Una delegación de líderes comunitarios, defensores de la justicia social y abogados de derechos civiles viajará a El Salvador y Honduras la próxima semana para examinar de cerca la situación de violencia y pobreza que enfrentarían las familias y niños receptores del TPS en América Central si son deportados por la Administración del presidente Donald Trump.
Ambos países fueron sacudidos recientemente por las devastadoras noticias de que su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) sería cancelada.
La delegación estará en Centroamérica del 28 de mayo al 1 de junio, y los hallazgos clave estarán disponibles para los responsables de las políticas y el público en general después del viaje.
Esta es una iniciativa de Centro Presente, Alianza Americas y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y Justicia Económica.
El TPS ofrece un refugio seguro en Estados Unidos para los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a una crisis humanitaria, ambiental o una agitación política que puede impedir su regreso seguro.
Un conjunto de terremotos y huracanes, que desplazaron a millones de personas, dieron lugar a designaciones TPS para Honduras en 1999 y El Salvador en 2001. Tanto administraciones republicanas y demócratas habían encontrado consistentemente desde entonces que economías estancadas, inseguridad alimentaria, violencia extrema de pandillas, violencia de género, y una infraestructura que funciona mal eran razones suficientes para determinar que estos países eran inseguros para que regresen sus nacionales.
Sin embargo, en una abrupta desviación de estos hallazgos, la Administración Trump anunció recientemente su decisión de terminar el estatus de TPS tanto para El Salvador como para Honduras. Ninguno de estos países tiene la capacidad de recibir una afluencia masiva de inmigrantes que retornan ni de garantizar su bienestar y seguridad.
El Comité de Abogados y el Centro Presente presentaron una demanda federal histórica en Boston contra la Administración Trump para salvar el TPS para inmigrantes salvadoreños y hondureños. La demanda cuestiona la decisión de terminar la designación de TPS para El Salvador y Honduras, citando discriminación por motivos de raza, etnia y/o nacionalidad.
«Honduras no está lista para recibir y reintegrar a los inmigrantes que están siendo deportados de los Estados Unidos. Cada año, cien mil hondureños abandonan su país debido al nivel de violencia extrema que enfrentan diariamente. Además este año, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina América y el Caribe, declaró que Honduras es el país más pobre de América Latina, más que Haití. Según Amnistía Internacional, el nivel de inseguridad y violencia en Honduras se ha mantenido extremadamente alto. La corrupción y la impunidad generalizadas siguen socavando la confianza pública en las autoridades y el sistema de justicia «, dijo Patricia Montes, Directora Ejecutiva de Centro Presente.
«Este esfuerzo viene de la mano de al menos una docena de delegaciones que hemos llevado a Centroamérica en los últimos años», dijo Oscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas. «Cada vez que viajamos a la región, nuestras experiencias de primera mano corroboran los datos inquietantes, las anécdotas desgarradoras y las perspectivas documentadas de expertos -incluidos los buenos consejos de diplomáticos estadounidenses de alto nivel- que pintan una imagen clara: los beneficiarios del TPS y sus niños nacidos en EE.UU. no estarán seguros en El Salvador y Honduras. Cancelar estos programas y poner a estas familias en peligro demuestra una despreocupación descarada por la verdad y por nuestros valores como nación».
«El presidente Trump no ha ocultado sus puntos de vista racistas», dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados, citando una serie de comentarios del Presidente que incluyen equiparar inmigrantes latinos con criminales y violadores. El abogado Espinoza-Madrigal dijo que «la decisión de la Administración de dar por terminado el TPS para El Salvador y Honduras manifiesta estos puntos de vista discriminatorios» y afirmó que «la Constitución no permite que la toma de decisiones gubernamentales esté infectada por este tipo de prejuicios raciales».
Tal como está, el TPS está programado para terminar el 9 de septiembre de 2019 para El Salvador; y para Honduras el 5 de enero de 2020. La rescisión del TPS tendrá un efecto devastador en los inmigrantes de aquellos países que llaman a Estados Unidos su hogar, muchos de los cuales tienen hijos estadounidenses, y desestabilizará aún más las condiciones ya vulnerables y volátiles en América Central.
