El gobierno de Donald Trump hizo este martes el anuncio oficial que muchos temían, y puso fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), implementado hace cinco años por Obama para legalizar temporalmente a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños.
El programa protege hoy en día a unos 800.000 de esos jóvenes llamados «dreamers».
Como alegato, Trump calificó a este programa como «inconstitucional», y afirmó que su «prioridad» son «los trabajadores estadounidenses».
Sin embargo, esta decisión no entra en efecto sino después de marzo, cuando vence el programa, lo cual ofrece algún tiempo para que el congreso tenga la oportunidad de abordar el tema y aprobar una legislación para proteger permanentemente a estos jóvenes. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que ya no aceptaría nuevas solicitudes
Los permisos de residencia que ya fueron otorgados no serán revocados. «Con las medidas implementadas, ningún beneficiario actual se verá afectado antes del 5 de marzo de 2018, dentro de casi seis meses, de modo que el Congreso pueda tener tiempo para brindar una solución legislativa apropiada», dijo la secretaria interina de Seguridad Interior de Estados Unidos, Elaine Duke.
Las reacciones no se hicieron esperar. El ex presidente Barack Obama, creador del programa en 2012, lamentó profundamente que se haya arrojado «una sombra» sobre miles de inmigrantes con el fin del programa DACA, que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados, y tildó la decisión adoptada por su sucesor, Donald Trump, de «cruel» y «errónea».
«Sean cuales sean las preocupaciones y quejas que los estadounidenses puedan tener sobre la inmigración en general, no deberíamos amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin haber cometido una falta, no suponen una amenaza y no están arrebatando nada del resto de nosotros», explicó Obama en su contundente nota de rechazo, divulgada en su página de Facebook.
Localmente, la organización Massachusetts Immigrant and Refugee Coalition (MIRA) organizó una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el senador Ed Markey, la fiscal general Maura Healey, el alcalde de Boston Marty Walsh y el Superintendente de las Escuelas Públicas de Boston, Tommy Chang.
«Muchos dreamers han empezado su propio negocio o sus carreras profesionales, trabajan y aportan a la economía (…) estos no son los ‘bad hombres’ que Trump prometió perseguir. Esta medida va a herir nuestra economía. Espero que reconozca la crueldad que esta medida representa para jóvenes y sus familias. Es tiempo de que el congreso apruebe una reforma migratoria».
Por su parte, la fiscal Maura Healey aseguró que va a luchar en la corte esta medida, y que ya se ha estado reuniendo con otros colegas en otrs estados para tomar decisiones conjuntas y conformar alianzas. También recordó que está disponible en su oficina la línea de denuncias telefónicas para reportar ofensas raciales o xenofóbicas. Cualquier persona que se sienta amenazada o que sienta que ha sido víctima del odio puede hacer una denuncia.
El alcalde de Boston, Martin Walsh, dijo: «esto es una persecución en contra de personas pero no por lo que ellos hicieron, sino por lo que son. Y ¿quiénes son? personas que han vivido aquí por más de 10 años, que no han cometido crímenes, que han hecho lo correcto, lo que sus padres querían que hicieran para lograr el sueño americano. Ellos pertenecen a nuestras comunidades, y son tan americanos como Jeff Sessions o Donald Trump…Esta medida va a herir nuestra economía, es una traición a nuestros valores, y no vamos a dejar de defenderlos. Boston va a trabajar hombro a hombro con la fiscal general para tomar medidas legales…Nosotros abrazamos a los inmigrantes porque todos somos inmigrantes».
El superintendente Tommy Chang enfatizó que las escuelas públicas de Boston son lugares donde los inmigrantes deben sentirse seguros sin importar su estatus migratorio, y que los padres no deben sentir miedo de enviar a sus hijos al colegio.
La Senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, dijo en tun tuit que el Congreso debe actuar haciendo que el programa sea permanente. «Dar la espalda a los Dreamers nos hace más débiles, nos hace menos seguros, y traiciona nuestros valores», tuiteó.
El DACA se creó para proteger el status de cientos de miles de inmigrantes que llegaron a EEUU siendo niños o incluso bebés, y que se fueron integrando a la vida de la sociedad estadounidense. Son jóvenes que, aunque llegaron del extranjero, hablan inglés, están integrados a la educación formal o al mercado formal de trabajo y se sienten americanos.
La filosofía del DACA es que estos jóvenes no son responsables por las acciones de sus padres, y que tienen muchos más vínculos con EEUU que con sus países de origen –la mayoría nunca vivió siquiera en esos países- por lo cual se les creó un status migratorio especial para permitirles integrarse a la sociedad.
Debido a que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) han dado información detallada sobre sus actividades, temen que sea más fácil para las autoridades rastrearlos y, llegado el caso, arrestarlos y deportarlos. Sin embargo, Trump ha dicho que la prioridad de deportación son las personas que hayan cometido crímenes, y los Dreamers han tenido que pasar una revisión de antecedentes para poder obtener su permiso.
Otros han visto esta decisión como una oportunidad de que el congreso apruebe una solución permanente. «Debido a que la política será eliminada en seis meses … el Congreso tiene tiempo suficiente para aprobar una legislación para proteger permanentemente a estos jóvenes. Un proyecto de ley que proteja a los beneficiarios del DACA, comúnmente conocidos como ‘dreamers’, ofrece al Congreso liderado por los republicanos una verdadera oportunidad de anotar algo que hasta ahora ha sido difícil de alcanzar: un logro», escribió el Boston Globe en su editorial de este martes.
