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¿Por qué se están repitiendo los errores de Katrina en Puerto Rico?


En vez de invertir recursos públicos para reparar los servicios esenciales, estamos permitiendo que los intereses ricos y ajenos controlen el destino de la isla

Jessica Tang, presidenta de Boston Teachers Union y Joel Richards, miembro de BTU | 7/6/2018, 3:46 p.m.
¿Por qué se están repitiendo los errores de Katrina en Puerto Rico?
HURACANES. Fotografía del 24 de mayo de 2018 de los escombros en Punta Santiago en Humaco (Puerto Rico) | Crédito: EFE

Han pasado ocho meses desde que un huracán devastador arrasó a Puerto Rico. Se ha escrito mucho sobre las dificultades de la gente allí para recuperar una infraestructura comunitaria básica: electricidad, atención médica, escuelas. También se ha escrito mucho sobre el influjo de comercios privados procurando aprovechar la devastación de Puerto Rico. En vez de invertir recursos públicos para reparar los servicios esenciales, estamos permitiendo que los intereses ricos y ajenos controlen el destino de estadounidenses que da la casualidad que hablan español y viven lo suficientemente lejos como para poder ignorarlos.

Es una historia común. Los comercios privados dicen que pueden ayudar a las comunidades de color y prometen la luna. Al final, muestran sus intenciones verdaderas, enriqueciéndose a sí mismos y no a las comunidades a las que deberían estar sirviendo. Tras los desastres recientes como los de Nueva Orleans y Puerto Rico, un sector de comercio se ha decidido a darle una forma nueva a los servicios públicos: la industria de escuelas particulares subvencionadas (charter schools en inglés).

Luego del huracán Katrina en 2005, muchos barrios fueron destruidos y abandonados. En 2010, un grupo de maestros visitó Nueva Orleans y pudimos visitar varias escuelas particulares subvencionadas que habían remplazado al sistema de escuelas públicas. Los estudiantes estaban yendo a clases en caravanas destartaladas e iglesias viejas. Varios grados tomaban clase adentro de una caravana única. Todas las escuelas que visité tenían estas tres cosas en común: maestros con poca experiencia, un enfoque desproporcionado en exámenes y un tipo severo de disciplina.

El viaje fue inquietante. Las escuelas particulares subvencionadas no parecían ser un esfuerzo por ayudar o potenciar, sino por invadir, obtener ganancias y forzar la asimilación. En vez de reconstruir las escuelas como centros comunitarios que proveen servicios para el vecindario, estas escuelas, administradas por compañías privadas ricas, parecían martillar la memorización y no consideraban al niño entero. No vi un enfoque en la salud mental, el síndrome pos-traumático, la prevención de la violencia; sólo los resultados de exámenes.

En Puerto Rico, parece que se está usando la misma estrategia de siempre. El supuesto movimiento de opciones escolares ha descendido sobre la isla. Las opciones escolares no son una solución adecuada para Puerto Rico. Compañías ajenas a Puerto Rico, sin conocimientos sobre ella, concentradas en datos y resultados de exámenes, no ayudarán a reconstruir las comunidades. El gobierno debería estar potenciando a los maestros que permanecieron en Puerto Rico y están defendiendo a sus estudiantes.

El movimiento de “opciones escolares” llega a comunidades que no tienen opciones, y ésta es su última. El influjo de comercios con fines de lucro le sigue a la negligencia e indiferencia del gobierno hacia las comunidades de bajos ingresos y de color. La privatización de escuelas es la franquicia de la educación de los niños. Nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de reconstruir la infraestructura pública de Puerto Rico, y eso significa, especialmente, su sistema de escuelas públicas.

Como maestros de escuelas públicas de Boston, estamos pidiéndoles a aquellos que toman estas decisiones que hagan una prioridad de la educación pública como un componente principal de la reconstrucción de Puerto Rico. También animamos a los maestros de escuelas particulares subvencionadas que se unan, se organicen y formen sindicatos, como lo han hecho aquí en Massachusetts, para poder exigir mejores condiciones laborales y de aprendizaje.

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