Se cree que durante la Guerra Revolucionaria de Estados Unidos, George Washington ordenó elevar la primera bandera de Estados Unidos en el tope de Prospect Hill, en Somerville. El 1 de enero de 1776 la «Grand Union Flag», como se le llamaba, fue izada en el mástil de un barco en el tope de esta colina.
Doscientos treinta y ocho años después, Somerville vuelve a hacer historia nacional con la decisión del alcalde Joe Curtatone, quien tuvo la valentía de ser el primero en prohibir oficialmente a sus efectivos de policía detener a inmigrantes indocumentados que no posean antecedentes criminales.
Curtatone firmará una orden ejecutiva que limita la participación de Somerville en el programa Comunidades Seguras que, de acuerdo con su opinión, ha ocasionado “inseguridad en las comunidades, ha roto familias y ha deportado a personas sin historial criminal”.
Comunidades Seguras (Secure Communities) es un programa de inmigración creado en 2012 mediante el cual se estipula la colaboración de las fuerzas policiales federales, estatales y locales con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar a extranjeros que han sido arrestados o detenidos para proceder, en determinados casos, a su deportación.
A consecuencia de esta colaboración, cuando una persona es arrestada (aunque luego no sea encontrada culpable de ningún delito o falta) o detenida por cualquier motivo se le toman las huellas digitales y otros datos biométricos. Estos datos se envían a una base de datos del FBI, para comprobar si esa persona tiene antecedentes criminales o es buscada por las fuerzas del orden. Pero además, el FBI las reenvía aI ICE que, con esos datos podrá saber si la persona arrestada o detenida ha cometido alguna infracción migratoria.
«Al igual que muchas de las acciones de inmigración, Comunidades Seguras comenzó con la mejor de las intenciones», dijo Curtatone a El Planeta en una entrevista exclusiva en el ayuntamiento de Somerville. «Pero en la práctica, este programa sólo ha destrozado familias que no han cometido ningún delito. Se deporta a individuos que han sido respetuosos de la ley por delitos tales como una luz trasera del vehículo rota».
En el ámbito nacional, la mitad de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras en todo el país no tienen antecedentes penales. En Massachusetts, se han registrado más de 1.000 deportaciones desde que el programa fue implementado hace dos años, y el 61 por ciento de las personas deportadas no tienen antecedentes penales. En algunas ciudades y pueblos de Massachusetts, la cifra se eleva al 79 por ciento.
“Practiqué el derecho penal durante 10 años antes de convertirme en alcalde. Incluso antes de que se creara Comunidades Seguras pude ver de cerca múltiples situaciones en las cuales un miembro de una familia era detenido y llevado a otros estados sin haber cometido ningún crimen. El drama que eso significa para la unidad familiar y el impacto que tiene para los jóvenes de esa familia en su habilidad para desempeñarse en la escuela o inclusive socializar me impactó muy fuertemente”, contó Curtatone a El Planeta.
“No estamos hablando de deportados o ilegales. Estamos hablando de personas. Amigos nuestros, vecinos, niños que juegan con nuestros hijos o van a la escuela juntos, gente que trabaja con nosotros”, insistió.
Además de la tragedia que significa la desintegración familiar por causa de la deportación de uno de sus miembros, hay otras consecuencias nefastas que ha traído el programa Comunidades Seguras. Por ejemplo, es muy común que inmigrantes indocumentados que son víctimas de crímenes decidan no denunciarlo ante las autoridades policiales por miedo a ser reportados a ICE y deportados. Esto tiene un obvio impacto en la seguridad de las ciudades, especialmente aquellas donde viven muchos inmigrantes. En esencia, lo que ha ocasionado Comunidades Seguras es la creación de una pared entre la policía y las comunidades.
“Mi trabajo como alcalde es promover la seguridad para todos, sin importar su país de origen o su estatus migratorio”.
Curtatone espera que su postura sirva de modelo para otros alcaldes y líderes regionales y nacionales. “Necesitamos la ayuda de todos para resolver la seguridad pública. La calidad de vida y la seguridad son mejores cuando trabajamos juntos y confiamos mutuamente el uno en el otro”.
Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una organización activista con oficinas en Somerville, opina que quienes se oponen a la decisión de Curtatone están desinformados. “No conocen las estadísticas sobre las personas deportadas. La mayoría de ellas no son criminales. Nosotros no estamos defendiendo a criminales, sino a trabajadores, madres, hijos, padres, estudiantes. Inmigrantes que han venido con muchos sueños”.
Sin embargo, los críticos a la decisión de Curtatone señalan que esta podría permitir a indocumentados que sí son criminales escabullirse de la ley. “El efecto de esta orden ejecutiva es que se va a proteger a inmigrantes criminales que habrían sido deportados de haberse comprobado su historial penal” declaró al Boston Globe Jessica Vaughan, quien es directora de estudios políticos en la organización nacional Center for Immigration Studies.
Sin embargo, Curtatone rebate: “detener a ciegas a personas solo basándose en su estatus migratorio no va a detener el crimen. Todos sabemos que el sistema de inmigración no funciona. Pero Comunidades Seguras tampoco”.
Bandera en el Prospect Hill Park de Somerville
En ese año nuevo de 1776, unos 4.000 oficiales del ejército continental acampados en la colina celebraron con toques de cañón, y los historiadores cuentan que la vista de la bandera les daba esperanzas para seguir cuando estaban desmoralizados. Y dos meses después, en marzo, los británicos ya se habían ido del todo.
Esperamos que la bandera de Curtatone sirva para dar ánimo a la comunidad inmigrante a seguir luchando. “Esto se trata de dignidad, de derechos humanos, equidad, igualdad y de libertad. Los mismos principios sobre los cuales se ha construido este país”, dijo Curtatone.
