WASHINGTON – La administración de Trump tiene hasta el lunes para anunciar una de las decisiones de inmigración más importantes: extender una forma de residencia provisional conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a unos 200.000 salvadoreños que han estado viviendo en los Estados Unidos desde al menos 2001.
Tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DNS) como la Casa Blanca han señalado durante meses que están decididos a poner fin al TPS como una cuestión de principio, lo que podría obligar a los salvadoreños a abandonar o enfrentar la deportación si no encuentran otra forma de obtener la residencia legal.
Un alto funcionario del DSN dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aún tiene que tomar una determinación, pero que la agencia tendría un anuncio antes del plazo del lunes.
«La secretaria ha recibido asesoramiento del personal del DSN y del Departamento de Estado y continúa reuniéndose con grupos interesados antes de tomar una decisión», dijo el funcionario, que no estaba autorizado para discutir las deliberaciones del DSN.
«La ley es clara sobre los estándares para el TPS y ella tiene la intención de seguir la ley en base a los hechos», dijo el funcionario.
En noviembre, el DSN terminó la protección de 60.000 haitianos que llegaron después del terremoto de 2010, otorgándoles un período de gracia de 18 meses. Se espera que Nielsen haga lo mismo con los salvadoreños, aunque su gran número, y el hecho de que hayan estado en Estados Unidos por mucho tiempo, hace que la decisión sea aún más importante.
El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir a los extranjeros de la deportación si el poder ejecutivo determinaba que los desastres naturales o los conflictos armados volvían a sus países demasiado inestables o inseguros.
Funcionarios del DSN dicen que le corresponde al Congreso encontrar una solución a largo plazo. Pero los expertos dicen que las propuestas para crear un camino para que los beneficiarios del TPS obtengan otra forma de residencia legal a largo plazo se incluirán en el rencoroso debate sobre la decisión de Trump de cancelar la Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Los salvadoreños por mucho el grupo más grande de receptores del TPS. Se les permitió quedarse después de un par de terremotos en 2001, y su residencia provisional ha sido renovada por 18 meses cada vez desde entonces.
El mayor número de salvadoreños beneficiarios del TPS vive en el área de Washington, D.C., seguido de Los Ángeles, Nueva York y Houston, según estimaciones.
Los funcionarios de Trump han argumentado que se ha abusado de la intención «temporal» del TPS, y el programa nunca fue concebido como una forma de que los inmigrantes extranjeros obtengan residencia a largo plazo después de haber ingresado ilegalmente o haber permanecido en el país por más tiempo del permitido por sus visas.
Dicen que la decisión de extender el TPS debe tomarse sobre la base de si aún existen justificaciones iniciales para la protección, señalando que Estados Unidos ya envía decenas de miles de deportados a El Salvador cada año.
En noviembre, el Departamento de Estado le dijo al DSN que las condiciones en Centroamérica y Haití habían mejorado y que el TPS ya no estaba justificado. El DSN finalizó el TPS para 2.500 migrantes nicaragüenses poco después, pero la entonces Secretaria en funciones, Elaine Duke, otorgó una extensión de seis meses a 57.000 hondureños, frustrando a los funcionarios de la Casa Blanca que querían que ella finalizara el programa.
Otros funcionarios de los EE.UU. han señalado que es improbable que la administración extienda el TPS a los salvadoreños. En Twitter, Jean Manes, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, lo llamó «una herramienta para una situación de emergencia».
«Todos los años tenemos que justificar que la situación actual es el resultado de los terremotos de 2001 y cada vez es más difícil hacerlo», escribió Manes en noviembre.
Los defensores de la inmigración rechazan esa afirmación, señalando la violencia crónica de las pandillas y las tasas de homicidios que se encuentran entre las más altas del mundo. También advierten sobre el impacto potencialmente desestabilizador de 200.000 personas que regresen al país, una cantidad equivalente a aproximadamente el 3 por ciento de la población de El Salvador.
El país depende en gran medida del dinero en efectivo enviado a casa por los salvadoreños que viven en el extranjero: un récord de 4.500 millones de dólares en 2016, equivalente al 17,1 por ciento del producto interno bruto del país.
El ministro de obras públicas de El Salvador, Gerson Martínez, candidato presidencial del gobernante partido FMLN, dijo que el gobierno ha intentado advertir sobre el daño potencial que podría causar la finalización del TPS.
«Hemos tenido una diplomacia muy activa tratando de hacer que las autoridades de los Estados Unidos vean las consecuencias que una eventual decisión de este tipo podría tener», dijo Martínez en una entrevista.
Oscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, una organización sin fines de lucro que defiende a los inmigrantes, dijo que los salvadoreños con estatus temporal «deberían ser reconocidos por lo que se convirtieron», residentes efectivamente permanentes de los Estados Unidos.
«Se han integrado fuertemente en la sociedad estadounidense», dijo Chacón en una conferencia de prensa esta semana, señalando que los salvadoreños que poseen TPS tienen permisos de trabajo, pagan impuestos y son regularmente investigados por el DSN para garantizar que se mantengan en la ley.
Casi una tercera parte es propietaria de sus hogares, según una encuesta de 2016, y más del 60 por ciento tiene al menos un niño que es ciudadano de EE.UU.
La pérdida del TPS «sería catastrófico para mi familia», dijo Edwin Murillo, un hombre de 41 años padre de dos hijos, quien fue contactado por teléfono en su casa en Texas.
Murillo enumeró una cascada de dificultades. Su licencia de conducir expiraría. Perdería su trabajo en un centro de convenciones en las afueras de Dallas. No podrá renovar su licencia de técnico para el negocio de reparación de aire acondicionado que dirige de forma adicional.
«Mi fuente de ingresos prácticamente terminaría», dijo Murillo. Sus padres y tres hermanos mayores en El Salvador le han advertido que no es seguro que su familia regrese, dijo. No los ha visto en casi 20 años, pero dependen de los 300 dólares que él envía a casa cada mes.
Murillo había estudiado administración de empresas en El Salvador, pero se fue en 1999 porque dijo que los empleos eran escasos. Ingresó a los Estados Unidos con una visa, con la cuál se quedó más tiempo del permitido, y en 2001, después de los terremotos en su país, él y su esposa aprovecharon la oportunidad de solicitar el TPS.
Con su nueva estabilidad, la pareja compró una casa en las afueras de Dallas y tuvo dos hijas, ambas ciudadanas estadounidenses, que ahora tienen 10 y 4 años. El TPS, dijo, «nos dio la oportunidad de establecernos y tener el futuro que soñábamos».
El periodista del Washington Post Joshua Partlow, en Ciudad de México, colaboró con este reporte.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
