El pasado martes 14 de enero, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia, detuvo en la capital de ese país, a quién se desempeñara como ministro de Gobierno durante el mandato de Evo Morales, Carlos Romero, quien además, se encuentra siendo investigado por presunta corrupción durante el ejercicio de su cargo.
Romero fue trasladado a la sede de la Fiscalía boliviana, para declarar por las acusaciones que tiene en su contra por el presunto uso indebido de influencias y el incumplimiento de deberes.
Carlos Romero ha negado las acusaciones que pesan en su contra y ha declarado ser un perseguido político del gobierno interino de Bolivia presidido por Jeanine Añez.
Hace unos días, el ex ministro del Gobierno de Morales, habría sido trasladado de su Vivienda en La Paz hacia un hospital de la ciudad para ser tratado por una presunta descompensación.
Al momento de culminar su tratado y salir del centro de salud, los efectivos de seguridad lo trasladaron directamente a la Fiscalía.
Al salir de su casa, Romero afirmaba que lo habían tenido secuestrado en su propia casa, se catalogó a si mismo como un perseguido político, insistía en que actualmente representa un símbolo de la persecución política y afirma no tener ningún tipo de garantías.
Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente Morales, quien está acusado de supuestos delitos de sedición y terrorismo y que se encuentra actualmente asilado en Argentina.
Es importante resaltar que el partido político histórico de Argentina, UCR, pedirá la expulsión de Morales de ese país, tras este haber declarado en días anteriores que si regresaba a Bolivia, era necesario organizar algún tipo de «milicias armadas», parecidas a las que ejercen funciones en Venezuela y que han sido denunciadas ante la CIDH y la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet por su violación sistemática a los Derechos Humanos de los ciudadanos venezolanos.
