SAN ANTONIO – Los abogados de las ciudades de Texas que luchan contra la nueva ley de inmigración que prohíbe las ciudades santuario en el estado argumentaron el lunes que ésta normative obligaría a las autoridades locales a ayudar a los funcionarios federales a realizar deportaciones masivas.

Los abogados que impugnan la ley, que es respaldada por el gobierno de Trump, instaron al juez de distrito Orlando García a emitir una orden preliminar para evitar que entre en vigencia el 1° de septiembre y dijeron que la ley es inconstitucional por numerosos motivos.peppered

La normativa pide duras penas contra las localidades que se niegan a cooperar con agentes federales de inmigración, incluyendo multas severas, tiempo de cárcel para los jefes de policía y destitución de funcionarios electos y designados.

«Están creando una situación que incentiva a las personas a hacer cumplir la ley de inmigración al máximo», dijo Lee Gelernt, un abogado de la ACLU.

García, a veces presionando la punta de sus dedos contra la sien, acribilló a los abogados con preguntas sobre el efecto de la ley estatal, que los opositores dicen que es vago y financieramente oneroso y que tendría efectos de largo alcance en los residentes, estudiantes, negocios y escuelas del estado.

Incluso las ciudades que no se consideran ciudades santuario y que cooperan con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han condenado la ley como vaga y financieramente onerosa y potencialmente peligrosa para los oficiales de policía.

El gobernador republicano Greg Abbott dijo que firmó la ley para promover la seguridad pública y asegurar que los criminales sean deportados. Él y sus partidarios han citado casos en los cuales los inmigrantes ilegales supuestamente cometieron crímenes atroces, incluyendo asesinatos, después de que fueron liberados en vez de ser entregados a los funcionarios de inmigración.

William Deane, abogado del estado, defendió la ley durante la audiencia del lunes diciendo que la ley de Texas ya prohíbe el uso del perfil racial como base para sospechar que alguien ha cometido un delito.

La lucha legal enfrenta ciudades fronterizas y grandes ciudades contra el gobierno estatal controlado por los republicanos. Los demandantes dicen que la ley es otro ejemplo en una larga historia de discriminación en Texas contra inmigrantes y latinos, que son el grupo minoritario más grande del estado y representan más del 60 por ciento de la población en San Antonio.

La pequeña ciudad fronteriza de El Cenizo y otros demandantes se oponen a la ley porque les obliga a detener a inmigrantes que han sido arrestados por delitos locales -incluyendo infracciones de tráfico menores- para que los agentes federales de deportación puedan llevarlos bajo su custodia.

Ley contra hispanos

El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo el pasado viernes que el gobierno de Trump “apoya plenamente” la dura prohibición de Texas contra ciudades santuario y que el Departamento de Justicia ayudaría a defenderla ante los tribunales federales esta semana.

Luis Roberto Vera Jr., abogado general nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quien es demandante en el caso que lidera el ayuntamiento de la ciudad fronteriza de El Cenizo junto a otras ciudades grandes como Dallas y Austin, dijo que la ley de Texas es discriminatoria porque se dirige principalmente a los hispanos, uno de los grupos más grandes del estado.

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Raúl Reyes, el alcalde de El Cenizo y el principal demandante, llegó al tribunal federal y dijo que estaba «un poco nervioso y emocionado» de estar a la vanguardia de lo que él llamó una batalla por los derechos civiles.

«Este es un caso muy importante y significativo, no sólo para Texas, sino también para todo el país», dijo.

Camiones de autobuses de manifestantes de todo Texas se reunieron afuera, vistiendo camisetas rojas y llevando letreros que denunciaban la ley.

«Realmente siento que este es el tema de los derechos civiles de nuestra generación», dijo el domingo Delia Garza, la primera latina miembro del Ayuntamiento de Austin. «Esto se siente como un ataque a los latinos».

Los demandantes en el caso judicial incluyen el condado de El Paso, un sheriff que es un ex agente de la patrulla fronteriza, y las ciudades de Dallas, de Austin y de San Antonio. Sus abogados argumentan que la ley es inconstitucional por numerosas razones y dicen que amordaza a quienes la critican, atacando ilegalmente a los inmigrantes y a las grandes poblaciones latinas, y que es una «intrusión extraordinaria» en los derechos de los gobiernos locales para decidir cómo controlarán sus presupuestos, policías y cárceles.

Houston, la ciudad más grande del estado, dijo que también apoya la demanda.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, sostiene que la ley aprueba el derecho constitucional y tiene como objetivo asegurar que los delincuentes violentos y otros detenidos sean deportados de Estados Unidos.

Paxton dijo en los archivos de la corte que la ley no requiere que los agentes de policía inicien interrogatorios de inmigración o arrestos. Más bien, pide a la policía y a los custodios que cooperen con ICE de la misma manera que lo hacen con otras agencias policiales. Dijo que la ley protege a las víctimas y testigos.

Este mes, García falló en un caso separado contra una cárcel del condado en Texas que había detenido ilegalmente a un inmigrante en nombre de ICE.

Aunque impulsados por esa decisión, los abogados de los demandantes en el nuevo caso dicen que los asuntos relacionados con la ley de Texas son más amplios.

«El respeto de la ley podría enviar una señal terrible a otros estados que pueden promulgar leyes similares o incluso más draconianas», dijo Gelernt en una entrevista.

Varios estados han expresado su apoyo a las políticas de la administración Trump contra inmigrantes indocumentados, y algunos han prohibido las llamadas “ciudades santuario” que se niegan a cooperar con ICE.

Pero cientos de ciudades, pueblos y agencias policiales de todo el país han promulgado políticas para proteger a los inmigrantes de la deportación, en particular a los detenidos por delitos menores.

Trump hizo campaña contra las ciudades santuario y el 25 de enero emitió una orden ejecutiva para castigarlas. Esa orden ha sido bloqueada temporalmente en un tribunal federal en San Francisco.

Algunas ciudades de Texas dicen que la ley, si se mantiene, podría impulsar a las organizaciones deportivas y otros a boicotear al estado, similar al efecto de una controvertida ley de baño en Carolina del Norte.

La Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (American Immigration Lawyers Association) ha trasladado su conferencia de 2018 de Grapevine, Texas, a San Francisco debido a la ley.

(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)

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