La falta de atención médica y protocolos discriminatorios profundizan la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México, indica un informe de Lawyers for Civil Rights (LCR), publicado el lunes 22 de noviembre.

En el reporte de la organización que trabaja en defensa de las comunidades de color e inmigrantes, se describen las barreras a las que se enfrentan cientos de miles de migrantes para solicitar asilo en EE.UU. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró más de 164.000 detenciones de migrantes en octubre.

Los migrantes de México, Honduras y Guatemala representaron el 65% de las detenciones fronterizas en octubre. Gran parte de los restantes procedían de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Cuba.

Durante el mes de octubre, las autoridades han aplicado acciones y enfoques que vulneran el derecho a la salud, al negarle a los solicitantes de asilo, un programa básico contra el COVID-19, según LCR. En el informe, se muestra que los migrantes bajo custodia de los EE.UU. no tienen acceso a vacunas, pruebas de coronavirus ni alguna otra medida para la prevención de contagios.

Además, denunciaron que a los migrantes se les niega asistencia médica. La delegación de LCR documentó el caso de un individuo con VIH, a quien le fue negada la medicación durante su detención. Asimismo, migrantes con enfermedades crónicas no pudieron acceder a medicinas y mujeres durante el embarazo, no recibieron atención.

También se reportaron familias separadas, tanto padres e hijos como cónyuges, por no contar con certificados de nacimiento o matrimonio, respectivamente. «Es inhumano negar a un individuo el derecho a permanecer con su familia porque perdieron o les robaron un papel, mientras se encuentran huyendo de la violencia».

Aseguran que muchos solicitantes de asilo enfrentan serias barreras lingüísticas y culturales a la hora de entrevistarse con un oficial de inmigración. La falta de información en distintos idiomas, el uso de terminología específica y confusiones con la traducción, hacen que muchos no puedan sostener con credibilidad su solicitud.

Según datos del CBP, aproximadamente el 57% de los migrantes encontrados por los agentes fronterizos de EE. UU. en octubre fueron expulsados ​​a México o a sus países de origen, bajo una política de emergencia conocida como Title 42.

Por razones de salud pública relacionadas con el COVID-19 se creó dicha ley, que fue invocada por la administración Trump en marzo de 2020 y permite a funcionarios fronterizos, expulsar a los migrantes sin darles acceso a los procedimientos de asilo. En octubre, el Title 42 fue aplicado más de 90 mil veces para expulsar a los migrantes.

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