Una jueza federal en Boston rechazó el lunes una petición de la administración Trump para desestimar una demanda a favor de mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS)
Esta demanda fue introducida por un grupo de inmigrantes de Haití y El Salvador que están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), representados por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, en sociedad con la organización comunitaria Centro Presente.
La demanda impugna la decisión de terminar el programa de TPS para salvadoreños y haitianos, alegando discriminación por motivos de raza, etnia y/o nacionalidad.
La jueza Denise Casper en Boston dictaminó que el grupo de inmigrantes y las dos organizaciones podrían seguir adelante con su demanda.
Ella dijo que las acusaciones sobre «declaraciones de ánimus» por parte de funcionarios, incluido el presidente Donald Trump, junto con reclamos sobre un cambio en la política «alegan plausiblemente que un propósito discriminatorio fue un factor motivador en una decisión».
Los demandados en este caso son: el presidente Donald J. Trump, el secretario de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen y la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Costanzo Duke.
Según Oren Nimni, uno de los abogados del Comité de Abogados que está trabajando en el caso, la demanda le pide a un juez federal que dictamine que la decisión de la Administración Trump de rescindir el TPS para El Salvador y Haití viola los principios de igualdad de protección, y detenga la decisión.
“El presidente Trump no ha ocultado sus puntos de vista racistas”, opina el abogado Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité, citando una serie de comentarios del Presidente que incluyen equiparar inmigrantes latinos con violadores y referirse a Haití como un país “shithole” (hueco de mierda). El abogado Espinoza-Madrigal agregó que “la decisión de la Administración de terminar el TPS para El Salvador y Haití manifiesta estos puntos de vista discriminatorios” y afirmó que “la Constitución no permite que la toma de decisiones gubernamentales que esté afectada por este tipo de prejuicios raciales”.
Uno de los demandantes, el salvadoreño Juan Carlos Vidal, dijo a los medios de comunicación que quedarse sin TPS le afectaría mucho en sus negocios y les pondría a él y a su familia en una situación de riesgo de regresar a El Salvador, uno de los países más violentos del mundo.
Vidal es un exitoso empresario y propietario residente de Revere quien durante más de una década trabajó de asistente de cocina en chef en el restaurante Blue Fin en Cambridge, Massachusetts, antes de abrir cuatro restaurantes propios en Greater Boston, que emplean a más de 20 ciudadanos estadounidenses.
“Me siento atacado, discriminado, porque yo se que contribuyo a esta nación económicamente y veo que el presidente no está respetando los esfuerzos que uno está haciendo por esta nación”, agregó el inmigrante de 35 años de edad, padre de dos niños nacidos en Estados Unidos.
“La decisión de terminar con el TPS es parte de una agenda maquiavélica y racista del presidente Donald Trump”, opina Patricia Montes, hondureña y directora de la organización Centro Presente en East Boston, que representa a casi 1000 inmigrantes con TPS en el área de Boston.
Montes explicó que la capacidad de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití de recibir una afluencia masiva de inmigrantes que regresan es muy baja. “Estamos hablando de países en crisis que no han resuelto su situación de pobreza en años y que en vez de mejorar, en muchos casos empeora”, dijo. “Estos países no tiene cómo acoger a tanta gente, y ni siquiera tienen cómo respetar los derechos humanos básicos de sus poblaciones”.
En 2016, Estados Unidos terminó los programas de TPS para Guinea, Liberia y Sierra Leona. En septiembre de 2017 lo canceló para Sudán y en noviembre anunció la terminación del TPS para Nicaragua y Haití. Solo lo extendió por seis meses más, hasta julio de 2018, para Honduras, pero bajo la posibilidad -que ahora luce muy probable- de que se cancele después de esa fecha. Tal como está, el TPS terminará para Haití el 22 de julio de 2019 y para El Salvador el 9 de septiembre de 2019.
Los países amparados bajo el TPS tienen muchas similitudes: todos son muy pobres y sus ciudadanos han recibido la protección justo después de haber sufrido los embates de guerras o desastres naturales que los han dejado vulnerables. En el caso de Nicaragua y Honduras fue en 1999, tras el huracán Mitch; para El Salvador fue en el 2001 después de los dos terremotos, y para Haití en 2010, siguiendo el huracán Matthew que devastó la isla.
Por casi dos décadas, y de manera ininterrumpida, los nicaragüenses, hondureños y salvadoreños se han amparado bajo esta protección. En el caso de los haitianos, el permiso ha estado disponible por siete años.
“Tanto administraciones republicanas como demócratas habían encontrado consistentemente desde entonces que economías estancadas, pandillas violentas, una epidemia de cólera y las infraestructuras que funcionan mal han paralizado la recuperación”, dijo Madrigal a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación. Sin embargo, en una abrupta desviación de estos hallazgos, la Administración Trump anunció recientemente su decisión de terminar el estatus de TPS tanto para Haití como para El Salvador.
De acuerdo con el Comité de Abogados, la terminación del TPS no solo tendrá efectos devastadores en los inmigrantes de esos países y sus familias que actualmente llaman a los Estados Unidos casa, sino también en la economía estadounidense.
“Tenemos que ser parte de una lucha organizada, y asegurarnos de que luchamos por una residencia permanente”, opina Patricia Montes. “Tenemos que exigir al gobierno por medio del congreso que otorgue una residencia a las personas con TPS y es urgente que los afectados sean los protagonistas de esta lucha. No es suficiente con ser simples espectadores de la realidad que les está afectando. Tienen que estar informados y organizados”.
Según cifras del Center For American Progress, hay 242,900 inmigrantes salvadoreños en EE.UU. con TPS que tienen trabajos, hogares y son padres de unos 192,700 niños que son estadounidenses. Hay 93.500 inmigrantes de Haití en los Estados Unidos con TPS que también trabajan y han establecido hogares aquí con aproximadamente 27,000 niños ciudadanos de los EE.UU.
