La congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar presentaron este martes un proyecto de ley de reforma migratoria que incluye vías para regularizar a los más de 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU. Credit: El Tiempo Latino
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Dos latinas presentan reforma migratoria que incluye pagos al gobierno y fondos para la frontera. La representante republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, presentó el martes una ley bipartidista que, según dijo, es un esfuerzo para reformar la inmigración en Estados Unidos. 

La representante del sur de Florida, dijo que la medida ofrecerá a los inmigrantes que ya están en Estados Unidos la posibilidad de convertirse en ciudadanos, al tiempo que aumentará el gasto federal en seguridad fronteriza.

Llamada Ley de la Dignidad, Salazar explicó que la legislación está copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar y que es un esfuerzo por revisar la forma en que se trata a los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos.

Según la legisladora federal, la propuesta contempla dos vertientes conocidas como un programa de “dignidad” de siete años y un programa opcional de “redención” de cinco años. 

Con la propuesta, se abre un período de cinco años para que las personas que hayan vivido por cinco años de manera irregular en Estados Unidos y que no tengan antecedentes penales podrán entrar a un programa que les ofrece permisos de trabajo y de viaje por siete años. 

En ese período los migrantes deberán pagar una suma de $5 mil en restitución al gobierno. Esos fondos se usarán para asegurar la frontera y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados.

“Un demócrata (y) un republicano han decidido trabajar en el asunto que más divide a este país: La inmigración”, enfatizó. 

Durante el periodo del “estatus de dignidad”, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales, explicó Salazar. Después de completar los siete años, deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense.

El eje principal de la legislación propuesta también pide:

  • Detener la inmigración  irregular gastando $25 mil millones de dólares para asegurar la frontera. 
  • Agilizar la tramitación de los inmigrantes poniendo fin a las políticas de captura y liberación que se han venido aplicando.
  • Crear al menos cinco campus humanitarios para recibir a las personas y familias que lleguen a la frontera sur para su tramitación inmediata. 

El proyecto también contempla ofrecer un camino a la ciudadanía a los registrados en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (dreamers) y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).

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