El presidente Donald Trump puede culpar a su propia retórica sobre los musulmanes por una serie de sentencias judiciales que bloquean su veto migratorio, incluyendo una decisión este miércoles en Hawái, donde un juez federal extendió su prohibición de la orden ejecutiva que veta a ciudadanos de varios países de viajar a Estados Unidos (EE.UU).
Entre las razones que citó el juez Derrick Watson en su fallo original en Hawái estaba que las “declaraciones públicas contemporáneas” de Trump ─ acerca de mantener a los musulmanes fuera de los Estados Unidos ─ sugerían que las restricciones de viaje “fueron publicadas con el fin de desfavorecer una religión particular, a pesar de su propósito declarado de ser religiosamente neutral”.
Ahora las amenazas de Trump contra determinadas “ciudades santuario” durante su campaña están regresando para atormentarlo en demandas que desafían otra orden ejecutiva: El ultimátum que amenaza con cortar el financiamiento federal a ciudades que “voluntariamente” no cooperan con oficiales federales persiguiendo inmigrantes indocumentados.
El último ejemplo viene en una demanda introducida por Seattle este miércoles, desafiando esa orden ejecutiva como inconstitucional.
Normalmente, Seattle hubiese tenido dificultades para conseguir que un juez federal considere siquiera los méritos de su reclamo porque los tribunales exigen una demostración de lesión antes de permitir que se inicie una demanda. Ni Seattle, ni ninguna otra ciudad, ha sido específicamente amenazada con un corte de fondos por parte de la administración.
En su demanda, sin embargo, Seattle está discutiendo que Trump tenía Seattle en mente cuando él emitió la orden y que la ciudad es de hecho específicamente amenazada por la orden. La evidencia viene, dice Seattle, de “la campaña electoral”.
En “la campaña electoral”, dice la demanda de la ciudad, “Trump hizo referencia a un homicidio de 2007 en Seattle en su aversión por las ciudades santuario”.
“En una entrevista con una estación de radio de Seattle el 29 de agosto de 2016, le preguntaron al demandado Trump sobre la política de ciudad del santuario de Seattle”, dice el expediente. “Él respondió que las ‘ciudades santuario’ están fuera… las ciudades santuario han terminado”. Él agregó que “el gobierno federal va a tener que involucrarse y va a tener que hacerlo muy fuertemente”.
En un discurso pronunciado en Everett, Washington, el 30 de agosto de 2016, dice la demanda: “El demandado Trump declaró que ‘también vamos a asegurar nuestra frontera para evitar que se esparzan las drogas’, y se refirió específicamente al área de Seattle”.
“La orden ejecutiva crea incertidumbre irresoluble en torno a si los fondos federales que actualmente benefician a todos los residentes de Seattle serán cortados si la ciudad es considerada una ‘jurisdicción de santuario’”.
Seattle espera recibir 150 millones de dólares en fondos federales este año, incluyendo 2.6 millones de dólares en subsidios del Departamento de Justicia.
“Seattle no será intimidada por esta Casa Blanca o esta administración y hoy estamos tomando acciones legales contra el orden inconstitucional del Presidente Trump”, dijo el alcalde Ed Murray en un comunicado anunciando la demanda.
Seattle es una de al menos tres docenas de ciudades que han presentado demandas, individual o conjuntamente, desafiando la orden ejecutiva contra las ciudades santuario. San Francisco, el condado de Santa Clara, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Oakland, Berkeley, California; Santa Ana, California; y Denver están entre los muchos demandantes.
La demanda de la ciudad y el condado de San Francisco, para la cual se estableció una audiencia el 14 de abril, también utilizó las palabras de Trump para justificar su posición para demandar.
“Por ejemplo”, se argumenta en el expediente, “en un discurso de campaña escrito que el entonces candidato Donald J. Trump dio el 31 de agosto de 2016, se refirió expresamente a San Francisco como una Ciudad Santuario”.
Citó también una entrevista de Trump con Breitbart News en la que, refiriéndose específicamente a San Francisco, calificó a las ciudades santuario de “un refugio seguro para los criminales … Es inaceptable, estaremos mirando a las ciudades santuario muy duro”.
Si estos y otros argumentos incluidos en las demandas resultan convincentes para los jueces federales aún está por verse.
La definición de ‘ciudad santuario’ varía de un lugar a otro, pero suele implicar una falta de voluntad, a veces consagrada en el derecho interno, de cooperar con el gobierno federal para entregar nombres de inmigrantes indocumentados encontrados por los funcionarios de la ciudad, mientras ejercen sus funciones o manteniéndolos bajo custodia para que los agentes federales puedan venir a buscarlos.
Seattle se considera una ciudad santuario debido a una ordenanza que prohíbe a los empleados de la ciudad preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que sea requerido por ley o por una orden judicial, según el Seattle Times.
Los demandantes generalmente presentan dos argumentos como apoyo de su reclamo de inconstitucionalidad contra la orden ejecutiva.
Uno de ellos es que al imponer una carga a las ciudades para que actúen en la asistencia de agentes de inmigración, el gobierno federal está “comandando” o efectivamente reclutando a funcionarios estatales y locales para que “hagan cumplir la ley federal”, como dice San Francisco en su demanda.
Ellos citan como precedente una opinión del Tribunal Supremo de 1997 acerca del control de armas escrita por el fallecido Juez Antonin Scalia, el modelo de la corte suprema de Trump. La ley federal de armas, el “Brady Bill”, obligó a la policía de todo el país a realizar verificaciones de antecedentes penales sobre los compradores de armas hasta que se pusiera en marcha un sistema federal de control.
La opinión de Scalia en el caso, llamada Printz vs. U.S., declaró que esto era “comisionamiento” federal hacia los funcionarios locales, lo que constituía una violación de la estructura básica del país de federalismo y soberanía estatal.
“Tenemos la ley de nuestro lado”, dijo el alcalde de Seattle, Murray. “El gobierno federal no puede obligar a nuestro departamento de policía a hacer cumplir la ley federal de inmigración y no puede usar nuestros dólares federales para obligar a Seattle a dar la espalda a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados. Simplemente no lo haremos”.
También citan la opinión del Juez John G. Roberts Jr. en el “caso Obamacare” (National Federal of Independent Business vs. Sebelius) declarando inconstitucional poner un “arma a la cabeza” de los estados amenazando con cortar cantidades de dinero ─en el caso de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo, fondos de Medicaid─ a aquellos estados que optaran por quedarse fuera de la expansión de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo con respecto a la cobertura de atención médica.
Sin embargo, que los jueces se ocupan de esas reclamaciones, dependerá en parte de sus respuestas a una pregunta clave: ¿Las ciudades, antes de que el gobierno haya amenazado con cortarles fondos, tienen derecho a demandar?
Y eso puede muy bien depender de la retórica de Trump.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
