Una coalición de abogados y grupos que apoyan los derechos estudiantiles ha introducido una demanda contra el superintendente Tommy Chang y las Escuelas Públicas de Boston por la «inquietante práctica» de compartir información de los estudiantes con funcionarios federales de inmigración.
El intercambio de información se ha convertido en un «oleoducto de la escuela a la deportación», afirma la demanda. El BPS ha negado previamente la práctica.
La demanda, presentada por la firma de abogados de Boston Morgan Lewis & Bockius, busca averiguar con qué frecuencia BPS comparte información de los estudiantes con las autoridades federales. Los abogados dicen que un estudiante de East Boston High School fue deportado después de que la Policía Escolar de Boston compartió un informe con el ICE a través del Centro de Inteligencia Regional de Boston.
El informe cita un incidente en el que «dos estudiantes intentaron comenzar una pelea pero no tuvieron éxito», dicen los abogados.
«La cuestión de la cooperación de las escuelas públicas con las agencias de aplicación de la ley, que ya es de gran importancia pública, ha adquirido mayor urgencia para las familias inmigrantes desde 2017», dice la demanda. «A medida que los esfuerzos de deportación federal se intensifican, la cuestión de cómo y bajo qué circunstancias las escuelas públicas están brindando información al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha vuelto aún más crucial».
Conforme a la ley federal, las escuelas no pueden compartir el estado migratorio de los estudiantes, y Chang ha dicho en el pasado que no lo haría.
«Ni la Ciudad de Boston ni las Escuelas Públicas de Boston han recibido la demanda», dijo Dan O’Brien, vocero de BPS. «Las Escuelas Públicas de Boston revisarán la demanda una vez que se reciba. No estamos comentando más sobre este asunto hoy».
La coalición detrás de la demanda asegura que han realizado varios intentos desde diciembre pasado para obtener registros sobre la frecuencia con la que BPS comparte información de los estudiantes con ICE y que el Supervisor de Registros de Massachusetts ya ordenó a BPS divulgar la información.
«Tenemos mucho miedo», dijo Esther, una madre colombiana cuyo hijo asiste a East Boston High School. «Se supone que la escuela debería ser un lugar seguro para nuestros hijos, donde pueden aprender, desarrollarse…todo esto es muy preocupante y si es verdad que las escuelas no están compartiendo esta información quisiéramos tener las pruebas», dijo.
La presidenta de la organización Massachusetts Parent United, Keri Rodriguez Lorenzo, aseguró en un comunicado que su organización está apoyando a los demandantes. «Nuestras escuelas deben ser un espacio seguro para todos los estudiantes, independientemente de su raza o país de origen. Los estudiantes que muestran signos de comportamiento arriesgado, como pelear y faltar a clases, deben ser referidos a programas de intervención, no al gobierno federal. La deportación de estos jóvenes que han arriesgado todo para escapar de la violencia en sus países de origen es equivalente a una sentencia de muerte», dijo.
