WASHINGTON.— El presidente Joe Biden presentó este miércoles al Congreso un ambicioso plan de legalización de la población indocumentada, y firmó medidas ejecutivas para proteger a los “dreamers”, revertir restricciones impuestas por la Administración Trump y frenar la construcción del muro en la frontera sur.
Biden, de 78 años, tomó juramento de su cargo como el 46 presidente de la nación en el ala oeste del Capitolio, en un área completamente militarizada, dos semanas después del asedio al complejo del Congreso por parte de partidarios del ahora expresidente, Donald Trump, que querían revertir los resultados electorales.
También tomó juramento la exsenadora demócrata por California, Kamala Harris, quien hizo historia como la primera afroamericana y asiática-americana en lograr la vicepresidencia. Harris presidirá las sesiones en las que tenga que romper un empate en el pleno del Senado, y tendrá a su cargo impulsar la reforma migratoria, entre otras prioridades.
Durante su discurso de investidura, Biden hizo un llamado a la unidad nacional y a la reconstrucción del país, devastado por la mortífera pandemia del Covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 400,000 personas; una crisis económica que generó la pérdida de millones de empleos, y una sociedad completamente polarizada.
Tal como prometió durante la reñida contienda presidencial el año pasado, Biden de inmediato envió al Congreso un ambicioso proyecto de ley para la legalización y una vía hacia la ciudadanía para once millones de inmigrantes indocumentados.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, es el principal patrocinador de la iniciativa que, según confirmó su oficina a El Tiempo Latino, será presentada formalmente una vez que se resuelvan algunos asuntos de logística.
Una ambiciosa reforma migratoria
El “Acta de Ciudadanía de 2021”, al que tuvo acceso El Tiempo Latino, requerirá la aprobación del Congreso para convertirse en ley, pero de entrada promete “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses” al sistema migratorio del país.
El plan se apoya en tres pilares: una “hoja de ruta” para la legalización y eventual ciudadanía de los 11 millones de inmigrantes indocumentados; más recursos para fortalecer la seguridad fronteriza de forma “inteligente”, y medidas para atender las raíces de la inmigración ilegal.
Bajo el proyecto de ley, los inmigrantes indocumentados presentes en el país para el pasado 1 de enero, podrán solicitar protección temporal y luego la residencia permanente o “green card” en un plazo de cinco años si se someten a una revisión de antecedentes y están al día con el pago de impuestos.
Los “dreamers”, “tepesianos” y trabajadores agrícolas que reúnan una serie de requisitos, podrán solicitar la residencia permanente de inmediato.
Al cabo de tres años, todos los que ya hayan obtenido la “green card”, se sometan a una revisión de antecedentes adicionales y demuestren conocimiento del inglés y de la historia de EEUU, podrán solicitar la ciudadanía.
Según la legislación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría hacer una exención sobre el requisito de presencia física, por razones humanitarias o de reunificación familiar, para quienes fueron deportados a partir del 20 de enero de 2017 y que ya llevaban al menos tres años en el país.
Se desconoce cuántos podrían quedar excluidos del programa de legalización debido a antecedentes criminales, o si se incluirá a migrantes en los centros de detención por ofensas menores.
La medida fomenta la reunificación familiar al eliminar la veda de 3 y 10 años de reingreso al país para quienes llevaban más de 6 meses como inmigrantes indocumentados en el país, y aumenta las visas otorgadas bajo la “lotería de visas” de 55,000 a 80,000 al año.
En todo caso, la legislación con seguridad tendrá cambios cuando sea debatida en ambas cámaras del Congreso.
Apoyo a los “Dreamers” y otras medidas migratorias
Biden también firmó 17 órdenes ejecutivas, que no requieren la aprobación del Congreso, para revertir algunas de las medidas más controvertidas de la Administración Trump.
La lista de 17 órdenes ejecutivas está encabezada por un freno a la construcción del muro en la frontera sur, un megaproyecto multimillonario de al menos $20,000 millones que profundizó las riñas partidistas en el Congreso. Esa orden exige la “terminación inmediata” de la emergencia nacional que permitió a Trump desviar fondos del Pentágono para el muro.
Biden también autorizó la continuidad del programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA) de 2012, que ha dado cobijo a más de 650,000 jóvenes indocumentados en el país, y pidió al Congreso su inclusión en un programa de legalización permanente.
Además, modificó las prioridades de arresto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
También firmó una medida que pone fin a la llamada “veda musulmana”, con la que Trump impidió el ingreso a EEUU de extranjeros provenientes de ciertos países con mayoría musulmana, e instó al Departamento de Estado a reactivar el procesamiento de visas para las personas afectadas por esa política.
Otra medida de Biden prohíbe la exclusión de inmigrantes indocumentados del Censo de 2020, tal como lo pidió Trump en julio pasado.
Se prevé que Biden firme otras órdenes ejecutivas en los próximos diez días, según indicó la nueva portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
“En los próximos días y semanas, estaremos anunciando más acciones ejecutivas para afrontar estos retos y cumplir con las promesas que hizo como presidente electo al pueblo estadounidense”, agregó.
En esas próximas medidas estará, según Psaki, la revocación de la veda a personas transgénero en las Fuerzas Armadas y la anulación de una medida que ha frenado el desembolso de fondos públicos a entidades no gubernamentales que proveen o promueven servicios de aborto.
Líderes demócratas y grupos pro-inmigrantes cívicos, religiosos, sindicalistas, y empresariales, elogiaron el plan migratorio como una “oportunidad histórica”.
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, afirmó que, con Biden en la Casa Blanca, “por primera vez en cuatro años, la dignidad, oportunidad, y ciudadanía están al alcance” para los inmigrantes.
“Las políticas venideras deben defender los derechos de las comunidades inmigrantes, negras y puertorriqueñas… esperamos continuar colaborando con la Administración Biden-Harris para que todos reciban la justicia por la que tanto hemos luchado”, dijo Torres, quien destacó la labor de su grupo para tener en la Casa Blanca a un “socio de confianza para la paz y seguridad” de las minorías.
Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, un grupo de Los Angeles (California), dijo la llegada de Biden al poder “es nuestra mejor oportunidad para lograr una sociedad justa, plenamente inclusiva hacia los inmigrantes”, si bien reconoció que no será una tarea fácil.
María Teresa Kumar, presidenta y principal ejecutiva de Voto Latino, consideró que la nueva Administración Biden cuenta con “un nivel de liderazgo y experiencia” que, a su juicio, ayudará a “sanar las heridas y tensiones creadas durante los últimos cuatro años”.
Su grupo apoyó a Biden e inscribió a 601,300 votantes, como parte de un esfuerzo de $34,2 millones.
Según un análisis de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), 16,6 millones de latinos participaron en los comicios del pasado 3 de noviembre, y se decantaron principalmente por Biden. Las encuestas a boca de urna mostraron que Biden obtuvo el 66% del voto latino, contra el 32% para Trump.
Ahora, además de recuperar la Casa Blanca, el Partido Demócrata controlará ambas cámaras del Congreso – aunque con reducidas mayorías-, por lo que tendrá que buscar un acercamiento con la oposición republicana para avanzar la agenda progresista de Biden.
En declaraciones a El Tiempo Latino, el estratega demócrata, José Aristimuño, destacó la extensa trayectoria de Biden en el Senado, su experiencia como vicepresidente, y su capacidad para forjar alianzas.
“El presidente Biden tiene la experiencia y el conocimiento para trabajar con los demócratas y republicanos. Como vicepresidente y senador, ha demostrado sus capacidades y tengo toda la confianza de que él trabajará con ambos partidos para conseguir los votos necesarios y aprobar una reforma migratoria amplia”, aseguró Aristimuño, presidente de la consultora, NOW Strategies.
Adiós a la “era Trump”
Biden inició el primer día de su mandato con medidas para borrar el legado de Trump, cuyas medidas causaron la repulsa de la comunidad internacional, del movimiento ecologista, y de grupos defensores de la comunidad inmigrante en todo el país.
Al final, Trump logró la construcción de 450 millas de muro, en su mayoría barreras de reemplazo -un muro que México no financió, como él había prometido- y, debido a una prolongada batalla en las cortes contra su gobierno, tampoco pudo eliminar programas de alivio migratorio como DACA o el programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS, por su sigla en inglés).
Si la era de Trump se definió por una retórica incendiaria contra la población inmigrante y medidas para restringir el asilo y reducir la inmigración legal, la Administración Biden busca un lenguaje de inclusión, unidad nacional y reintegración al concierto de naciones, según observadores.
El legislador republicano por Florida, Mario Díaz Balart, dijo que, aunque no ha visto los detalles de la reforma migratoria de Biden, él apoya una “solución de sentido común que ofrezca una solución permanente y humana para quienes viven en las sombras”. “La solución debe reforzar la economía, modernizar nuestro sistema de visas y proteger nuestras fronteras… estoy totalmente comprometido a trabajar con la Administración Biden y mis colegas de ambos partidos políticos para arreglar nuestro obsoleto sistema de inmigración de una vez por todas”, puntualizó.
En 2013, el Senado aprobó una reforma migratoria integral con abrumadora mayoría, pero la iniciativa quedó sepultada en la Cámara de Representantes, donde el entonces líder de la mayoría republicana, John Boehner, se negó a someterla siquiera a debate.
