La Fiscal General Maura Healey emitió un comunicado el jueves pasado, recordando a los distritos escolares de todo el estado de Massachusetts que los niños tienen derecho a la educación primaria y secundaria independientemente del estatus migratorio.
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts planea distribuir un aviso de tres páginas esta semana a los más de 500 distritos escolares, escuelas charter y otras instituciones educativas en el estado, anunció el despacho de la Fiscal General.
Las instrucciones fueron emitidas por la abogada Healey luego de que varios departamentos escolares, alarmados por las posturas hostiles del presidente Trump, han tratado de tranquilizar a sus comunidades notificándoles las protecciones para los estudiantes inmigrantes y transgéneros en Massachusetts siguen en pie. Funcionarios de al menos ocho ciudades, así como el Departamento de Educación del estado, enviaron cartas a los padres e hicieron declaraciones públicas después de que Trump procediera a restringir la inmigración y a limitar las protecciones para los estudiantes transgéneros.
«En vista del escenario actual en torno a la inmigración, los padres no deben tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela», manifestó Healey, una Demócrata que se pronunció firmemente en contra las políticas y órdenes de la incipiente administración de Trump. «En Massachusetts, así como en el resto del país, abriremos nuestras escuelas a todos los niños, es de esta manera como se construye una sociedad productiva, educada y segura».
El anuncio de la Fiscal General manifestaba que las leyes estatales y federales garantizan a todos los niños «el acceso igualitario a la educación pública, independientemente de su raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o estatus migratorio». Señalaba también que los niños están amparados bajo el Acta Federal de Derechos Civiles de 1964 y por la ley estatal que prohíbe el acoso y la discriminación. Añadido a esto, una sentencia dictada por la Corte Suprema en 1982, la cual dicta que los estados no pueden negar constitucionalmente una educación pública gratuita a los estudiantes por su estatus migratorio.
Este caso «dejó claro que la inmigración o la ciudadanía de un niño (o la de su padre o tutor) no es relevante para el derecho del niño a una educación pública», manifestó el asesor. «Las prácticas de inscripción que seleccionan a los estudiantes basándose en su ciudadanía real o percibida, o en su estatus migratorio, violan la ley estatal y federal».
Esta no es la primera vez que funcionarios de educación estatal han trabajado en contra de las políticas de la Casa Blanca.
La semana pasada, la administración de Trump ordenó a las escuelas de todo el país que ignoraran las directrices de la administración anterior respecto a los derechos de los estudiantes transgéneros. Al día siguiente, Mitchell Chester, comisionado de educación primaria y secundaria de Massachusetts, escribió una carta a los funcionarios de la escuela estatal.
En este comunicado, Chester manifestó que “afirma que Massachusetts sigue dedicado a proteger los derechos de los estudiantes transgéneros incluso a la luz de las recientes acciones federales». El jueves pasado, el comisionado reiteró el compromiso del estado con todos los estudiantes, diciendo en un comunicado: «Educar y apoyar a todos los estudiantes fortalece a nuestras comunidades y a nuestra mancomunidad en su conjunto».
El anuncio señalaba tres puntos que los líderes escolares de todo el estado deben ejercer:
1) Permitir que todos los estudiantes asistan;
2) Evitar pedir información que pueda desalentar o denegar el acceso por motivos de raza, nacionalidad o estado de inmigración o ciudadanía; y
3) Proteger a todos los estudiantes contra el acoso y el acoso.
