El diario Boston Herald informó esta mañana que la gobernación de Charlie Baker ha decidido revertir la política de Deval Patrick que impedía a la Policía estatal detener a inmigrantes indocumentados por solicitud de las autoridades de inmigración.
Esta medida entraría en efecto a partir de hoy, según informó el Herald, y otorga potestad a los oficiales de Policía para solicitar documentación cuando se haga alguna detención a inmigrantes en nuestro estado.
Lucy Pineda, activista comunitaria local, ha criticado fuertemente esta decisión: «Esto trae mayor intimidación y temor a las familias, y esto va a traer un efecto grande en nuestra comunidad», afirma. «No es justo que tengamos que regresar a una medida retrógrada que creíamos que ya había sido superada».
Baker, en una entrevista con el Herald, dijo que su administración ha tenido «largas conversaciones» con funcionarios locales que han trabajado con oficiales federales -incluyendo zonas como Chelsea, donde hay muchos inmigrantes- para abordar preocupaciones «históricamente planteadas en formas inapropiadas».
«Creo que esto logra el equilibrio correcto», dijo Baker, añadiendo que la política tiene la intención de centrarse en los que «representan una amenaza significativa» para la seguridad pública.
Sin embargo, activistas comunitarios y defensores de los inmigrantes que están en contra del programa «Comunidades Seguras» sostienen que esta medida podría generar más miedo dentro de la comunidad.
«Los inmigrantes sin papeles hasta tienen miedo de denunciar cualquier crimen que ven por miedo a que les pidan los papeles», explica Pineda.
¿ES ESTO EL REGRESO DEL PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS?
No. El polémico programa federal de Comunidades Seguras finalizó en enero de 2015, para dar paso al Programa de Ejecución Prioritaria, conocido por sus siglas en inglés como PEP donde la prioridad para las deportaciones son los inmigrantes indocumentados con récords criminales y sospechosos de terrorismo.
El programa Comunidades Seguras era muy controvertido, porque bajo su amparo se habían producido la deportación de miles de personas sin récord criminal o que habían cometido sólo faltas o delitos menores.
