La crisis política y humanitaria de Venezuela, la cual ha sido desesperada y mortal por mucho tiempo, se volcó la semana pasada a lo surreal. El martes pasado, un helicóptero sobrevoló sobre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Interior y Justicia, lanzando granadas y disparando. El Presidente Maduro lo llamó un intento de golpe de estado respaldado por los Estados Unidos. Pero nadie salió herido del incidente y cuando el piloto del helicóptero resultó ser un actor que ha interpretado un papel de policía en una película – los líderes de la oposición se empezaron a preguntar si el incidente había sido orquestado por Maduro.
Si fuese así no hubiese sido sorprendente. La pandilla corrupta que se encuentra alrededor del presidente, quien heredó el movimiento populista de izquierda fundado por Hugo Chávez, está utilizando tácticas cada vez más descabelladas para combatir el movimiento masivo de protestas que tiene el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos. Ha dispensado toneladas de gas lacrimógeno en las marchas y manifestaciones que se dan a diario, y ha disparado miles de balas, tanto de goma como reales. Al menos 78 personas han muerto desde que las protestas comenzaron en abril.
El régimen ha detenido a 3 mil 200 personas, de las cuales muchas han sido golpeadas y torturadas, de acuerdo a grupos independientes de derechos humanos. Más de 300 personas están enfrentando juicios sumarios frente a tribunales militares y sentencias de décadas en prisión. Mientras tanto, Maduro está presionando para avanzar con el plan de una asamblea constituyente para reescribir la constitución preparada bajo el gobierno de Chávez. Probablemente eliminaría la Asamblea Nacional controlada por la oposición y convertiría a Venezuela en un régimen amoldado al de Cuba.
Cuando la propia Fiscal General del gobierno protestó la ilegalidad manifiesta de reescribir la constitución y la represión brutal en las manifestaciones, el régimen le prohibió viajar y realizó movimientos para quitarle su poder. Al mismo tiempo, Maduro dio un espeluznante discurso en el que prometió “ir al combate” para defender el régimen. “Lo que no podamos hacer con los votos, lo haremos con las armas”, dijo.
Uno pensaría que el espectro de una guerra civil entre más de 30 millones de personas en uno de los países de mayor producción de petróleo despertaría finalmente la acción de sus vecinos de la región. Pero Latinoamérica se mantiene en su mayor parte paralizada frente al caos de Venezuela. Hace dos semanas, un grupo de países liderado por México intentó pasar una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) que llamara al establecimiento de un grupo de naciones que puedan servir como intermediarios para una solución pacífica, incluyendo elecciones libres y la libertad de los prisioneros. Falló, gracias a la oposición de los clientes de Venezuela, incluyendo pequeñas naciones del Caribe que están siendo chantajeadas con descuentos del petróleo.
No ayudó que el Secretario de Estado Rex Tillerson se retirara de la reunión de la OEA, prefiriendo enfocarse en el boicot a Qatar por parte de otros estados árabes. A pesar de que la administración de Trump ha actuado esporádicamente ante la situación de Venezuela, imponiendo sanciones a algunos de las principales figuras del régimen y publicando declaraciones, pareciera que no tiene ninguna estrategia para abordar la crisis más consecuente del hemisferio desde las guerras de Centroamérica en los años 80.
Estados Unidos no puede salvar a Venezuela, pero hay cosas que puede hacer para presionar al régimen: más sanciones en contra de individuos y entidades involucrados en represión, difusión de información acerca de líderes del régimen involucrados en tráfico de drogas y otros actos de corrupción, procedimientos para esos estados del Caribe y Cuba. Quedarse quieto mientras Maduro alimenta un “combate” no debería ser una opción.
