WASHINGTON – La Corte Suprema dijo que los inmigrantes detenidos por el gobierno y que enfrentan la deportación no tienen derecho a una audiencia de libertad bajo fianza, incluso después de meses o años de detención.
La decisión sobre el caso, que estaba en un punto muerto antes de que el juez Neil Gorsuch se uniera a la corte, ha adquirido mayor importancia con la orden del presidente Donald Trump de una ofensiva contra las violaciones a la ley de inmigración.
En una decisión dividida de 5 a 3, los conservadores del tribunal dijeron que el estatuto relevante ni siquiera lo «insinúa», como escribió el juez Samuel Alito, en la amplia lectura del derecho que deben fijarse audiencias de fianza como las adoptadas por el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el 9no Circuito.
Ese tribunal había dictaminado que un inmigrante detenido debe recibir una audiencia de fianza cada seis meses y que la detención más allá del período inicial de seis meses solo se permitiría si el gobierno demuestra que se justifica la detención por un período mayor.
Alito rechazó ese estándar, y dijo que la lectura más natural de la ley en cuestión es que autoriza la detención «hasta el final del procedimiento aplicable» y que «no hay ninguna justificación para ninguno de los requisitos procesales» que la Corte de Apelaciones agregó.
El fallo provocó una desaprobación apasionada del juez Stephen Breyer, quien subrayó su descontento al leer parte de él desde la banca.
«Las miles de personas involucradas en este caso son personas que creen que tienen derecho a ingresar o permanecer en los Estados Unidos, y un número considerable de ellas tiene razón», dijo Breyer.
Pero dijo que algunos de ellos permanecen detenidos durante años porque el gobierno lee el estatuto como «negándoles las audiencias de libertad bajo fianza que la ley pone a disposición incluso para los acusados de delitos graves». A él se unieron los jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor.
Alito calificó el disenso como una lectura «totalmente inverosímil» del estatuto.
El plazo de seis meses que el Noveno Circuito otorgó, aplicó a una amplia gama de inmigrantes, desde personas detenidas después de ingresar a los Estados Unidos por primera vez a residentes legales de larga data.
El caso fue presentado por Alejandro Rodríguez, un residente permanente legal que vino al país cuando era un bebé. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó los procedimientos para su deportación a causa de una condena por posesión de drogas y una condena anterior por huir.
Rodríguez, que trabajaba como asistente dental, estuvo recluido durante tres años antes de desafiar su reclusión. La detención promedio para los otros que se unieron a su demanda fue de 13 meses.
En una discusión oral, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a un grupo de no ciudadanos retenidos por más de un año sin audiencia, dijo a la Corte Suprema que el resultado del caso afectará a miles de personas detenidas en centros de detención.
El caso adquirió una mayor importancia ya que Trump ha prometido aumentar ampliamente la aplicación de la ley de inmigración en todos los Estados Unidos. Los arrestos por inmigración han aumentado drásticamente desde que asumió el cargo en enero de 2017, pero las deportaciones han disminuido este año, en parte debido a una caída significativa en los cruces ilegales en la frontera sur con México.
La decisión de la Corte Suprema devuelve el caso a los tribunales inferiores para una acción posterior, incluido un examen de si los detenidos tienen derecho constitucional a una audiencia de libertad bajo fianza. Alito dijo que no había necesidad de que el Tribunal Supremo decidiera eso en este momento.
Breyer criticó eso también, diciendo que el tema fue completamente informado en la Corte Suprema.
«Simplemente necesitamos recordar que las Cláusulas del Debido Proceso de la Constitución protegen la libertad de cada persona frente a la privación arbitraria», dijo.
El juez Clarence Thomas, junto con Gorsuch, dijo que habría desestimado el caso porque cree que los tribunales no tienen el poder para escuchar los reclamos. Pero como la mayoría no estuvo de acuerdo, se unió a la resolución del caso.
La magistrada Elena Kagan participó en audiencias anteriores en el caso, pero se recusó tardíamente.
Ella no explicó por qué, pero es probable que ella estuvo involucrada en el caso mientras se desempeñaba como procuradora general del presidente Barack Obama. Su participación no habría afectado el resultado.
Ann E. Marimow del Washington Post contribuyó con este reporte.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
