WASHINGTON – El Concejo Municipal del Distrito de Columbia aprobó el martes un plan que proporcionará a los trabajadores del sector privado una de las más generosas licencias de trabajo remuneradas de la nación, sea por razones familiares o médicas, repeliendo así una revuelta de última hora de parte de la cúpula empresarial de la ciudad y la Alcaldesa Muriel Bowser.
El proyecto de ley, aprobado por un margen a prueba de veto de 9 a 4, garantiza ocho semanas de permiso remunerado a los nuevos padres, seis semanas a los trabajadores que cuidan a los miembros de la familia enfermos y dos semanas de permiso si es por causa de una enfermedad personal.
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Una mujer carga a su hijo durante la campaña a favor de la Ley de Permiso de Trabajo Remunerado en el Distrito de Columbia.
Para pagarlo, la ciudad recaudará un nuevo impuesto sobre la nómina del 0,62 por ciento a los pequeños y grandes empleadores para generar 250 millones de dólares anuales, los cuales serán distribuidos por una agencia del gobierno de la ciudad.
El impuesto desencadenó una intensa campaña de presión la semana pasada, liderada por los principales empleadores de la ciudad, así como por la Cámara de Comercio del Gran Washington, la Cámara de Comercio de D.C. y el Consejo Federal de la Ciudad. Esos grupos argumentaron que la ciudad simplemente debería ordenar que los empleadores proporcionen permiso remunerado y les permita decidir cómo financiarlo.
Muchos de los grandes empleadores de la ciudad ya ofrecen algún tipo de permiso, y rechazaron la idea de pagar impuestos para crear un fondo que permitiera a las pequeñas empresas ofrecer beneficios similares a sus empleados.
La aprobación del proyecto de ley fue un triunfo para los legisladores progresistas del Concejo Municipal y su presidente, el demócrata Phil Mendelson, un arquitecto clave de la normativa. Y marcó un grave revés para Bowser, también demócrata, y un nuevo desgaste en su ya antagónica relación con Mendelson.
En una declaración emitida después de la votación, la Alcaldesa dijo que no firmaría la legislación, pero no indicó si la vetaría. El proyecto de ley puede convertirse en ley incluso sin su firma.
También envió un golpe directo a Mendelson.
“Hoy, el presidente Mendelson y el Concejo aprobaron un aumento de impuestos de 250 millones de dólares para beneficiar principalmente a los residentes de Maryland y Virginia”, escribió Bowser, resaltando el hecho de que dos tercios de los trabajadores de la ciudad viven fuera del Distrito.
“Es incorrecto aumentar los impuestos del Distrito para financiar un costoso y nuevo programa gubernamental que envía 66 por ciento de los beneficios fuera de la ciudad y deja atrás a las familias del Distrito. ¿Si el Concejo quiere recaudar 250 millones dólares en nuevos impuestos, no debería centrarse en los residentes del Distrito y sus necesidades?”
Algunos líderes empresariales se quejan del peso acumulado de las regulaciones de trabajo y los impuestos que la ciudad está acumulando sobre ellos y dicen que un nuevo impuesto sobre la nómina ahuyentará a las compañías del Distrito.
El proyecto de Ley de Permiso de Trabajo Remunerado ganó la aprobación preliminar del Concejo a principios de este mes. Pero en vísperas de la votación final, parecía estar en peligro, ya que los miembros del Concejo Jack Evans (Demócrata) y Mary Cheh (Demócrata) anunciaron inesperadamente una propuesta alternativa apoyada por Bowser y los principales grupos empresariales del Distrito.
Su plan habría obligado a los empleadores a proporcionar la misma cantidad de permisos, pero les hubiese ahorrado el alza de impuestos, y habría ofrecido a los pequeños empleadores un crédito fiscal de 200 dólares por empleado en lugar de los beneficios financiados por el gobierno.
Los grandes empleadores ─muchos de los cuales ya ofrecen beneficios generosos por vacaciones remuneradas y no se ven afectados por la nueva ley─ habían estado impulsando propuestas similares durante meses. En un anuncio de página completa en las ediciones del martes de The Washington Post, las asociaciones que representan restaurantes, hoteles, estacionamientos, universidades, hospitales y otros negocios escribieron una carta al Concejo en el que decían que el “mandato del empleador” era un enfoque “mejor, más rápido y más barato” de ofrecer para una licencia universal remunerada.
El Concejal Kenyan McDuffie (Demócrata), quien emitió uno de los votos decisivos para el proyecto de ley, envió una sombría nota en medio del júbilo de los partidarios del proyecto de ley, diciendo que todavía tenía preguntas sobre las propuestas de permiso remunerado y que la ley que finalmente apoyó tendría que ser perfeccionada en los próximos años antes de ser implementada.
“Va a ser un grave impuesto con graves consecuencias para nuestra comunidad empresarial”, dijo McDuffie. “La conclusión es que va a haber un trabajo serio que debe hacerse”.
Janene Jackson, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de D.C., dijo que los dueños de negocios en la ciudad seguirían oponiéndose a la ley y pedirían a Bowser que la vete.
“El hecho de que piensen que las empresas tienen la capacidad de absorber un impuesto adicional y que esto no va a afectar el empleo es insólito”, dijo. “No hay forma de que la comunidad de negocios de D.C. cargue con esto, esta es la batalla, no es la guerra”.
Mendelson había sostenido que un impuesto general era la única manera de asegurar que las pequeñas empresas pudieran ofrecer permiso de trabajo remunerado comparable al de los empleadores más grandes.
Él dijo que bajo el proyecto de ley alternativo los créditos tributarios no serían suficientes para compensar el costo de proporcionar permiso remunerado, que incluso para un empleado individual, de salario mínimo podría llegar a miles de dólares al año.
“El esfuerzo por evitar el impuesto crea una enorme carga para las pequeñas empresas”, dijo.
Incluso si el Concejo anula un veto de la Alcaldía, la cooperación de Bowser seguirá siendo crítica para el éxito del programa de licencia remunerada, ya que se le encargará llevarla a cabo. La ciudad tendrá que reservar 40 millones de dólares el próximo año para comenzar a establecer un sistema tecnológico para administrar los nuevos beneficios.
La legislación sobre los permisos remunerados fue una muestra del impulso que ha tomado la facción progresista del Concejo, que en los últimos dos años se ha enfocado en combatir la desigualdad económica a través de una agenda alineada con la de los demócratas de izquierda en todo el país.
El proyecto de ley fue presentado originalmente por los Concejales David Grosso (Independiente) y Elissa Silverman (Independiente), progresistas que están cada uno en su primer mandato.
Debra Ness, presidenta de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias, dijo en un comunicado que el Concejo de DC “mostró un liderazgo real al aprobar un histórico seguro de licencia médica o familiar remunerada que beneficiará a los trabajadores y familias del Distrito de Columbia, empresas de todos los tamaños y la economía local”. Ness pidió a Bowser que firmara la legislación.
Algunos Concejales que se opusieron al proyecto de ley fueron menos optimistas. La Concejal LaRuby May (Demócrata) dijo que dudaba de que los pobres y afroamericanos que predominantemente residen en los barrios del sureste que ella representa vean mucho beneficio de la ley, a pesar de que está dirigido específicamente a los trabajadores de bajos salarios.
“Es increíble que estemos dispuestos a tener ahora un impuesto adicional donde el premio de consolación es que dos tercios del nuevo beneficio se destinará a los residentes de Virginia y Maryland”, dijo May.
“Un voto de apoyo a esta legislación es un voto contra los residentes de Ward 8”.
Bajo el plan aprobado por el Concejo Municipal, la ciudad reembolsaría a los empleados el 90 por ciento de sus primeros 900 dólares en un pago semanal y el 50 por ciento de su salario en las siguientes semanas, con un límite de 1.000 dólares por semana. El director financiero de la ciudad estima que se podría comenzar a ofrecer esos beneficios durante el año fiscal 2019.
Los beneficios no se aplicarían a los trabajadores federales, o a las 35.000 personas empleadas por el gobierno del distrito.
