La oficina local de la Policía Internacional (Interpol) ya no tramitará la orden de localización y captura del expresidente Mauricio Funes, sino que dejará que proceda la extradición a través de la Corte Suprema de Justicia, declaró el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.
El funcionario explicó que la sede local de Interpol no continuará la gestión en vista de que ya una vez fue denegada por la sede central de Interpol, en Francia.
“En caso anterior que ya se hizo ese procedimiento. La respuesta fue adversa. Interpol no procedió con la difusión roja y, por lo tanto, no se pudo echar a andar el procedimiento. Procede entonces ya hacerlo a nivel judicial”, abundó el Ministro.
Funes se encuentra en Nicaragua, adonde corrió a asilarse en 2016 cuando las autoridades salvadoreñas comenzaron a procesarlo por corrupción. Hasta ahora tiene cuatro procesos abiertos, uno de ellos por el saqueo de $351 millones de las arcas del Estado.
Para realizar la captura se necesita el apoyo del Órgano Judicial del país donde se encuentra Funes, y así la entidad correspondiente proceda a realizar la captura con fines de extradición, explicó Ramírez Landaverde.
La Corte Suprema tiene en sus manos una petición de extradición del Juez Séptimo de Instrucción.
La cuarta orden internacional de captura que el Juzgado Noveno de Paz emitió contra Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, el pasado 29 de enero, fue por el supuesto soborno que recibió de la empresa italiana Astaldi por la suma de $3.5 millones.
Esa dádiva, dice la Fiscalía, le fue entregada a Funes por ordenar un arreglo directo entre la CEL y Astaldi que costó al Estado salvadoreño $108 millones, pese a que la empresa italiana dejó abandonados los trabajos de construcción de la represa El Chaparral, en San Miguel.
Según la Fiscalía, Astaldi traspasó la dádiva a Funes a través de dos empresas off shore. De ese dinero, más de $1.1 millones sirvieron para comprarle un spa y una casa a Guzmán. Funes es procesado por los delitos de instigación al peculado, lavado de dinero y activos, cohecho, agrupaciones ilícitas, y por revelar un documento confidencial.
Fuente: El Salvador
