A medida que la economía del estado va reabriendo, muchos inquilinos se enfrentan a un nuevo problema latente que podría ser de grandes dimensiones: los desalojos de viviendas.
Hasta ahora, los estímulos económicos federales, el seguro de desempleo ampliado y las moratorias estatales y federales que impiden los desalojos han ayudado a muchas familias necesitadas a navegar la tormenta, pero los expertos dicen que estos recursos no son suficientes, y además están por expirar este verano.
Aproximadamente 120,000 hogares están en riesgo de no poder pagar renta o hipoteca, según un estudio del Consejo de Planificación del Área Metropolitana (MAPC).
De estos hogares, los más vulnerables son las comunidades de color, de acuerdo con nuevo reporte de City Life e investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El estudio sugiere que este «tsunami de desalojos», como se proyecta, afectará más a las comunidades afroamericanas y latinas, justamente las más afectadas por el COVID-19.
Según este informe, casi 70 por ciento de las solicitudes de desalojo a precios del mercado se encuentran en vecindarios donde la mayoría de los residentes son personas de color.
Casi un tercio de los residentes de Massachusetts no han pagado al menos un mes de alquiler o hipoteca desde que comenzó la crisis del coronavirus, según una encuesta de 1.500 personas que fue lanzada el miércoles por MassINC Polling Group, que encontró que el 29 por ciento de los inquilinos no pudo pagar todo o parte de la deuda de una vivienda en abril, mayo o junio. Si la crisis económica provocada por el brote se prolonga otros seis meses, según el informe, solo el 40 por ciento de las personas espera poder mantenerse al día con sus pagos de vivienda.
El estado de Massachusetts, y algunas ciudades como Boston y Chelsea, han tratado de ayudar de otras maneras, reservando fondos independientes de ayuda para inquilinos. Boston lanzó un fondo de $8 millones para ayudar a los residentes a mantenerse al día con su renta, y la administración de Baker impulsó su programa principal de alivio de renta, conocido como RAFT (Asistencia de alquiler para familias en transición), en $5 millones en marzo.
En Massachusetts, el Representante de Cambridge Mike Connolly y el Representante Kevin Honan, el demócrata de Brighton que copreside el Comité de Vivienda de la Legislatura, están preparando una legislación que extendería la moratoria de desalojo por 12 meses más, mientras que proporciona aplazamiento de hipoteca y financiamiento para pequeños propietarios que pierden ingresos por alquiler.
A nivel nacional, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) está introduciendo una legislación que implementaría una moratoria de desalojo a nivel nacional. La Ley de protección de inquilinos contra desalojos y tarifas extendería las protecciones de desalojo por falta de pago del alquiler por un año, a partir del 27 de marzo de 2020. También ampliaría sustancialmente la moratoria federal de desalojo actual, para incluir a la mayoría de los inquilinos.
No obstante, algunos activistas opinan que las moratorias de desalojo son solo una pieza de protección a corto plazo para inquilinos vulnerables.
Steve Meacham, coordinador de la organización de activistas de vivienda City Life/Vida Urbana, opina que la solución pasa por una «combinación que por un lado prohíbe el desalojo y por otro lado, desembolso de dinero a nivel estatal o federal». City Life/Vida Urbana planea introducir una legislación este martes que propone extender la moratoria de desalojos por un año más, y exige la congelación de la renta, y la cancelación de la deuda atrasada para las familias necesitadas.
Pero no sólo los inquilinos necesitan ayuda. Los pequeños propietarios también, quienes tienen la obligación de pagar las hipotecas y los impuestos a la propiedad – y ofrecen la muy necesitada renta de más bajo costo en el estado. Si no tienen oxígeno, podrían verse obligados a vender sus propiedades o perderlas en ejecución hipotecaria.
