Este artículo fue traducido por Tibiay Zea de El Planeta para el New England Center for Investigative Reporting, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro con sede en Boston University y WGBH News. La versión original fue escrita por el reportero Shawn Musgrave.
La Policía de Boston confirmó que ha implementado dispositivos para hacer seguimiento en secreto a información contenida en teléfonos celulares en tiempo real, una práctica controvertida que algunos critican alegando que invade la privacidad de los ciudadanos y los derechos constitucionales. El ex comisionado de la policía de Boston, Edward Davis, firmó un acuerdo con el FBI en 2013 para obtener los sistemas de seguimiento de teléfonos celulares, documentos que fueron obtenidos por un activista de la privacidad en respuesta a una solicitud de registros públicos.
Esta es la primera confirmación oficial de que la Policía de Boston es una de las decenas de agencias del orden público en todo el país que implementa la polémica tecnología. Mientras que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que esta práctica es fundamental en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, los críticos dicen que la falta de transparencia ha permitido una vigilancia a la deriva en investigaciones de rutina sin debate abierto. En otras ciudades, como Baltimore y Chicago, jueces y defensores públicos han expresado su preocupación cuando se les han ocultado las prácticas de seguimiento de teléfonos celulares.
“Creo que nuestros funcionarios electos, quienes nos representan, no pueden tomar decisiones acerca de la tecnología que tengan implicaciones sustanciales en la privacidad si no saben nada al respecto”, opina Mike Katz- Lacabe, el activista de la privacidad que recibió los documentos de la Policía de Boston por correo. La Policía no ha respondido a las preguntas sobre cuán frecuente hace seguimiento a los teléfonos celulares o en qué tipo de investigaciones, ni han proporcionado documentación de cuántos equipos posee su departamento. Los sistemas de seguimiento de teléfonos celulares se utilizan ampliamente para localizar las fuentes de las llamadas al 911. Pero la policía puede utilizar rastreadores más específicos para identificar sospechosos o controlar los movimientos de un individuo con mayor precisión.
Funcionarios de la policía de Boston insisten en que divulgar cualquier información sobre el seguimiento de teléfonos celulares implica comprometer la seguridad pública. Pero después de dos conflictos sobre este tema (uno por este reportero y otro por Katz-Lacabe, en California), el departamento tuvo que ceder y revelar un documento.
Tras firmar un acuerdo de seis páginas, la policía de Boston recibió la aprobación federal final en junio de 2013 para la compra de dispositivos, conocidos como simuladores de celular, que imitan a las torres de telefonía celular.
Los simuladores obligan a los dispositivos cercanos móviles a conectarse, ofreciendo a policía la ubicación específica de cada teléfono. Los sistemas también son conocidos como “StingRays”, la marca más conocida que los fabrica.
El FBI ha utilizado simuladores de sitios de celular por lo menos desde 1995 y se cuida mucho de no divulgar los detalles de esta tecnología. Como parte de un acuerdo entre el FBI y Harris Corporation (el fabricante de la línea de productos de StingRay, cuya sede está en Florida), cualquier agencia estatal o local que busque comprar este sistema debe firmar un acuerdo de confidencialidad con el FBI.
El acuerdo de confidencialidad de Boston ahora es de dominio público, como resultado de las dos solicitudes de documentos. Entre otras disposiciones, el acuerdo prohíbe al departamento compartir cualquier información relacionada con las personas a quienes se les está haciendo seguimiento de sus teléfonos celulares, ni desplegarla al público o a cualquier entidad que no esté relacionada con el cumplimiento y aplicación de la ley.
“La publicación de la existencia y la capacidad que tienen dichos equipos revelaría capacidades tecnológicas sensibles que tienen en su poder las fuerzas del orden público y que pueden permitir que las personas que son objeto de una investigación […] no puedan ser identificadas por la policía”, según se lee en el acuerdo. Tal vez lo más polémico es que el acuerdo requiere a la Policía de Boston notificar al FBI si algún fiscal tiene la intención de revelar información confidencial a los tribunales, y desistir de esos casos si el FBI determina que tal divulgación podría comprometer la tecnología.
El documento indica que el ex comisionado Davis firmó el acuerdo de no divulgación a finales de junio de 2013, unas semanas después del atentado del maratón de Boston. Un puñado de detectives de la Policía también firmaron el acuerdo, al igual qeue un teniente de la policía estatal. Durante el año pasado, periodistas y defensores de las libertades civiles obtuvieron documentos idénticos por parte de oficiales del orden público en Chicago, Tacoma, Minnesota y más de una docena de otras jurisdicciones. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York obtuvo la primera copia sin editar en abril, tras una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Erie, bajo el estatuto de registros públicos de Nueva York.
El FBI se niega a indicar cuáles agencias en todo el país han firmado un acuerdo de este tipo, o a indicar cuántos de ellas lo han hecho. En junio de 2014, la Policía del estado de Massachusetts dijo a la ACLU de Massachusetts que no tenía ningún simulador de sitio de celular.
La Policía de Boston trató vigorosamente de rechazar numerosas solicitudes que pedían el registro de los seguimientos de celulares que han hecho. Cabe destacar que en las cartas de rechazo a tales solicitudes, la Policía cita mucho el propio acuerdo de confidencialidad.
En febrero, los abogados de la Policía de Boston afirmaron en términos generales que todos los registros relacionados con los simuladores de sitio celular eran inmunes a la ley de registros públicos de Massachusetts, porque su liberación “perjudicaría la posibilidad de la aplicación efectiva de la ley”. Cuando la autoridad registros estatales exigió justificación adicional, la Policía respondió que la liberación de los documentos tornaría a los seguidores de teléfonos celulares “esencialmente inútiles”.
El estado encontró el argumento del departamento insuficiente, y ordenó que los documentos fueran dados a conocer a finales de septiembre. En una carta de fecha 6 de noviembre, la Policía de Boston liberó a regañadiente el acuerdo de confidencialidad a Mike Katz-Lacabe, un activista que reside en San Leandro, California.
“Contrariamente a la postura del Departamento, la División de Registros Públicos del Commonwealth ha permitido su apelación y ordenó la liberación de los materiales solicitados”, escribió Nicole Taub del Departamento de Policía de Boston.
Katz-Lacabe publicó el documento online. Grupos a favor de libertades civiles en Massachusetts saludaron la divulgación como un paso inicial.
“Estamos complacidos de que el Departamento de Policía de Boston haya lanzado finalmente este documento al público, al lugar donde pertenece”, dijo Kade Crockford de la ACLU de Massachusetts. “Estamos ansiosos de aprender más sobre cómo la Policía ha utilizado StingRays, incluyendo en qué tipos de investigaciones se ha implementado esta tecnología, con qué fines y con qué autoridad legal”.
El año pasado, activistas de Black Lives Matter en Chicago alegaron que la Policía usó un StingRay para monitorear sus protestas. En Baltimore, la Policía ha usado esta tecnología en investigaciones en una amplia gama de crímenes: desde secuestros hasta robos, de acuerdo con una investigación de USA Today. Defensores de las libertades públicas en Baltimore están revisando más de 2000 casos en los que la Policía pudo no haber revelado el uso de estos dispositivos a los abogados de los sospechosos.
Tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional han revisado las directrices en los últimos meses para hacer frente a cómo sus agentes pueden realizar un seguimiento de los teléfonos celulares. Excepto en circunstancias extraordinarias, las nuevas normas requieren la obtención de una orden judicial, que antes no era necesaria. California, Virginia y Washington promulgaron una legislación este año para exigir garantías al seguimiento de teléfono celular por parte de la policía, al igual que lo hicieron Minnesota y Utah en 2014.
La Policía de Boston todavía no ha proporcionado detalles sobre los protocolos del departamento para el despliegue de la información como parte de las investigaciones.
