Este lunes, funcionarios estatales dieron a conocer un plan para «restablecer la confianza de la población» en la Policía Estatal, después del escándalo que se produjo cuando una auditoría reveló casos de corrupción, suspensiones y retiros de varios oficiales.
En una conferencia de prensa, el gobernador Charlie Baker, la vicegobernadora Karyn Polito y el jefe de la policía estatal Kerry Gilpin dijeron el plan incluye instalación de cámaras corporales, reorganización de los cuarteles, rastreo en tiempo real por GPS de los autos policiales y la eliminación de una unidad completa (Tropa E), que patrulla MassPike.
«Hay mucho trabajo por hacer aquí para limpiar esto», opinó Baker.
Cerca de 30 policías estatales pertenecientes a la Tropa E, la tropa que patrulla el Mass State Pike, fueron citados por haber solicitado pago por horas extras que no trabajaron en 2016, y que fueron pagadas por los contribuyentes. El informe fue enviado a la Fiscal General quien determinaría si estas personas enfrentan cargos criminales.
Un informe al que tuvo acceso el Boston Globe encontró que los salarios de oficiales de la Tropa F, que controlan el puerto y el aeropuerto Logan y que son pagados por Massport, no fueron reportados. Estos salarios de 140 personas ascendían, juntos, a $32.5 millones al año, y casi el 80 por ciento de los oficiales de dicha unidad ganaron más de $150.000 el año pasado.
Las auditorías de 2015, 2016 y 2017 de la Tropa E están en curso, dijeron funcionarios. Una vez que terminen, se harán públicas.
El jefe de la policía estatal dijo que no encontraron ninguna otra discrepancia de horas extra en ninguna otra tropa, pero sí decidieron ajustar los niveles de personal de la Tropa F, que patrulla el aeropuerto Logan.
«Estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana», dijo Gilpin.
Nueve de los 19 miembros de la Policía Estatal que tenían audiencias programadas en relación con la investigación interna de la agencia decidieron retirarse la semana pasada, según anunció la Policía estatal. Nueve más fueron suspendidos sin pago.
«Depende de la Fiscal decidir si se va a proceder con un castigo penal», dijo Baker, pero todos los involucrados podrían perder su jubilación. El gobernador calificó el incidente de robo y dijo que, si dependiera de él, ordenara que los oficiales pierdan sus pensiones.
