Tras la toma de posesión de un nuevo presidente en Estados Unidos, el año 2017 presenta múltiples interrogantes para los inmigrantes en este país. Si bien nadie puede predecir las medidas que serán implementadas, algunos elementos pueden darnos pistas sobre cómo prepararnos. Por ejemplo, sabemos que es mucho más sencillo cambiar políticas migratorias que fueron creadas por decretos presidenciales (como DACA, dirigido a los dreamers, o la política de “pies secos, pies mojados”, que beneficiaba a cubanos), que cambiar leyes creadas por el Congreso (como la amplísima Ley de Inmigración y Nacionalidad o las leyes de protección para víctimas de tráfico). También tenemos algunas pistas basadas en posturas y comentarios a la prensa del presidente electo y su potencial gabinete. El impacto a distintos grupos de América Latina puede variar en magnitud.
Cubanos y pies secos, pies mojados
Podemos empezar con lo que ya ha cambiado. El Presidente Obama decidió cancelar la política conocida como “pies secos, pies mojados”, implantada en 1995 por el Presidente Bill Clinton. Como parte de los profundos cambios diplomáticos que Obama protagonizó en relación a Cuba, esta nueva medida haría mucho más complejo para que los cubanos sean admitidos en los Estados Unidos, pues ahora serán tratados de la misma forma que los migrantes de cualquier nacionalidad. Se estima que en los últimos 3 años más de 45 mil cubanos se beneficiaron de esta política y que muchos otros se quedaron en distintos países de Latinoamérica, tras iniciar un viaje que ahora se hace mucho más difícil culminar en este país. Sigue vigente la Ley de Ajuste Cubano (que permite a los cubanos que fueron admitidos o “paroled” en Estados Unidos obtener una residencia tras un año y un día), pero es posible que el Congreso la revoque en el corto o mediano plazo.
Dreamers y DACA
Un grupo vulnerable está compuesto por los casi un millón de personas con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Niñez), pues las posturas declaradas de la nueva administración indican que van a eliminar esta acción ejecutiva aprobada por el Presidente Obama en 2012. Los conocidos como dreamers (por las iniciales en inglés de un proyecto de ley que ha sido intorducido múltiples veces en el Congreso desde 2001 y nunca ha sido aprobado) están conformados mayormente por latinoamericanos. Entre las principales 18 naciones de origen, 12 son de América Latina: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay y Bolivia (cabe destacar que los mexicanos son más que todos los demás combinados). El próximo presidente puede cancelar DACA de un plumazo, pero en el Congreso una coalición bipartidista ya introdujo un proyecto de ley (BRIDGE) diseñado para proteger a esta población de forma temporal. Se recomienda a quienes tengan DACA que, aún con un permiso de viaje (advance parole), no realicen ningún viaje fuera de los Estados Unidos por ahora.
El Triángulo Norte de Centro América
En los últimos tres años también hemos presenciado un aumento significativo en el número de familias y menores no acompañados que vienen del triángulo norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Salvador). La mayoría huyen de la violencia que ocurre en estos países, cuyos índices de homicidios per cápita está entre los más altos del planeta. La administración de Obama ha diseñado varias políticas relacionadas con esta crisis humanitaria como campañas publicitarias en Centro América para disuadir a los potenciales migrantes, prácticas de detención a los migrantes que rayan en violaciones a derechos humanos, designar la deportación de muchos de estos migrantes como “prioritaria” y acelerar los procesos en cortes y entes administrativos. También desarrollaron políticas de protección a refugiados en Centro América, como el Programa de Refugiados para Niños Menores en Centro América y un acuerdo de transferencia de refugiados de Centro América con el gobierno de Costa Rica y agencias de la ONU. La nueva administración no ha dado pistas sobre cómo actuará con relación a la crisis humanitaria en Centro América, pero sí ha hecho múltiples comentarios alarmantes en relación a refugiados, en particular en referencia a los provenientes de países de mayoría islámica. Se prevé que se reduzcan de forma substancial los fondos para proteger y trasladar refugiados, lo cual pudiera repercutir con los programas diseñados por la administración de Obama, aunque los mismos tienen un impacto modesto: se calculan 10 mil aplicaciones bajo el Programa de Refugiados para Niños Menores en Centro América y el acuerdo de transferencia de refugiados con Costa Rica y agencias de la ONU es muy reciente para tener datos completos.
Los mexicanos y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
Una de las principales promesas de campaña del presidente electo está relacionada con regresar trabajos a Estados Unidos, principalmente de México bajo la amenaza de sanciones, impuestos y “renegociar” el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). En 2015 Estados Unidos aprobó cerca de 200.000 visas de trabajo para ciudadanos mexicanos, de las cuales poco más de 20.000 estaban relacionadas al TLCAN. Pero hay muchas otras formas en las que potenciales cambios al TLCAN y otras medidas proteccionistas pudieran afectar los patrones migratorios, pues millones de trabajos en el sector industrial dependen de este tratado y son impredecibles los efectos económicos que pueden generar nuevas medidas. Asimismo, el Presidente no puede cambiar un tratado de un plumazo, como sí puede hacer con acciones ejecutivas de Presidentes anteriores, pues los mismos requieren de negociaciones con las contrapartes, que en el caso del TLCAN son México y Canadá.
Estatus Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)
El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua están entre los países del hemisferio con una protección temporal conocida como “TPS”. Se estima que entre estos países suman 300.000 personas con TPS, siendo la amplia mayoría salvadoreños. Generalmente cada 18 meses se determina si se extiende la designación, que se ha aprobado sin ininterrupción desde 1999 para Honduras y Nicaragua, 2001 para El Salvador y 2011 para Haití. Sin embargo, en Julio de 2017 sabremos si la nueva administración decide extender esta protección para los haitianos, y esto nos dará una clara indicación de qué esperar en enero de 2018, cuando expira la designación de Honduras y Nicaragua. Para El Salvador expira en Marzo de 2018. Es razonable recomendar que quien tenga TPS y pueda obtener, por ejemplo, una residencia por petición familiar, que lo haga antes de la fecha de expiración.
Solicitantes de asilo de Venezuela
A medida que una crisis humanitaria se ha profundizado en Venezuela, el número de solicitantes de asilo provenientes de este país ha aumentado de forma dramática en Estados Unidos. La oleada de venezolanos que se declaran refugiados empezó en Febrero de 2014, solo para ese mes se recibieron 92 aplicaciones de asilo. Pero cada mes aumenta el número de forma exponencial, llegando a sobrepasar las 1.600 aplicaciones nada más en Agosto pasado. Durante 2016, Venezuela fue el segundo país de origen con más solicitantes de asilo afirmativo en todo Estados Unidos, solo detrás de China. Considerando que el promedio para cada aplicación puede rondar las 3 personas, solo desde 2014 hay más 25.000 aplicaciones y 75.000 venezolanos en Estados Unidos solicitando asilo. Las peticiones de asilo son reguladas bajo la Ley de Inmigración y Naturalización, por lo que un cambio debe venir del Congreso y esto es difícil de prever. Si bien la administración puede desarrollar y cambiar criterios para aprobar casos de asilo, la supervisión de las cortes sobre tales criterios genera que estos sean cambios muy lentos e impredecibles. Lo que pudiera ocurrir es un cambio en la forma en que acuerdan la admisión de turistas o aprueban ciertos tipos de visas.
Deportaciones
Durante una entrevista tras su victoria electoral, el presidente electo indicó que la prioridad de su administración sería deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Sin embargo, estas cifras carecen de rigurosidad. Según reportes del Department of Homeland Security, existían para 2013 1,9 millones de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero muchos de estos inmigrantes no eran “indocumentados”, un alto porcentaje estaba compuesto por personas con residencia permanente o algún tipo de visa. Así que las cifras del presidente electo no concuerdan. Lo que sí pareciera ser una continuación de la administración de Obama es el enfoque en deportaciones a personas con antecedentes criminales, ya que la misma ha reportado que el 59% de los deportados en los últimos 8 años son criminales. La preocupación de muchas organizaciones pro-inmigrantes se genera en que la falta de rigurosidad de la nueva administración les lleve a mezclar números (inmigrantes documentados con indocumentados) y a ser más laxos con el concepto de lo que es considerado un “criminal”, para aumentar artificialmente el número de personas que terminarían siendo prioridad de deportación. Asimismo, los esfuerzos para involucrar a las policías locales en la búsqueda de inmigrantes y la amenaza de cortar fondos a las ciudades que se declaren “santuario de inmigrantes” amenaza con generar conflictos y resistencia civil.
