El sistemático intento del gobierno de Trump de criminalizar a los inmigrantes, no es sólo un asalto a los derechos civiles de los nacidos fuera de Estados Unidos, pero un rumbo peligroso que ya está teniendo drásticas consecuencias en comunidades por todo el país, a medida que continúan los crímenes de odio contra los inmigrantes y contra quienes son percibidos como extranjeros.
Como un sindicato que aspira a honrar el lema “Unidos Somos Más Fuertes”, no podemos seguir callados mientras la sacrificada gente trabajadora y buena con profundas raíces en este país -nuestros compañeros y compañeras- son arriados como ganado.
El argumento a favor de estar unidos y ser más fuertes no es solamente moral, es también simple sentido común. Todo trabajador en nuestro país, sin importar su país de origen o su estatus migratorio, tiene derechos como ser humano y como trabajador. Si nosotros socavamos esos derechos al discriminar a los trabajadores debido a su estatus, estamos forzando a los trabajadores a recibir salarios subhumanos y a aceptar condiciones de trabajo inseguras. Eso, a su vez, debilita la posición de todos los trabajadores.
En contraste con esto, existe evidencia irrefutable que los trabajadores inmigrantes -incluidos los indocumentados que están acá “ilegalmente”- fortalecen a nuestro país con su trabajo, con el ejercicio de sus derechos y con los impuestos que pagan. Esta gente se merece respeto, no censura.
Nos referimos a personas como Juan Vivares, el amoroso padre de un bebé de 14 meses, que es esposo de Yahaira Burgos, una afiliada del sindicato 32BJ. Juan fue enviado a un centro de detención de inmigrantes a miles de millas de su familia y casi fue deportado, pese a no haber cometido ningún crimen y, a pesar de que su esposa e hijo son ambos ciudadanos de los Estados Unidos.
También hablamos de gente como Carlos Hernández, el muy querido administrador de un restaurante en el pueblo minero de West Frankfort, Illinois, quien enfrenta su deportación tras pasar una vida ofreciéndose como voluntario en todos los eventos comunitarios que pudo encontrar.
O nos viene a la mente José Escobar, habitante de Houston quien, a sus 31 años, es padre, está casado con una ciudadana americana y carece de antecedente criminales, pero fue deportado a El Salvador en marzo pasado.
Y no podemos dejar por fuera a afiliados de la SEIU como el Dr. Kamal Fadlalla, un inmigrante de Sudán de 33 años de edad, que está en el segundo año de su residencia en medicina interna en el Centro Interfaith Medical de Brooklyn y que es afiliado del sindicato CIR. Cuando la exclusión de musulmanes entró en vigencia, el Dr. Fadlalla estaba visitando a su familia en Sudán y se le prohibió retornar a los EE.UU. por más de una semana, hasta que una Corte Federal de Seattle ordenó que se le permita regresar al territorio estadounidense. El Dr. Fadlalla finalmente llegó al aeropuerto JFK el domingo pasado y fue recibido por sus colegas, sus compañeros del sindicato y funcionarios electos, todos ansiosos de verlo llegar.
Estas personas no son “los malos elementos”. Estos inmigrantes y millones de personas como ellos son la esencia de lo que engrandece a América. Nuestro deber como una organización que representa tanto a trabajadores inmigrantes como a los nacidos aquí, es unir nuestras voces para exponer esta agenda anti-inmigrante como una agenda anti-laboral.
Sabemos que cuando los trabajadores indocumentados sean legalizados y se protejan sus derechos, sus salarios y los salarios de los demás, aumentarán. Los trabajadores inmigrantes, con o sin documentos, generan $700 mil millones en actividad económica cada año. Legalizar a trabajadores indocumentados podría elevar esa cifra en momentos en que nuestra economía lo necesita tanto.
Según el Departamento de Trabajo, los trabajadores a quienes se les ofreció la ciudadanía mediante la legalización de 1986 han conseguido elevar sus ingresos en un 15 porciento, lo que tuvo un impacto positivo directo en estimular la economía. Es más, si se hubiera aprobado la reforma migratoria de 2006, esto hubiera generado $66 mil millones de ingresos, según cifras de la Oficina Presupuestal del Congreso.
La Seguridad Social hubiera sido uno de los tantos programas que se hubieran beneficiado de esto. La actitud del gobierno de Trump respecto a la inmigración se basa en la horrorosa noción de que América debería expulsar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de quienes han vivido y trabajado arduamente en el país por más de una década.
Esto es tanto impráctico como anti-americano y forma parte de un ataque sin precedentes contra las familias trabajadoras que ya está consiguiendo colocar a billonarios de las corporaciones en cargos de poder y dándoles acceso total a los lobistas corporativos; y que están desregularizando las industrias a expensas del pueblo y del planeta, a fin de eliminar barreras para que esta élite corporativa pueda seguir acumulando ganancias. Estos personajes están distrayéndonos de este saqueo al tratar de pintar a los inmigrantes, a los musulmanes y a la gente de color, como los enemigos, avivando temores y fomentando el caos en esas comunidades para forzarlos a irse del país.
En sus primeros cien días en la presidencia, el crudo trato que el gobierno de Trump tiene respecto a la inmigración, le ha dado a organizaciones como la nuestra un nuevo sentido del deber.
Nuestra unión se mantiene firme en su compromiso de representar a todos los trabajadores, al margen de su origen, estatus migratorio, raza, sexo, etnicidad, identidad u orientación sexual; y tenemos que asegurarnos que todos nuestros afiliados, sus familias y sus comunidades queden protegidos.
Fieles a este espíritu, convocamos a que el 1 de mayo la comunidad se movilice por los derechos de los millones de inmigrantes que trabajan y viven a escondidas, hombres y mujeres ansiosos y listos para ser participantes cabales de la recuperación y el futuro económico del país.
