Este miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó la petición de un grupo de propietarios que solicitaron la reanudación de los desalojos y mantuvo intacta la moratoria temporal de desalojos en el país.
El hecho, según The Hill, representa el más reciente movimiento de un desafío legal desde múltiples frentes relacionadas al congelamiento de la medida que fue promulgada por funcionarios federales de salud pública. El norte de la normativa es mantener a los inquilinos que enfrentan el desalojo frente a sus dificultades financieras desatadas por el impacto de la pandemia del COVID-19.
The Hill recordó que el fallo siguió a una decisión por parte del juez de distrito Dabney Friedrich, quien anuló el mes pasado la moratoria de desalojos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), en la que alegó que la agencia federal se excedió en su autoridad. Sin embargo, el magistrado acordó que la medida no entrará de inmediato en vigor.
Esto trajo como consecuencia la petición de grupos de propietarios, los cuales encontraron la negativa del Tribunal de Apelaciones.
El panel de tres magistrados señaló en su declaración que el Departamento de Salud y Servicios Humanos «ha demostrado que levantar la moratoria nacional exacerbará los importantes riesgos para la salud pública identificados por los CDC porque, incluso con un aumento de las vacunas, el COVID-19 continúa propagándose e infectando a las personas, y están surgiendo nuevas variantes”.
La medida de los CDC fue promulgada en septiembre de 2020.
Desalojos en DC
El pasado 21 de mayo, el Consejo de DC comenzó a imaginar cómo puede ser el fin de la larga lista de programas de ayuda de la era pandémica en una ciudad donde los desalojos han sido detenidos, los cierres de servicios públicos han sido bloqueados y las ejecuciones hipotecarias y otros procedimientos legales se han puesto en pausa durante más de un año.
En una reunión de horas, antes del consejo, en la que más de 100 personas se inscribieron para testificar, los legisladores sopesaron las necesidades de una amplia gama de residentes: propietarios y empleados de negocios, inquilinos y propietarios, padres y trabajadores, víctimas de violencia doméstica y fraude, propietarios y personas sin hogar, entre otros.
El comité, copresidido por los miembros del consejo Charles Allen y Vincent C. Gray, fue convocado con el mandato de construir una «rampa de salida» con un enfoque en la equidad. La cuestión de cómo priorizar y llegar mejor a algunos de los residentes más pobres y más afectados del Distrito se cierne sobre el evento, que a veces parecía presentar más preguntas que soluciones.
