La Fiscal General de Massachusetts Maura Healey presentó una demanda contra la decisión de la Administración de Trump de incluir una polémica pregunta adicional en el censo de 2020.
Esta pregunta tiene que ver con el estatus de la ciudadanía y ha sido ampliamente criticada por funcionarios demócratas y por activistas pro inmigrantes, argumentando que desalentaría a muchos inmigrantes a contestar, poniendo en peligro la precisión del censo, una preocupación que es aún más aguda en el clima político actual. De esto se desprendería el subcalcular la cantidad de residentes de Massachusetts y la reducción de recursos para el estado, según la fiscal Healey.
Healey se unió a una coalición de 18 fiscales generales que argumentan que un recuento insuficiente viola el propósito constitucional del Censo, que es realizar un conteo exacto de todas las personas en la nación, lo que amenaza la representación justa de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y les privará de una parte justa de miles de millones de dólares en fondos federales.
«Añadir una pregunta de ciudadanía en este punto sabotearía la precisión del Censo 2020 y amenazaría el financiamiento federal para programas críticos en Massachusetts», dijo Healey. «Estamos demandando para garantizar un Censo justo y preciso que cuente a todos».
El secretario del Commonwealth, William Galvin, quien es el enlace oficial del censo federal con Massachusetts, comparte las preocupaciones de la fiscal. «Esta demanda es esencial para proteger nuestra representación política y la ayuda financiera que recibimos del gobierno federal», opinó Galvin.
“Un recuento insuficiente de la población privaría a los estados de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales que se asignan en parte en función de los datos del censo, incluidos los fondos para educación, vivienda e infraestructura en todo el país”, señala un comunicado de prensa de la oficina de la fiscal Healey. Los fondos federales también respaldan programas públicos esenciales, incluidos los beneficios de Medicaid y SNAP. “Esta propuesta limitaría los fondos destinados a apoyar a algunas de las poblaciones más vulnerables de cada estado, incluidas las comunidades de bajos ingresos, los ancianos y los niños, independientemente de su ciudadanía”.
Los abogados generales también argumentan que la Administración Trump no participó en los procesos requeridos para agregar preguntas al Censo, lo que generalmente lleva años completar. La coalición señala que la ciudadanía no se incluyó en la lista de temas del Censo 2020 presentado al Congreso el 28 de marzo de 2017 y que la pregunta no se ha sometido a ninguna prueba de campo, sino que la Oficina del Censo anunció su decisión de agregar la consulta de ciudadanía después de menos de cuatro meses de consideración.
Cuatro ex directores de censo, nombrados por presidentes de ambos partidos políticos, estuvieron de acuerdo en que agregar una pregunta de ciudadanía deprimirá las tasas de respuesta y, por lo tanto, es poco probable que arroje los datos exactos de la población en edad de votar que busca el Departamento de Justicia.
La demanda, dirigida por el Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman y a la cual se unió Massachusetts, también estuvo acompañada por los abogados generales de Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Washington DC, así como las ciudades de Chicago, Nueva York, Filadelfia, Providence y Seattle, la ciudad y el condado de San Francisco, y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.
