Después de meses de debate, el Concejo Municipal de Boston aprobó el miércoles unas nuevas reglas diseñadas para frenar drásticamente el negocio de alquiler a corto plazo de Boston, el cual está creciendo rápidamente. Las nuevas políticas tienen como meta ayudar a aliviar el problema de alquiler de vivienda en la ciudad.
Las nuevas reglas requieren que los propietarios de alquiler a corto plazo se registren en la ciudad anualmente y paguen una tarifa de $200. Los funcionarios de la ciudad esperan que el registro, el cual estará a a disposición del público, brinde una idea más clara del alcance y la ubicación de la actividad de alquiler a corto plazo en Boston, al tiempo que le da a la ciudad alguien con quien contactar si los vecinos llaman con quejas sobre fiestas ruidosas o aceras obstaculizadas.
En Boston, el problema con el alquiler de viviendas viene dado por los precios altos de los alquileres, puesto que hay mucho demanda y poca oferta. Con empresas como Airbnb, el problema se agrava, puesto que los precios ya elevados siguen subiendo, y la oferta disminuye. Para los dueños de los apartamentos es más rentable utilizar este tipo de negocios, pero no es beneficioso para el bienestar de la comunidad.
Las leyes, aprobadas con una relación de votos de 11 a 2, se encuentran entre los esfuerzos más estrictos de la nación para regular la creciente industria. Las normas impedirían a los inversionistas y arrendatarios alquilar sus casas por la noche a través de sitios web populares como Airbnb, mientras permiten que los propietarios y ocupantes de casas de dos y tres familias continúen haciéndolo.
Aplicaciones como Airbnb conectan a personas que buscan alojamiento por corto plazo con otras interesadas en rentar cuartos y apartamentos. La industria se ha agrandado exponencialmente: Pasó de tener unas 21,000 reservas al año en 2009, a la impresionante cifra de 80 millones en 2016, de acuerdo con datos de la compañía.
Boston, la tercera ciudad con las rentas más altas de Estados Unidos -tras Nueva York y San Francisco-, ha sido una ciudad amigable y rentable para este servicio. A penas en 2015, había 1496 propiedades ofertadas a través de esta plataforma en todos los vecindarios de Boston. Dos años más tarde esta cifra se ha casi cuadruplicado, con 4870 anuncios de alquiler, de acuerdo con datos del sitio web Inside Airbnb.
Este nicho se ha convertido en una amenaza real para la industria hotelera, sin estar sujeta a las mismas regulaciones e impuestos que enfrenta esta. Pero también tiene repercusiones en en el mercado de viviendas local, en la economía y estado de sus vecindarios.
«Mi objetivo en la regulación de alquileres a corto plazo siempre ha sido incorporar de manera responsable el crecimiento de la industria de viviendas compartidas en nuestro trabajo para crear viviendas asequibles para todos estableciendo un equilibrio justo entre la preservación de la vivienda y permitiendo a los bostonianos beneficiarse de esta nueva industria. Espero firmar esta legislación y me comprometo a monitorear los impactos para garantizar que cumplan con su propósito en nuestros vecindarios», afirmó Walsh en un comunicado.
Los concejales a favor dicen que esperan que la medida aliviará la presión en un mercado inmobiliario en el que se están alquilando unos 2,000 apartamentos por noche para los turistas, en lugar de un contrato tradicional de arrendamiento de 12 meses. Reconocieron que las reglas no son perfectas pero después de casi tres años de estudiar el tema mientras seguía creciendo la industria de los alquileres a corto plazo, los partidarios dijeron que era momento de tomar acción.
«La inacción no es una opción», dijo la concejal Kim Janey antes de la votación. «Necesitamos hacer algo para controlar esto».
Las nuevas reglas entran en vigencia el 1 de enero, pero los actuales propietarios de alquiler a corto plazo tendrán hasta septiembre de 2019 para operar bajo el sistema anterior. Este lapso se daría para, entre otros ajustes, darles a los cientos de personas que trabajan en la industria de alquiler a corto plazo más tiempo para encontrar nuevos trabajos.
Pero no todos los miembros del Concejo estaban convencidos con las decisiones tomadas. «¿Cómo vamos a contar esto?», preguntó el concejal Mark Ciommo, quien votó en contra del proyecto de ley. «¿Cómo se supone que debemos saber si alguien va a Florida por dos meses y pone su departamento en Airbnb?».
La falta de buenos datos ha frustrado a los defensores de ambos lados del debate, desde activistas que han investigado el sitio web de Airbnb para averiguar cuántos alquileres a corto plazo hay en sus vecindarios hasta Homeaway, una plataforma de alquiler de vacaciones que criticó la acción del miércoles como la culminación de lo que «no fue un proceso basado en hechos».
Es difícil diseñar una política para una industria emergente sin saber qué tan grande es, dijo el concejal Michael Flaherty, quien ayudó a elaborar una versión final del proyecto de ley y votó a favor. «Ahora realmente tendremos los datos», dijo. «Podremos ajustar desde allí».
