Después de una batalla legal de 15 años, un jurado de los Estados Unidos comenzará este miércoles las deliberaciones para decidir si un contratista de seguridad estadounidense debe pagar o no los daños de hasta 2 mil agricultores ecuatorianos que alegan que fueron envenenados por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, por una campaña de erradicación de cocaína llevada a cabo durante años.
Durante un juicio de dos semanas que se llevó a cabo en Washington y culminó el jueves, una demanda en contra de DynCorb, compañía basada en McLean, Virginia, investigó uno de los legados amargos de la larga batalla de los Estados Unidos en contra de los carteles latinoamericanos y su propio apetito insaciable por las drogas.
Los demandantes, en su mayoría campesinos, representados por el group de Activistas de Derechos Internacionales, dicen que sus familias, animales y cultivos sufrieron daños colaterales por culpa de la fumigación aérea que se llevo a cabo de manera negligente usando glifosato, un ingrediente activo en el popular herbicida Roundup, cuando aviones de fumigación se desviaron hacia el sur sobre la frontera entre Colombia y Ecuador.
El grupo de derechos humanos dijo que la corporación americana debe considerarse responsable por su rol en los supuestos abusos por parte del Plan Colombia, un esfuerzo antidrogas de 10 billones de dólares lanzado en los años 90 que se convirtió en la iniciativa más grande de política extranjera por parte del gobierno en Suramérica, y que es reconocida por ayudar a un aliado democrático de los Estados Unidos a terminar con una guerra civil sangrienta.
En un primer juicio de prueba que involucra a seis agricultores ante el Juez del Distrito Ellen S. Huvelle, los demandantes sugirieron que se le debe entregar a cada uno de los agricultores un monto de entre 50 mil a 500 mil dólares, más indemnizaciones punitivas.
“Éste es un caso histórico”, dijo el abogado demandante y Director de Activistas de Derechos Internacionales, Terrence P. Collingsworth. “Un jurado finalmente decidirá si DynCorp realizó fumigación aérea con veneno tóxico… sobre miles de agricultores ecuatorianos, matando sus cultivos, sus animales, y causandomiseria a los campesinos y sus familiares”.
“Para DynCorp, negar su rol es pararse y rehusarse a tomar responsabilidad”, dijo el abogado defensor principal, Theodore J. Leopold, al jurado de 10 personas durante el alegato final.
El portavoz de DynCorp ha dicho que los problemas de salud experimentados por los agricultores fueron por otras causas, y que no hubo ninguna misión de fumigación con el herbicidas fabricado por Monsanto que fuera conducida cerca de la frontera de Putumayo sin la dirección y aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia.
En la corte, los abogados de la compañía dijeron que la firma no es responsable por los pilotos, que fueron contratados por un subcontratista o la Policía Nacional de Colombia, y negaron que hayan actuado de manera negligente o intencional para fumigar sobre los agricultores. Los abogados de la compañía también dijeron en la corte que no hay evidencia de que el rocío se desviara más de 150 pies de acuerdo a los parámetros de vuelo, ni en los tiempos y lugares que alegan los agricultores.
“Esta fue la política extranjera más importante de los Estados Unidos hacia Suramérica durante 20 años”, dijo a los jurados el abogado defensor principal, Eric G. Lasker. Dijo que los gerentes de DynCorp actuaron con un gran compromiso y cuidado, y que los valientes pilotos realizaron vuelos con riesgo a ser disparados por terroristas y guerrilleros. “Las operaciones areas funcionaron y todo fue un gran éxito”.
En los archivos y testimonios de la corte, los agricultores dijeron que las fumigaciones que comenzaron en enero de 2001 causaron problemas de salud severos en el norte de Ecuador, incluyendo la muerte de cuatro niños e casos de alta fiebre, vómitos, diarrea y problemas de piel.
La autoridades ecuatorianas reportaron en un punto que las fumigaciones generaron que al menos 60 por ciento de los campesinos de la frontera abandonaran sus haciendas y suspendieran el cultivo de banana, arroz y maíz. Las cosechas que incluían pimienta, piña y plátano también reportaron daños.
“El rocío de las fumigaciones estaba entrando a las casas y los tocaba mientras caminaban, como cuando llueve y el agua te toca. Así es como le llegó a mis hijos”, dijo Laura Sánchez, cuya hacienda se encontraba alrededor de una milla de la frontera, de acuerdo al testimonio de los archivos de la corte.
“La nube se movía hacia nosotros porque el avión pasó casi prácticamente encima de nosotros. No podíamos ver la nube pero podíamos sentirla en nuestros cuerpos”, dijo Edgar Alcazar acerca de las fumigaciones sobre sus tierras entre 2001 y 2006. “El spray tenía el mismo olor y la misma sustancia pegajosa sobre nuestra piel”.
La demanda, introducida el 11 de septiembre de 2011, alega que tiene las pruebas para mostrar el impacto que tuvo sobre civiles la herramienta de supresión de drogas utilizada por dos décadas por las autoridades de Estados Unidos y Colombia. Las fumigaciones aumentaron en 2006 cuando más de 405 mil acres fueron alcanzados, de acuerdo a data de la Casa Blanca.
El spray creado en los Estados Unidos ayudó a reducir temporalmente los terrenos que producían cocaína en Colombia, de un estimado de 400 mil acres en 2001 a menos de 120 mil acres en 2012, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, una letal campaña contra la insurgencia ayudó a que los rebeldes marxistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sentaran en mesas de negociaciones secretas con el gobierno.
Las fumigaciones aéreas provocaron la reacción de residentes rurales, sin embargo, cuando el cultivo de drogas se movió a áreas como parques nacionales y reservas indígenas, éstas fueron protegidas de las fumigaciones.
Con el apoyo del Presidente Juan Manuel Santos – quien recibió en Premio Nobel de la Paz el año pasado – el gobierno colombiano declaró la culminación de fumigaciones con glifosato 2015, citando preocupaciones por su relación con el cáncer.
Quienes se opusieron a la prohibición de las fumigaciones advirtieron que a pesar de que otros país productores de cocaína impiden las fumigaciones, la erradicación manual por parte de fuerzas terrestres eran peligrosas. Predijeron acertadamente que podría llevar a la recuperación de la producción de cocaína.
En 2013, Colombia aceptó pagar 15 millones de dólares a Ecuador y expandir las zonas en donde no se puede rociar el spray para llegar a un acuerdo en un alegato presentado en la Corte Internacional de Justicia de que las fumigaciones negligentes “causaron serios daños a personas, cultivos, animales y naturaleza del lado ecuatoriano de la frontera”.
El juicio en Washington fue seguido por años de debate legal, incluyendo una destitución por parte de otro juez en 2013, antes de que la Corte Federal de Apelaciones reviviera las demandas por agresión e imposición intencional de daño emocional.
Huvelle escribió acerca del juicio que “hay evidencia amplia” que sugiere que DynCorp y los pilotos “simplemente ignoraban (y a veces burlaban) el hecho de que los demandantes de áreas específicas de Ecuador se estaban quejando acerca de los vuelos de fumigación mal hechos por la compañía”, citando miles de fumigaciones que sobrepasaron los límites de velocidad, altura y mezcla.
“El hecho que los demandantes incluyan a campesinos pobres, que dependen de sus tierras para sobrevivir, y a niños indefensos hace que la negligencia de los demandados sea aún más indignante”, escribió Huvelle en septiembre.
DynCorp, privatizada en 2010 a través de un acuerdo de 1.5 billones de dólares hecho por el fondo de capital de Stephen Feinberg, Cerberus Capital Management, comenzó como una compañía de aviación y se convirtió en uno de los más grandes contratistas de seguridad de los Estados Unidos, apoyando las misiones aéreas del Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas.
