BOSTON – Los miembros de la Alianza por Puerto Rico (AFPR), un grupo de funcionarios electos de Massachusetts, líderes sindicales, y defensores de la comunidad profundamente preocupados por la actual crisis financiera en Puerto Rico, tomaron medidas el jueves 10 de septiembre para crear conciencia de la crisis que se encuentra impactando personalmente a muchas de las familias de los 280,000 residentes de Massachusetts que se identifican como puertorriqueños.
Los miembros del grupo entregaron una carta el jueves en la mañana a Roger Crandall, Presidente y Director General de MassMutual Life Insurance Company, después de su discurso en el Foro de la Cámara de Comercio en el Hotel Four Seasons. Una de las subsidiarias de MassMutual es OppenheimerFunds, que tiene un gran porcentaje de la deuda de Puerto Rico, y está entre las voces más fuertes con respecto a tomar medidas de austeridad en la isla.
En la carta, los miembros del grupo le pidieron a MassMutual que se pusieran de acuerdo con las siguientes disposiciones fundamentales para detener la hemorragia de recursos causada por la deuda actual y ayudar a Puerto Rico en la planificación de una economía más sostenible.
- Cesar el apoyo a las medidas de austeridad que afectan negativamente a las familias de Puerto Rico al recortar servicios públicos;
- Trabajar con el gobierno de Puerto Rico para reestructurar su deuda y para que los pagos estén estructurados de una manera que alivie la gran carga que sienten las familias puertorriqueñas y permita la sostenibilidad económica de la isla;
- Abstenerse de seguir las órdenes judiciales que obligan el pago de la deuda hasta que esta sea reestructurada.
Sandra Alvarado de Alianza por Puerto Rico entregando una carta a Roger Crandall, Presidente y Director General de MassMutual Life Insurance Company, después de su discurso en el Foro de la Cámara de Comercio en el Hotel Four Seasons. | FOTO: Alianza por Puerto Rico para EL PLANETA
“La postura y la insistencia de OppenheimerFunds para recibir el pago está causando un tremendo dolor a las familias trabajadoras puertorriqueñas de la isla”, dice la carta de APPR. “Para afrontar los pagos onerosos de su deuda, la población de la isla ha tenido que soportar grandes aumentos de impuestos y recortes significativos de los servicios públicos, incluyendo el cierre de más de 100 escuelas este año. Estas acciones han llevado a decenas de miles de puertorriqueños a irse de la isla, agotando la base de impuestos de la isla y poniendo a familias en situaciones peligrosas en su intento de reiniciar sus vidas en los Estados Unidos”.
El miércoles 9 de septiembre, el gobernador de Puerto Rico anunció un plan inicial de medidas de austeridad para comenzar a satisfacer algunas de las obligaciones de la deuda.
“El plan de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Puerto Rico esta semana sigue de cerca las recomendaciones de los fondos de cobertura y otros inversionistas de la deuda pública de la isla de 72 billones de dólares, y muestra la implacable presión que las instituciones financieras como MassMutual y su OppenheimerFunds están poniendo en las espaldas de las familias trabajadoras puertorriqueñas”, dijo Otoniel Figueroa-Duran, director de la división comercial de SEIU 32BJ por el Distrito 615. “Estos inversionistas han alimentado los recortes de impuestos y beneficios creados por la situación legal y fiscal única de Puerto Rico, y pueden actuar con mayor responsabilidad para asegurar una economía más sostenible para los hombres y mujeres trabajadores de Puerto Rico”.
La crisis actual es el resultado de más de 30 años de problemas acumulados relacionados con el deterioro gradual de la economía real (de tipo agrícola y de base manufacturera) y su sustitución con herramientas financieras de alto riesgo, la inversión en bienes raíces, el alto nivel de turismo y una mezcla de actividades económicas clandestinas. Estos cambios fueron acompañados por la externalización gubernamental de actividades y servicios tradicionales.
“Nuestras familias y amigos en la isla están sufriendo”, dijo Sandra Alvarado, defensora local y miembro de APPR. “Puerto Rico está siendo aplastado por la deuda y el estancamiento económico. La tasa de pobreza actual es de un 44.9%, casi el doble de la tasa de pobreza de los estados más empobrecidos de los Estados Unidos. Y con una tasa de desempleo de 14%, y el éxodo masivo hacia los Estados Unidos, esta crisis económica tendrá grandes implicaciones”.
La isla tiene más de 72 billones de dólares de deuda pendiente, con un ratio de deuda/PIB de alrededor del 68%. Los fondos de cobertura poseen entre 20 y 50% de la deuda pública de Puerto Rico. El 3 de agosto de 2015, Puerto Rico dejó de pagar los bonos de 58 millones de dólares de la Corporación para el Financiamiento Público, una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento.
Puerto Rico, que se convirtió en un territorio de los Estados Unidos en 1898 después de la guerra con España, no puede presentarse legalmente en bancarrota, como lo han hecho ciudades estadounidenses como Detroit frente a crisis fiscales similares.
“Negar a los residentes de Puerto Rico una mano amiga en esta crisis es negar a los ciudadanos americanos la red de seguridad económica que necesitan”, dijo Félix D. Arroyo, Encargado del Tribunal Testamentario del Suffolk County y miembro de AFPR.
Alianza por Puerto Rico es un grupo de puertorriqueños y aliados que viven en Massachusetts, incluyendo funcionarios electos, líderes sindicales, y defensores de la comunidad que están profundamente preocupados por la situación actual de Puerto Rico. Ellos representan a casi 280,000 resientes de Massachusetts que se identifican como puertorriqueños y que han sido personalmente afectados por el empeoramiento de las condiciones económicas de la isla. En los próximos meses, el grupo también estará trabajando para organizar el apoyo e impulsar una serie de acciones que incluyen:
- Una auditoría pública de la para comprender plenamente el alcance de la crisis y el papel desempeñado por los fondos de inversionistas.
- Evitar las medidas de austeridad de corto plazo, como la reducción del salario mínimo y recortar Medicaid y otros beneficios.
- Un plan de desarrollo económico integral a largo plazo que invierta sabiamente en la infraestructura de Puerto Rico y cree una economía que funcione para las familias trabajadoras.
- La lucha contra los esfuerzos de los portadores de bonos demandar al gobierno con el fin de evitar que aquellos que se han beneficiado de la situación de Puerto Rico empeoren la crisis de la isla.
