Más de cuatro meses hace que el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador presentó la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes a la Corte Suprema de Justicia, quien se encuentra asilado y prófugo en Nicaragua tras ser acusado de desviar más de 351 millones de dólares de las arcas del Estado durante su gestión entre junio de 2009 y mayo de 2014.
Funes y su familia tienen asilo político desde septiembre del 2016, huyeron antes de que la Fiscalía lo acusara por el desvío millonario de la cuenta institucional de la Presidencia a cuentas de terceros para usar el dinero de forma personal.
Por esos hechos es procesado por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Por este último hecho y por la vía civil, en noviembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil lo condenó a él y a su hijo Diego Roberto a devolverle al Estado 419 mil 145 dólares, tras hallarlos culpables de enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Quinto de Instrucción envió la petición de extradición a la Corte Suprema el 28 de septiembre 18 días después de que la Fiscalía General de la República lo solicitó formalmente.
Sin embargo, la Corte Plena conoció la solicitud hasta el 24 de octubre e inició su trámite. El presidente de la CSJ explicó entonces que luego de estudiar la solicitud, la Corte Plena decidiría si procede o no solicitar la extradición de Funes.
La petición de proceder a la captura y extradición del exmandatario también incluye a su pareja sentimental, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
El juzgador también notificó en esa misma fecha al jefe de la Interpol en El Salvador, Alfredo Orlando Nolasco Acosta, la necesidad de publicar la difusión roja para pedir la captura y extradición de los cuatro imputados desde Nicaragua.
El pasado 8 de junio, el Ministerio Público acusó al exmandatario y a 31 personas de desviar $351 millones de la cuenta de fondos reservados a cuentas de terceros. Al expresidente lo acusaron de haber lavado directamente $10 millones.
El magistrado constitucionalista Aldo Cáder Camilot afirmó que el caso registra ciertas resoluciones de trámites o lo que es lo mismo, la solicitud de más documentación a los juzgados que llevan la causa del expresidente para mayor fundamentación.
“Se han sacado algunas resoluciones de trámites para obtener más información”, dijo el magistrado.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó decretarle reserva al trámite de extradición de Funes, lo que impide que los salvadoreños sepan del avance que lleva el proceso.
Los magistrados decidieron, de forma unánime, decretar la reserva amparados en el literal “E” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que cataloga como información reservada todos los procesos deliberativos de los funcionarios.
La reserva, según la ley, finaliza cuando ellos tomen una decisión definitiva. “Lo cierto es que no se sabe que están haciendo los magistrados con el caso, la verdad es que no ha salido ninguna orden de extradición ni negándose”, afirmó el exmagistrado de la Corte Suprema, René Hernández Valiente.
Fuente: El Salvador
