Foto: Archivo Pexels
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La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) publicó el 1 de agosto un documento que revela los resultados de la investigación sobre el programa 287 (g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se extendió bajo la administración de Donald Trump (2017-2021) y que da autoridad federal de control de inmigración a las agencias locales y estatales del orden público.

El informe de la organización sin fines de lucro expuso en su informe «Licencia para abusar» una revisión exhaustiva del carácter y la conducta de los socios locales del 287 (g), especialmente de los alguaciles de los condados, tanto en la administración de Joe Biden como en los gobiernos que lo precedieron.

Agencias que violan los derechos de las personas. 142 agencias estatales y locales de aplicación de la ley, incluidas las oficinas del alguacil y los departamentos correccionales aliadas al 287 (g) fueron examinadas por los investigadores. 54 de ellas «se encuentran entre las más horribles en violaciones de los derechos y libertades civiles de las personas».

  • La oficina del alguacil en el condado de Frederick, Charles («Chuck») Jenkins, está entre ellas y esto se debe a un historial de discriminación racial y violaciones de derechos civiles, la retórica antimigrante, la defensa de políticas fronteriza de migración y los antecedentes de no rendir cuentas públicas.
  • En Maryland se hallaron tres oficinas de alguacil en las que se implementa el programa 287 (g), se encuentran en los condados de Freederick, Harford y Cecil.

Hallazgos importantes. El 59% de los alguaciles participantes han emitido retórica antimigrante y xenófoba, lo que fomenta un temor continuo en los migrantes y su familia, afectando negativamente los compromisos de equidad racial.

  • 55% de los alguaciles relacionados con el programa han declarado en apoyo a las «políticas inhumanas de inmigración y control fronterizo y promoviendo la información errónea y las afirmaciones falsas en las que se basan».
  • 65% de las agencias que participan en el 287 (g) reinciden en un patrón de discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles, como el uso desproporcionado de la fuerza.
  • 77% de los alguaciles, las autoridades de las cárceles locales y los comisionados del departamento correccional del Estado, dirigen centros de detención «con documentación seria y extensa de condiciones inhumanas«, esto incluye el 287 (g) debido a que cuando el Gobierno federal se asocia con estas cárceles, da luz verde a estas condiciones.

Una promesa incumplida. La asesora legislativa sénior de la ACLU, Naureen Shah, afirmó que «a pesar de la promesa de campaña del presidente Biden de eliminar los contratos 287(g) que comenzaron bajo la administración Trump, la administración Biden hasta ahora solo ha rescindido un acuerdo 287(g) de más de 140».

  • Sostiene que al mantener las alianzas con los alguaciles que tienen «un historial vergonzoso y persistente de violaciones de los derechos civiles, en particular contra las comunidades negras, el presidente Biden también está socavando sus propios esfuerzos para reparar el daño infligido por la agencia antimigrante de la administración de Trump, así como su promesa de responsabilizar a las fuerzas del orden público por violar la ley».
  • Ante esto, Shah considera que el Gobierno de Biden no debería seguir trabajando con estas agencias.
  • La ACLU pidió a la administración de Biden que termine con el programa 287 (g) así como culminar los acuerdos con 54 agencias estatales y locales que fueron identificadas en el informe por tener un historial de discriminación racial y otras violaciones de derechos civiles.

Fuente principal: Informe de ACLU.

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