La política migratoria es una de las banderas del presidente Donald Trump. Entre críticas y aplausos, el mandatario estadounidense ha intentado imponer medidas fuertes que disminuyan el alto flujo migratorio hacia territorio norteamericano; sin embargo, uno de sus principales obstáculos ha sido la justicia local.

Este 14 de enero, se conoció que un juez de San Diego, en California, llamado Dana Sabraw, determinó en primera instancia que todos los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos y que temen por su vida si son enviados a México, tendrán la representación de un abogado para revelar sus temores.

El magistrado se basó en la decisión que favoreció en el mes de noviembre del año pasado a una familia guatemalteca que fue víctima de robo y amenazas mientras transitaba por México en su deseo de llegar a Norteamérica.

Esa serie de temores fundados y demostrables podrán tener defensa.

La decisión de Sabraw llegó por intermedio de una demanda colectiva a través de la Unión Americana de Libertades Civiles, la cual respaldaba el reclamo de seis miembros de la mencionada familia del país centroamericano.

Según el juez, “en una entrevista de no devolución (en la que se pide que no se devuelva a los migrantes a donde pueden enfrentar tortura o muerte) está en juego la naturaleza en hechos que se presenten en la entrevista, y es innegable que es importante el acceso a un abogado”.

La misma entró en vigencia a partir de este miércoles 15 de enero.

Monika Langarica, abogada especializada en derechos de migrantes, aseguró a la agencia de noticias EFE que desde la mencionada fecha era ilegal negar a los migrantes el derecho a contar con un abogado en sus audiencias.

“La decisión que requiere que el Gobierno permita a las personas bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) consultar con su abogado es una victoria para el derecho a la representación legal (...) y para las personas que buscan asilo en Estados Unidos, pero que se ven obligados a permanecer en México a pesar del miedo a estar allí”, señaló.

A su juicio, “en ninguna parte de la Constitución dice que el Gobierno debe negar a una persona el derecho a tener representación de abogados”.