Los planes universitarios de Adolfo Martínez siempre incluían solicitar la Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia (DACA), el programa de la era Obama que le permitía calificar para la matrícula universitaria en el estado en Maryland y un permiso de trabajo.
Pero no se inscribió tan pronto como cumplió 15 años, la edad de elegibilidad. La tarifa de solicitud de $495 era considerable, y solo estaba en noveno grado.
Luego, la administración de Trump dejó de aceptar nuevos solicitantes como parte de sus planes para eliminar gradualmente DACA, un programa que el presidente Donald Trump y sus principales aliados llaman un ejemplo de ilegalidad y exceso de parte del poder ejecutivo.
Un juez federal ordenó al gobierno continuar renovando permisos para los aproximadamente 690.000 jóvenes inmigrantes que ya están en el programa, mientras que una demanda contra la culminación del programa está pendiente.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que el gobierno no tiene que aceptar nuevas solicitudes, lo que deja a Martínez, ahora un estudiante de segundo año de secundaria de 16 años, y potencialmente miles de otros inmigrantes en el limbo a medida que se acercan a la edad adulta.
«No estoy seguro de qué hacer ahora», dijo Martínez, que es capitán del equipo de lacrosse en su escuela secundaria del condado de Baltimore y quiere convertirse en ingeniero civil. «Tenía planeado postularme lo antes posible».
Bonnie Jo Mount — The Washington Post
Los hermanos Martínez, Emilio, de 11, Miranda, de 12 y Adolfo, de 16, a la derecha, ven un programa de comedias en la televisión en su casa en Owings Mills, Maryland.
El Instituto de Política Migratoria calcula que hay 120.000 inmigrantes traídos ilegalmente a los Estados Unidos como niños que cumplirían 15 años y serían elegibles para las protecciones de DACA durante los próximos cuatro años.
Los defensores de los inmigrantes dicen que ese grupo de personas ilustra la necesidad de un reemplazo legislativo para DACA, una idea que se ha estancado en múltiples ocasiones en el Congreso y fue excluida del acuerdo de gastos alcanzado en Capitol Hill el pasado 22 de marzo para evitar llegar a la fecha límite de cierre del gobierno. Es poco probable que los legisladores vuelvan a centrarse en el tema pronto.
«El hecho de que haya miles de jóvenes inmigrantes que ahora se encuentran en un punto en el que necesitan protección solo demuestra lo importante que es contar con una legislación permanente», dijo Bruna Bouhid, portavoz de United We Dream, un grupo de defensa de los derechos humanos de los jóvenes inmigrantes a menudo llamados «soñadores».
Algunas legislaturas estatales ofrecen alivio alternativo a los posibles beneficiarios de DACA, con regulaciones que permiten a los inmigrantes indocumentados calificar para licencias de conducir, matrícula estatal y algunos beneficios de salud.
Un proyecto de ley que ampliaría el Dream Act 2012 de Maryland para permitir matrículas dentro del estado para personas que no tienen DACA o estatus de protección temporal recientemente fue aprobado por la Cámara de Delegados, por ejemplo, y está a la espera de una votación en el Senado estatal. Maryland ya permite a los inmigrantes indocumentados que no tienen protección DACA obtener licencias de conducir, un privilegio no disponible en otros 37 estados, según el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales.
En otros estados, sin embargo, no hay leyes que ofrezcan beneficios a los inmigrantes indocumentados. La legislación que habría permitido las licencias de conducir y la matrícula en el estado para inmigrantes indocumentados no fue aprobada por el comité en la Asamblea General de Virginia este año.
Al igual que Martínez, el estudiante de escuela secundaria de Fairfax City, Gerry Pinto, aplazó la solicitud de DACA después de cumplir 15 años. Él y su familia no estaban seguros de cómo la elección presidencial de 2016 afectaría el programa. Ellos también estaban preocupados por la tarifa que había que pagar para hacer la solicitud.
Cuando Trump comenzó a señalar que planeaba finalizar el programa, se apresuraron en una aplicación el verano pasado, dijo Ambar Pinto, la hermana mayor de Gerry.
Pero dejaron una casilla sin marcar en el formulario, dijo Ambar. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la agencia que administra DACA, enviaron la solicitud con instrucciones para volver a enviarla.
Para entonces, Trump había cancelado el programa. La aplicación reenviada fue rechazada.
«Tuve que sentarme con mi hermano y explicarle lo que significaba», dijo Ambar Pinto, quien administra una línea directa de defensa de deportación para United We Dream. Ella dijo que su hermano, que se negó a ser entrevistado, ahora no está seguro de si asistirá a la universidad.
«Yo digo: ‘No, no digas eso. Lo resolveremos'», dijo. «Pero eso no es lo que escucha. Lo que escucha es que todas las becas se centran en los destinatarios de DACA».
Guillermo Martínez, de 18 años, dijo que ha estado monitoreando las negociaciones en el Congreso mientras se prepara para graduarse de su escuela secundaria del condado de Baltimore en junio.
Solicitó DACA cuando tenía 14 años, pero para entonces era unos meses demasiado joven.
El año pasado, Martínez comenzó a preparar una solicitud nuevamente. Pero se dio por vencido cuando los líderes republicanos en 10 estados amenazaron con demandar a la administración de Trump en un tribunal federal ante su plan de cerrar el programa. Esa amenaza, dijo Trump, es lo que finalmente lo llevó a su intento de terminar con DACA.
«Mi plan era ir a una buena universidad», dijo Guillermo Martínez, quien fue traído a los Estados Unidos desde Honduras cuando tenía 3 años y espera estudiar negocios y mercadeo. «Pero parece que tendré que quedarme con el community college».
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
