Este lunes 29 de marzo, la administración de Joe Biden anunció la extensión de la política federal que prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler, en el contexto de la crisis económica y sanitaria por el COVID-19.
Las nuevas protecciones cubren a los estadounidenses hasta finales de junio, extendiendo una moratoria de desalojo que estaba programada para expirar esta semana.
Al mismo tiempo, la administración de Biden se apresura a distribuir casi $50 mil millones en ayuda para la vivienda a los inquilinos que están sin trabajo o que enfrentan dificultades económicas causadas por el coronavirus. La mayoría de los fondos federales, que el Congreso aprobó por primera vez en diciembre, aún no se han distribuido debido a demoras en la aplicación del paquete de estímulo.
El gobierno estadounidense autorizó por primera vez la prohibición de desalojos durante la administración Trump, argumentando que los residentes que se ven obligados a abandonar sus hogares y a posibles condiciones de hacinamiento podrían empeorar la propagación de la pandemia.
Desafíos
La prohibición de desalojos, sin embargo, se ha enfrentado a una avalancha de desafíos legales, particularmente de los propietarios que desafían su constitucionalidad y la autoridad de los CDC para aplicarla.
La moratoria federal de desalojos no es perfecta, reconocen los legisladores del Congreso; mientras que defensores de la vivienda temen que las demandas puedan obstaculizar su aplicación, y algunos funcionarios de la administración Biden incluso han cuestionado si el gobierno federal tiene la autoridad para extenderla.
Sin embargo, existe un amplio acuerdo en que la continuidad de la prohibición federal de desalojos es esencial para evitar que millones de personas se vean obligadas a salir a las calles mientras esperan asistencia financiera.
“Hemos descubierto que la vivienda asequible es la forma más eficaz de equipo de protección personal que se puede tener”, dijo la semana pasada el senador Jack Reed, quien ha patrocinado una legislación que protege a los inquilinos. “Si de repente arrojamos a las personas de sus hogares, a las calles y a los hogares de otras personas… se aceleraría el COVID-19”.
Con información de Tony Romm/The Washington Post.
