Esta semana el juez Federal del Distrito de Massachusetts, William Young, ordenó por razones humanitarias la libertad de 33 inmigrantes que se encontraban bajo custodia en el Centro de Detención de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el condado de Bristol.
La organización Abogados por los Derechos Civiles (LRC, por sus siglas en inglés), que introdujo la demanda colectiva contra ICE y la Oficina del Aguacil del condado de Bristol, dice que este es el grupo más grande de individuos liberados de un centro de detención de ICE.
El 27 de marzo, LCR interpuso una demanda colectiva (class action) solicitando la liberación inmediata por razones humanitarias de 147 inmigrantes detenidos en el condado de Bristol, en medio de la pandemia del novel coronavirus (COVID-19). Según los alegatos presentados, los abogados buscan crear consciencia sobre “las condiciones potencialmente mortales” del centro de detención de ICE en Bristol y argumentar por qué la liberación por razones humanitarias de todos los inmigrantes afectados es crítica para evitar la infección, enfermedad y muerte inminentes a causa del COVID-19.
Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de LCR, dijo que la acción legal incluye a los 147 inmigrantes detenidos en la prisión de Bristol. Al menos 111 de los inmigrantes nunca han sido condenados por un delito de violencia, y al menos 56 nunca han sido condenados por delito alguno. De las 31 personas con órdenes finales de expulsión, solo 3 tienen fechas programadas de expulsión.
Luego de tres audiencias, el juez Young ordenó la liberación de un primer grupo de 10 inmigrantes. “Los primeros 10 que salieron libres, son personas que no han tenido antecedentes penales, no tienen cargos presentados contra ellos. Son personas que migración detuvo sin delito criminal o antecedente penal. La corte emitió la orden porque no tenía ninguna preocupación”, explicó Espinoza-Madrigal. A esto, siguieron dos grupos de ocho y 15 inmigrantes, respectivamente.
Según el abogado, en el grupo de individuos liberados existen personas con condiciones médicas que los harían más vulnerables si contraen el COVID-19. La organización de derechos civiles, sin embargo, enfatiza que no todas las personas liberadas pertenecen a las categorías de alto riesgo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. “Este es uno de los primeros casos en el país donde un tribunal, que responde a la crisis COVID-19, ordena la liberación inmigrantes por razones humanitarias (y) que no se basa en factores de riesgo médicos individualizados”.
Riesgo en las prisiones
Espinoza-Madrigal dijo que “la demanda se centra en exigir la liberación porque las condiciones del centro de detención (de ICE) son muy peligrosas”. Los abogados confirmaron que decenas de inmigrantes tienen problemas médicos graves, como afecciones cardíacas, diabetes, complicaciones renales y respiratorias. Sin embargo, alegan, el centro de detención carece de productos de limpieza para mantener la higiene en medio de la pandemia.
“La verdad es que no hemos visto ninguna medida apropiada para responder a la amenaza. No hay manera de cambiar las condiciones. Las camas están muy cerca. Hay menos de tres pies entre cama y cama, en lugar de los seis pies que recomienda el CDC”, recalcó Espinoza-Madrigal.
Esta semana, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, presentó el informe “‘Estamos a la deriva, a punto de naufragar’: El inminente desastre del COVID-19 en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos”, en el que acusa al gobierno del presidente Donald Trump de no proteger adecuadamente a las personas que están detenidas por motivos de inmigración durante la emergencia de salud pública del COVID-19.
“El hecho de que el ICE mantenga detenidas innecesariamente a decenas de miles de personas supone una enorme amenaza para la salud pública. Mantener detenida a una persona durante una pandemia mundial únicamente por motivos relacionados con la inmigración es un acto cruel, irresponsable y letal”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas. También destacaron la carencia de productos de limpieza en los centros de detención de ICE.
También esta semana, la Oficina del Aguacil del Condado de Bristol confirmó tres casos de COVID-19 en sus instalaciones. El primer caso fue el una enferma de psiquiatría de la prisión, que ya se recuperó y tiene previsto regresar al trabajo esta semana. Los otros dos miembros del personal infectados son un oficial de la prisión y otro de la brigada canina. En ambos casos, aseguró la oficina del Alguacil, hubo poco o nulo contacto con prisioneros u otros empleados.
El Alguacil del condado de Bristol, Thomas Hodgson, dijo a NBC 10 News que el centro de reclusión había puesto en práctica protocolos de seguridad para detenidos, presos y empleados, incluyendo el uso obligatorio de máscaras, limpieza diaria de las instalaciones, chequeo de empleados y detenidos previo a su entrada al edificio, y suspensión de las visitas.
ICE no respondió a una solicitud de información de El Planeta enviada por correo electrónico.
¿El primero de muchos?
Espinoza-Madrigal dijo que la organización seguiría trabajando para liberar a los 147 inmigrantes detenidos. Afirmó que los resultados obtenidos hasta ahora demuestran porqué la demanda colectiva es apropiada para conservar los recursos judiciales, garantizar la coherencia y evitar una avalancha de peticiones de hábeas individuales durante esta crisis de salud pública.
Tras la liberación de los primeros 10 detenidos, la corte dijo que consideraría una lista de otros 50 inmigrantes, de acuerdo a sus condiciones médicas y antecedentes penales. Esto requiere que los abogados se preparen casi a diario para representar a 10 personas.
Se espera que la próxima semana, el juez Young libere a otro grupo de inmigrantes.
Y aunque la demanda demuestra que existen métodos colectivos para la liberación de inmigrantes detenidos, “requiere muchos recursos”, indicó Espinoza-Madrigal. Por ello, es poco optimista que demandas similares se repliquen masivamente en otros estados del país. “Tenemos un equipo de más de 12 abogados. No es realista que habrá muchas más organizaciones que puedan hacer esto”, dijo el abogado.
La demanda colectiva fue presentada por LCR en conjunto con la clínica de defensa de los derechos de los inmigrantes y trabajadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. “Hemos compartido lo que hemos hecho. Está en la web”, agregó Espinoza.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, el COVID-19 ha dejado un saldo de 503 personas fallecidas─23 en Bristol─y más de 18.000 infectadas en Massachusetts, según el Centro de Sistemas de Ciencias e Ingeniería (CSSE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Johns Hopkins.
