¿Qué pasará con la marihuana legal bajo la presidencia de Donald Trump?. Esa ha sido una gran pregunta para los activistas del cannabis desde que Trump nombró como Fiscal General al experto de justicia criminal Jeff Sessions (famoso por su libro “Las Personas Buenas No Fuman Marihuana”).
A pesar de que las creencias de Sessions acerca de la legalización de la marihuana son bien conocidas (la odia), la pregunta acerca de lo que quiere hacer se mantiene un misterio. Pero una carta del Fiscal General a oficiales del estado de Washington, obtenida esta semana por el Washington Post, ofrece luces considerables a la pregunta.
Sugiere que mientras Sessions se mantiene escéptico de los esfuerzos para legalizar el uso recreacional de la marihuana, las acciones del Departamento de Justicia respecto al asunto son, por ahora, todavía dictadas por el Cole Memo, un documento de la era de Obama que expone las políticas de la no interferencia federal con leyes estatales mientras la salud pública y la seguridad pública no estén amenazadas.
Pero la carta también incluye una lista de preocupaciones de salud pública y seguridad compiladas por las autoridades federales, para potencialmente arreglar el terreno para intervenciones federales mas agresivas en Washington y otros lugares en los próximos años.
“Una carta como esta es un importante indicador” de la posición actual del DOJ acerca del tema de la marihuana, dijo John Hudak, un experto de políticas de drogas del Instituto de Brookings.
“Nos indica que el Fiscal General está comprometido con el hecho de implementar la ley de marihuana bajo el Cole Memo”. La semana pasada el Fiscal General recibió recomendaciones por parte de un grupo seleccionado acerca de cómo el gobierno federal debería abordar el tema de la legalización de la marihuana. Pero hasta el momento esas recomendaciones no han sido publicadas, generando críticas por parte de activistas y miembros del Congreso.
La carta de Sessions, con fecha del 24 de julio, reitera que el “Congreso ha determinado que la marihuana es una droga peligrosa y que su ilegal distribución y venta es un crimen”, y que “el Departamento se mantiene comprometido con ejercer la Ley de Control de Substancias de una manera que aplique eficientemente nuestros recursos para abordar las importantes amenazas a la salud y la seguridad pública”.
A pesar de que superficialmente esas sentencias se lean como una declaración agresiva a la prerrogativa federal en temas de leyes de marihuana, se acercan casi textualmente al Cole Memo de 2013, el cual fija una política de no interferencia, siempre que las prioridades de salud, tal como prevenir el uso en adolescentes y por diversión en otros estados, fueran alcanzadas.
A pesar de que el Cole Memo se reservó el derecho de que las autoridades federales investigaran y procesaran operaciones de la legalidad de la marihuana, los fiscales generales se abstuvieron de hacerlo, con unas excepciones notables.
La carta de Sessions reconoce la correspondencia de Washington y otros estados en donde la marihuana es legal, lo que caracteriza al Cole Memo como “indispensable” en esas estructuras estatales regulatorias de la marihuana. Sessions luego subraya la sentencia final del Cole Memo: “nada aquí impide la investigación o proceso, incluso en la ausencia de cualquiera de los factores listados anteriormente, en particular circunstancias en las que la investigación y procedimientos sirvan de otra manera a un interés federal importante”.
Sessions luego cita una letanía de preocupaciones acerca de los resultados del experimento regulatorio de Washington, extraído de un reporte del Área Noroeste de Tráfico de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés), un equipo de trabajo financiado federalmente. Esas preocupaciones incluyen desviaciones de la marihuana legal desde Washington hacia otros estados, un aumento en pruebas positivas de uso de marihuana y un incremento de llamadas relacionadas a la marihuana en el centro de control de estupefacientes.
“Este reporte levanta serias preguntas acerca de la eficacia de las ‘estructuras regulatorias’ del estado, concluyó Sessions.
Hudak expuso sus propias preocupaciones acerca de la precisión de la data en la que se está basando Sessions. Esos reportes están siendo únicamente compilados por autoridades de la ley y son “notorias por la escogencia de la data y por no poder colocarla en contexto”, dijo Hudak. Destaca que a pesar de que el reporte fue publicado en 2016, solo incluye data de los seis primeros meses del mercado comercial de Washington, que se abrió a mediados del 2014.
“Basado en la data de HIDTA, no sabemos lo que Washington ha hecho desde entonces”, dijo Hudak, “El Fiscal General está sacando esas conclusiones basadas en data incompleta o sacada de contexto”.
Los Gobernadores de Oregon y Colorado han introducido sus propios reportes al Fiscal General, generalmente ofreciendo un abordaje positivo del mercado de la marihuana: por ejemplo, las fuentes de data estatales y federales muestran que el uso de drogas en jóvenes ha disminuido. El mercado legal está generando miles de empleos y billones en actividad económica. Los arrestos han disminuido y las fatalidades de trafico se han mantenido estables.
Los efectos son tan importantes de considerar como el impacto negativo, dijo Hudak. Pero hasta los momentos Sessions ha mostrado poca indicación de que está interesado en una exposición total de la data.
“El Fiscal General tiene una agenda con el tema de la marihuana”, dijo Hudak, “y está observando con persianas lo que está pasando en Washington, lo que que le permite ver solo lo que quiere, no necesariamente lo que ocurre en la realidad.
