Millones de personas en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, están pasando serias dificultades después de que el huracán María devastó la isla, dejando a los casi 3 millones de puertorriqueños (que también son ciudadanos americanos) sin acceso a electricidad, agua potable, alimentos ni suministros médicos, a riesgo de aislamiento y enfermedades. Al menos 16 personas han fallecido y los hospitales se han quedado sin luz, lo cual ha despertado preocupaciones acerca de la posibilidad de que ocurra una emergencia de salud pública.
Además del sufrimiento humano y las dificultades resultantes de este golpe directo por el huracán María, la agricultura y ecosistemas naturales como bosques y humedales también se han visto afectados gravemente, lo cual puede causar la perdida de cosechas agrícolas enteras, con graves consecuencias económicas.
El balance, sin duda, no son “buenas noticias”, como lo ha ponderado la administración de Trump. La respuesta federal es “una buena noticia en términos de nuestra capacidad para llegar a la gente (…) y el número relativamente bajo de muertos”, declaró Elaine Duke, secretaria de Seguridad Nacional. Estas afirmaciones han despertado la ira de muchos puertorriqueños incluyendo la alcaldesa de San Juan, Yulín Cruz, quien ha dicho en entrevistas televisadas que la situación en la isla es realmente crítica, con gente luchando por obtener comida y sobrevivir.
Pero la crisis de Puerto Rico es más profunda que la que ha dejado el huracán María, e involucra un grave problema fiscal y lo que algunos puertorriqueños ponderan como injusticias políticas y sociales.
Massachusetts tiene la quinta población más grande de puertorriqueños en Estados Unidos. En Boston, 32.226 residentes se identifican como puertorriqueños, un poco más de un cuarto de la población latina de la ciudad, según cifras de la alcaldía.
A nivel local, el gobernador Charlie Baker, en asociación con Boston Foundation, crearon un fondo de ayuda llamado “Massachusetts United for Puerto Rico”. Baker dijo: ”Estamos empezando a hacer planes y prepararnos para el hecho de qu,e a medida que los aviones empiezan a salir de la isla, la gente de Puerto Rico vendrá aquí porque la escuela de sus hijos se ha ido, su trabajo se ha perdido, su hogar puede haberse derrumbado. Y vendrán aquí para quedarse con amigos y familiares que tienen en la zona».
Un grupo de activistas y miembros de la comunidad puertorriqueña de Massachusetts se reunieron este lunes con el Senador Ed Markey, quien representa a Massachusetts en el Senado de Estados Unidos, para presentar algunas propuestas y peticiones a nivel legislativo que podrían ayudar a Puerto Rico.
1-Canal de ayuda humanitaria
Alrededor del 55 por ciento de los puertorriqueños todavía carecen de agua potable, y las filas para adquirir gasolina se han extendido hasta un cuarto de milla o más. De los hospitales, 51 de 69 están en funcionamiento, pero sufren constantes apagones.
Entre las peticiones que se presentaron al Senador Markey está la de aprobar un paquete de ayuda humanitaria para las comunidades de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Texas, Florida y otras comunidades afectadas por la temporada de huracanes de 2017.
2-Recortar la deuda
En 2005, EE.UU. decidió eliminar beneficios fiscales para empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico que estimulaban la inversión en la isla y la ayudaron durante 20 años. Esto ocasionó que las inversiones de las compañías estadounidenses comenzaron a reducirse o a retirarse. Para cubrir el déficit, Puerto Rico comenzó a endeudarse profundamente, con una compleja combinación de de fondos mutuos y de cobertura (hedge funds) hasta llegar a los actuales US$73.000 millones de deuda. En 2016, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, declaró la deuda como “impagable”. Entonces Obama firmó la Ley Promesa, que no perdona la deuda pero establece la creación de un método para que logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital.
La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo del 12%, que dobla la media de Estados Unidos, y una población que decrece por la emigración. Tras el paso de María, el 80 por ciento de la distribución eléctrica y el 100 por ciento de la infraestructura de transmisión eléctrica está dañada o destruida. Tal vez es hora de repensar la Ley Promesa y recortar la deuda.
3-Igualdad de financiamiento de Medicaid
Mientras que Medicaid cubre a una gran parte de la población de Puerto Rico, los fondos federales de Medicaid para la isla difieren de los de los 50 estados y DC en dos aspectos fundamentales. Mientras que estos últimos reciben una contrapartida federal que oscila entre el 50% -83%, en función del ingreso per cápita del estado en un año determinado, la tasa de participación federal de Puerto Rico es fija, y siempre es el 55%. Por otra parte, a diferencia de los 50 estados y DC, la tasa federal anual para el Medicaid de Puerto Rico tiene un tope, y generalmente la isla agota su asignación federal de Medicaid antes que termine el año fiscal. Además, las tasas de pago de Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico son sustancialmente más bajas que las de los estados,16 llevando a unas tasas de reembolso más bajas para proveedores y planes.
El tratamiento desigual ha creado vía perniciosas de escape. Por ejemplo, muchos puertorriqueños están inscritos en Medicaid en algún otro estado.
4-Igualdad de impuestos
Los puertorriqueños pagan impuestos tal como el resto de los ciudadanos americanos, según establece el Federal Insurance Contribution Act, que incluye seguro social, Medicare y seguro de desempleo. No obstante, las familias de Puerto Rico deben tener al menos 3 niños antes de ser elegibles para el Child Tax Credit, y no califican para el Earned Income Tax Credit, diseñado para familias de bajos ingresos. Ambos créditos fiscales han ayudado enormemente a reducir la pobreza infantil en un 7 por ciento, según cifras del IRS en 2014.
5-Eliminar el Jones Act
Al ser una una isla, Puerto Rico tiene que importar muchos de los productos que necesita, pero, a diferencia de otros puertos en Estados Unidos, no puede recibir barcos de naciones extranjeras. La Acta Jones, del 1920, exige que el territorio solo reciba mercancía de barcos con bandera estadounidense, lo que aumenta los costos para la Isla. Debido a esta medida, los precios que pagan los consumidores puertorriqueños son aproximadamente 20 por ciento más caros que los que se pagan en territorio continental estadounidense.
6- Votar
A pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que los candidatos a la presidencia viajan a la Isla para recaudar fondos para sus campañas. Además, solo se tiene un representante en el Congreso que solo tiene voz, pero no tiene voto. Según estos activistas, si Puerto Rico tuviese representación política como los estados, tanto el Congreso como la Casa Blanca prestarían más atención a los problemas de la isla.
