La vida sexual de la gente es un asunto privado que a nadie concierne. Esto, mientras el principal involucrado no sea el presidente de Estados Unidos y mientras no se compruebe que Donald Trump y su gente, no violaron las leyes electorales ni cometieron delito alguno, al sobornar en la víspera de la elección, a una actriz de películas pornográficas para que no revelara su amorío extramarital con el mandatario. Un caso que amenaza con teñir su presidencia tanto o más que su posible relación con Rusia.
El romance, por llamarlo así, que supuestamente se inició en Lake Tahoe, Nevada, en 2006 — al año siguiente de que Trump se casara por tercera vez y sólo unos meses después de que su esposa, Melania, diera a luz a Barron, el hijo de ambos—, ha reaparecido como una pesadilla para la Casa Blanca, colocándola ante un nuevo e incómodo frente legal. Ya no se trata sólo de jugosos detalles de infidelidad de un hombre al que le gusta presumir de su éxito y de cómo trata a las mujeres, sino de uno que podría haber violado los estrictos reglamentos que rigen aquí las campañas políticas de aquellos que buscan gobernar y dárselas de mandamás.
Al parecer todo comenzó durante un torneo de golf donde Trump invitó a la dama en cuestión a cenar en la habitacion de su hotel. Ella dice que pensó que era una cita de trabajo con posibilidades de que ella obtuviera un papel en el programa de televisión The Celebrity Apprentice. Asegura que no hubo alcohol y que la reunión eventualmente se volvió romántica y terminó en sexo sin protección, en la que los dos participaron voluntariamente. Al fin de la velada él le prometió volver a llamarla y de hecho lo hizo regularmente durante los 12 meses siguientes.
Años después en octubre de 2016, a sólo 11 días de las elecciones de noviembre que llevaron a Trump a la Presidencia, uno de sus abogados, Michael Cohen, habló con la actriz y le pagó 130 mil dólares a cambio de firmar un acuerdo donde ella se comprometió a jamás hablar ni revelar detalles de su relación sexual con el entonces candidato.
Organizaciones civiles sin partido, dedicadas a vigilar la ética y limpieza en los comicios, están acusando legalmente al presidente, ante el Departamento de Justicia, de haber violado las reglas financieras que rigen las campañas y de haber comprado el silencio de la mujer para influir en la elección, sin haber reportado el pago como gasto electoral, tal como exige la ley.
Por su parte, ella, ninguna blanca paloma, que por siete años ha tratado sin éxito de vender su información, ha pedido a un juez en California que declare inválido el contrato, alegando que Trump mismo nunca lo firmó.
El mandatario, que rara vez se queda callado y que ha negado con vehemencia otras acusaciones de acoso sexual, ahora ha permanecido en silencio, pero su portavoz ha negado que la relación haya tenido lugar. Sin embargo, su abogado admite que sí realizó el pago, pero asegura que lo hizo con su propio dinero y sólo por precaución y amistad. El viernes pasado el equipo jurídico de Trump demandó a la actriz, exigiendo el pago de 20 millones de dólares por rompimiento de contrato.
La mujer, de nombre Stephanie Gregory Clifford, mejor conocida por su nombre profesional de Stormy Daniels, tiene 38 años y desde el año 2000 trabaja con éxito en la industria pornográfica donde ha participado en cerca de 150 cintas de contenido fuertemente sexual. Ha también aparecido en cameos de otras cintas para adultos, tales como Virgen a los 40.
Para la mayoría, este viejo romance es lo de menos, cada día surge uno nuevo. El delito está en el soborno y en tratar de ocultar algo que niegan ocurrió. Se desconoce en qué concluirá este pleito legal cuyas circunstancias son similares a la acusación que terminó con la carrera política del senador demócrata John Edwards, aspirante a la Presidencia, cuando se supo que usó dinero de campaña para ocultar el embarazo de su amante.
Este artículo fue publicado originalmente en el diario Cronica de México. Haga click aquí Para leerlo completo.
