente Duque las valore a la hora de tomar una decisión en los próximos días. Los argumentos pretenden dejar claro el “desacuerdo de una posible formulación de objeciones presidenciales”.
La misiva recuerda que la que el proyecto de ley estatutaria se tramitó vía fast track para agilizar el proceso y «garantizar su implementación». También que la Corte Constitucional ya le dio el visto bueno a la ley estatutaria, y por tanto el presidente Duque solo podría objetarla –así sea parcialmente- acudiendo a razones de inconveniencia.
“Aprobado el proyecto y por la naturaleza de la ley, el mismo debió someterse a un estudio integral por parte de la Corte Constitucional, tribunal que profirió sentencia sobre la constitucionalidad del articulado. Una vez el máximo tribunal falló, el Ejecutivo, responsable de la conducción del proceso de implementación de los acuerdos, no incorporó modificaciones ni objetó la ley por inconveniencia. De donde resulta que, al momento de emitirse la sentencia, la decisión de cierre puso fin al trámite establecido para esta norma”, se lee en la carta.
Para el Partido de la U objetar la ley estatutaria en este momento generaría una inseguridad jurídica tal que “pondría en entredicho el esquema especial de control que el constituyente ha establecido especialmente para esta clase de normas”. Además, de un círculo de violencia porque precisamente la JEP es fruto del acuerdo de paz que pretendía darle fin a las acciones violentas que desangraron Colombia por cinco décadas.
Pero la carta pone el dedo en la llaga al asegurar que el presidente Duque no podría objetarla por inconveniencia. “La inconveniencia no puede invocarse por parte del presidente de la República en sede de sanción, como una excusa para abrir nuevamente un estudio de cualquier materia que haya sido resuelta por la Corte Constitucional y que afecte de manera directa la intangibilidad de los fallos constitucionales”, asegura el partido.
